Eulises Díaz Cruz

Expediente 892/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
892/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Eulises Díaz Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1.- Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. 2.- Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.- El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4.- De conformidad a lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a), del invocado Acuerdo General; y con apoyo en el Capítulo 3.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, por lo que se concluye que es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente hábil en que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del juicio principal, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la caratula del cuaderno principal, así como en los cuadernos incidentales la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en revisión la sentencia definitiva dictada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en este juicio de garantías sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. De conformidad a lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a), del invocado Acuerdo General; y con apoyo en el Capítulo 3.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, por lo que se concluye que es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente hábil en que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del juicio principal, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la caratula del cuaderno principal, así como en los cuadernos incidentales la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.

  3. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA...Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, por las razones vertidas en el considerando tercero de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que para esta fecha está señalada la celebración de la audiencia constitucional y que se encuentra transcurriendo el término legal concedido a las partes en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, para que se impongan del informe justificado rendido por el Juez Primero Penal de Delitos Graves, Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Encuentra aplicación al caso concreto la jurisprudencia número 54, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 5, Tomo XI, abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.- Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Es menester precisar que la jurisprudencia citada, se atiende por considerar que no se opone a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Con la fijación de la nueva fecha, se da oportunidad para que el plazo de ocho días a que se refiere el invocado numeral transcurra en su integridad para las partes (entre esta fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo), permitiendo que las partes se impongan efectivamente de los informes, manifiesten lo que a su derecho corresponda y en su caso preparen las pruebas conducentes. Tiene aplicación a este punto la jurisprudencia 2a./J. 21/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Finalmente, agréguese a los autos únicamente como constancia el informe justificado rendido por el Juez Primero Penal de Delitos Graves Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en virtud de que en proveído de dieciséis de agosto del año actual, se tuvo por rendido el mismo.

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