Evelin Abad Perez
Expediente 1666/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1666/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Evelin Abad Perez
Actuaciones
- Principal
MESA II B Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de seis de noviembre pasado (fojas 12 a 14), se desechó la demanda de garantías promovida por EVELIN ABAD PÉREZ, el cual se le notificó el trece de noviembre del actual (fojas 16 a 18); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II-B "... Vista la demanda de amparo promovida por EVELIN ABAD PÉREZ, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y otras autoridades; presentada el cuatro de este mes de noviembre, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, y el día siguiente en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1666/2015. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables como acto destacado: "(.) Autorizar y establecer el aumento del pasaje del transporte público en el municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada de $6.00 (seis pesos moneda nacional) a $7.00 (siete pesos moneda nacional.)" Y en cuanto a las omisiones diversas que señala, se deduce que estas corresponden a violaciones en la emisión del acto positivo señalado, es decir, en la autorización para incrementar la tarifa del servicio del transporte público, y no a actos independientes, puesto que tales omisiones corresponden a los elementos y requisitos que por disposición del artículo 116 de la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca, deberán tomarse en consideración para determinar las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros . Por lo tanto, debe precisarse que la parte quejosa se duele de la autorización para incrementar la tarifa del servicio del transporte público, y que como violaciones en la emisión de dicho acto, señala las omisiones que hace valer. Ahora bien, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;(.)" El artículo revela que el juicio de amparo es improcedente: 1) Respecto de los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales, 2) proceda algún juicio por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, 3) siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Asimismo, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Puesto lo anterior, el artículo 96, fracción I, 8° y 185 de la Ley de Justicia Administrativa para el estado de Oaxaca, dispone: "ARTÍCULO 96.- Los juzgados de primera instancia de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley; (.)" "ARTICULO 8.- Para que el acto administrativo produzca efectos jurídicos, deberá reunir los elementos y requisitos del mismo, en caso contrario, dará lugar a su nulidad, la que deberá demandarse conforme a la ley que rija al acto o bien ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, con arreglo en lo establecido en la presente ley, cumpliendo con las siguientes reglas generales:(.) "ARTICULO 185.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento (.)". Los artículos transcritos revelan que: 1) Los juzgados de primera instancia de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de actos emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo; 2) Para que el acto administrativo produzca efectos jurídicos, deberá reunir los elementos y requisitos del mismo, en caso contrario, dará lugar a su nulidad, la que deberá demandarse conforme a la ley que rija al acto o bien ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca; y, 3) El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia. En relatadas consideraciones, se actualiza la causa de improcedencia aludida, porque contra el acto reclamado consistente en la autorización para incrementar la tarifa del servicio del transporte público, que la parte quejosa reclama a las diversas autoridades dependientes del Poder Ejecutivo del Estado, procede el juicio de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos transcritos en líneas precedentes. Por tanto, el quejoso, previamente a la promoción del juicio de garantías tenía la obligación procesal de interponer el juicio de nulidad contra el acto reclamado, de estimar que le causa agravios. Máxime que no se advierte que en el caso, se actualice alguna excepción al principio de definitividad, de ahí que, se reitera, el promovente del amparo debió interponer, previamente, el juicio establecido por la legislación correspondiente. Desechamiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, puesto que estos no se reclaman por vicios propios. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo además en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio, para recibir notificaciones y acuerdos, el que indica y por autorizadas, a las personas que cita. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EN SU DOMICILIO. CONSTE.)
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