Evelia Guillermina Pérez Audelo
Expediente 1436/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1436/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Evelia Guillermina Pérez Audelo
- Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Actuaciones
- Principal
MESA V-B "... Agréguese el oficio 1039/2023 y anexos, suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 12/2023, correspondiente a la sesión ordinaria pública virtual de trece de abril de dos mil veintitrés; asimismo, devuelve la copia certificada del juicio de amparo indirecto 1436/2022 de este índice. Dicho órgano jurisdiccional declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, ..... archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, el cual será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, .... Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo...."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 44/2023, firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; donde informa que ese órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio ********************/2022; el cual quedó registrado como recurso de queja ********************/2023. C Ú M P L A S E. Lo provee y firma electrónicamente, la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca Leticia Antonio Rosas, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con las facultades derivadas de la interpretación del diverso 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; autorizada mediante oficio CCJ/ST/5672/2022 de catorce de noviembre de dos mil veintidós, signado por la secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; con la secretaria Margarita Teófila Mijangos Santiago, quien autoriza y da fe.
- Principal
MESA V-B "... Agréguese el escrito de la quejosa *************; por el cual interpone recurso de queja contra el auto de trece de diciembre de dos mil veintidós. .... se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el citado proveído, donde se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase el informe correspondiente y como apoyo del mismo remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios y déjese a su disposición el expediente electrónico de este juicio de amparo. Se instruye a la Oficial Judicial A, Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que habilite el expediente electrónico..."
- Principal
MESA V-B "... Vista la demanda de amparo promovida por ********** contra actos del Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1436/2022. En principio con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el peticionario de amparo reclama al Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo siguiente: "El acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente identificado con el número ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual se le informa que, a partir de que surta efectos la notificación a las partes, del auto de tres de noviembre, quedará firme la sentencia de fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, y en consecuencia, el computo de cuatro meses de la autoridad para dar cumplimiento a la misma iniciará a partir de dicha notificación". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido". Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. ..." En relación con esta causa de improcedencia, existen la jurisprudencia y tesis, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". (I.8º.C.21K, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1262, X, Octubre de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.-De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". (Jurisprudencia 1ª./J.29/2003, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, XVII, Junio de 2003, página 11, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. (Jurisprudencia P./J.I08/2010, página 6, Enero 2011, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Los artículos, jurisprudencia y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Asimismo, los artículos y el criterio citados, establecen la improcedencia del juicio de amparo, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, las causas de improcedencia legal no es limitativa sino enunciativa, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Ahora bien, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Ahora bien, en el caso el promovente del juicio de amparo reclama la determinación de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente identificado con el número ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual se le informa a la quejos que, a partir de que surta efectos la notificación a las partes respecto del auto de tres de noviembre del año en curso, quedará firme la sentencia de fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, y en consecuencia, el computo de cuatro meses para dar cumplimiento a la misma, iniciará a partir de dicha notificación. Como se aprecia es un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución, en el expediente ******************** sin embargo no es la última determinación emitida dentro del procedimiento. Es inconcuso que la determinación reclamada, no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución en el expediente ********************; toda vez que en términos del artículo 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto sucede cuando se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente; lo que en la especie no acontece. Por tanto, como dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en dicho expediente, pues no se determinó el cumplimiento total de la sentencia, tampoco que hubiera imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la misma ni se ordenó el archivo definitivo del expediente, el amparo indirecto resulta improcedente. Orienta a lo anterior, el criterio jurisprudencial siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SÓLO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA AL RENOVARSE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE, SIEMPRE QUE SE SIGAN PREVIAMENTE TODAS SUS FASES. Si después de dictada la sentencia definitiva condenatoria en un juicio ejecutivo mercantil, el actor promueve incidente de ejecución, siguiendo todas las etapas, como el avalúo del bien inmueble a rematar para obtener el cobro de su crédito y publicaciones de los edictos, y aun habiéndose fincado el remate del bien a su favor o de algún postor, la autoridad responsable no lo aprueba por irregularidades procesales, resulta un derecho del ejecutante solicitar al Juez natural la fijación de nueva fecha para una segunda almoneda, con el fin de obtener la composición de su derecho, sancionado por sentencia firme; y si el Juez dicta auto en el mismo procedimiento de ejecución accediendo a la petición del actor y ordena nueva subasta conforme a las de su clase, es inconcuso que el demandado, de no estar de acuerdo, debe interponer contra dicho auto el recurso ordinario de apelación que le conceden los artículos 1336, 1340 y 1341 del Código de Comercio, tendiente a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, con independencia de que por tratarse del procedimiento de remate, sólo sea factible promover el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en términos del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; y, de no ser así, es correcto el desechamiento del amparo, con fundamento en los artículos 73, fracción XIII y 145 de la ley que lo regula, por tratarse de un acto intermedio dentro del procedimiento de remate. Además, la resolución que desaprueba el remate en primera almoneda, no es la última para legitimar la procedencia del amparo, toda vez que el actor que obtuvo sentencia favorable, está en su derecho de una segunda almoneda para cobrar el crédito sancionado por la autoridad judicial, y mientras no se cubran las prestaciones obtenidas como resultado del juicio seguido contra el deudor, dicho actor puede instar una segunda almoneda, con lo que se renueva el procedimiento de ejecución, el que sí podrá ser reclamado a través del referido amparo por el ejecutado, siguiendo previamente todas las fases del procedimiento de remate. (Registro digital: 176262, Instancia: Tribunales, Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: I.6o.C.368 C, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2396, Tipo: Aislada) En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, respecto al citado acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia del acto reclamado analizado. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica; asimismo, se tiene como autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** por tener registrada su cédula profesional en la página de internet dgp.cedulaprofesional@nube.sep.gob.mx, con el número 11850975, coincidente con el que aparece en la impresión de la cédula profesional electrónica que se anexa al escrito de demanda; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que nombran. Por otra parte, en términos de los artículos 3, 24 y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como, 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza al usuario ********************, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Es así, habida cuenta que conforme al numeral 357 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la solicitud para acceder al expediente electrónico puede formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esa facultad. Asimismo, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 558 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa, a través del usuario ********************. Medios electrónicos De igual manera, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos; se autoriza a la parte quejosa el uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. En el mismo orden de ideas, hágase saber a la parte quejosa que las reproducciones que se obtengan a través de los medios electrónicos mencionados no tendrán validez de documento público, de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..."
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