Evelia Sotelo Hernández

Expediente 653/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
653/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2018

Partes del expediente

  • Evelia Sotelo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...II

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa por el cual cumple con la prevención realizada en autos; en tal virtud, al efecto se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO En ese orden de ideas, se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO El acto reclamado estriba en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, que resolvió el recurso de revisión ****, promovido por la actora, aquí quejosa, *******, y confirmó el acuerdo de veinte de julio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de nulidad ********, que resolvió el incidente de falta de personalidad por el que se reconoció el carácter de tercero interesado a ********y se desecharon las pruebas de inspección y testimoniales ofrecidas por la actora, aquí quejosa. Previamente, a efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución conviene citar los hechos o abstenciones que refiere el quejoso en el capítulo correspondiente de su demanda de amparo: El tres de noviembre de dos mil dieciséis, Evelia Sotelo Hernández, presentó demanda de nulidad en contra del Director de Regularización Territorial del Municipio de Querétaro, impugnando la nulidad lisa y llana del oficio **********6 de once de octubre de dos mil dieciséis. Luego de suscitarse un conflicto competencia, por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, el entonces Juez Primero de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, admitió la demanda de nulidad interpuesta y ordenó emplazar como demandados, al Director de Regularización Territorial del Municipio de Querétaro y a *********. La actora **********, interpuso incidente de falta de personalidad de Rosalío Olguín Olvera, el cual se admitió mediante auto de seis de julio de dos mil diecisiete. El veinte de julio de dos mil diecisiete, se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, por el que se reconoció el carácter de tercero interesado a *********y se desecharon las pruebas de inspección y testimoniales ofrecidas por la actora, resolución en contra de la cual ésta interpuso recurso de revisión. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, resolvió el recurso de revisión 73/17-6, promovido por la actora, aquí quejosa, ******* y confirmó el acuerdo de veinte de julio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de nulidad ******. Siendo éste, el acto que se combate por la vía de amparo. Al respecto, conviene señalar que esta juzgadora obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente, que estipulan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." La interpretación vigente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado al término "ejecución de imposible reparación", es en el sentido de que lo constituyen los actos dictados dentro de juicio cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías constitucionales, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En este tópico, dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo, que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en términos de lo dispuesto por las fracciones V y VI del Artículo 107 Constitucional; además, dice que dicho juicio es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Así, el juicio de amparo indirecto, solo es procedente contra actos ejecutados dentro del procedimiento, cuya ejecución tenga efectos irreparables para el quejoso, pues así lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, que resolvió el recurso de revisión 73/17-6, promovido por la actora, aquí quejosa, ********y que confirmó el acuerdo de veinte de julio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de nulidad *******, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad por el que se reconoció el carácter de tercero a ***** y se desecharon las pruebas de inspección y testimoniales ofrecidas por la actora, aquí quejosa, se advierte que tal determinación, no es de imposible reparación para la promovente, en razón de que no afecta sus derechos sustantivos, pues no se dictó una resolución que le afecte directamente de modo irreparable, dado que existe la posibilidad de que pueda obtener sentencia favorable en su oportunidad. En efecto, dicha determinación no deja a la quejosa en estado de indefensión, pues únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el simple hecho de obtener una resolución favorable, y de resultarle adversa puede repararse mediante la vía de amparo directo tal como lo dispone el artículo 170 de la Ley de la Materia, en el que pueden alegar como violación el acto que aquí reclaman, por haber trascendido al resultado del fallo, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado precisado en ante líneas, no tiene una ejecución de imposible reparación, tal como lo dispone el artículo 174 de la citada ley especial. En efecto, la determinación del Juez responsable, mediante la cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad hecha valer por la hoy quejosa, así como el hecho de que también se desecharon las probanzas ofertadas por ella misma, no afecta los derechos sustantivos de la impetrante, sino sólo los procesales, en virtud de que lo cierto es que la afectación que, en su caso, pudiese sufrir en su esfera jurídica, sólo puede ser palpable hasta el dictado de la sentencia respectiva y no en este momento. Tal conclusión se determina, en atención a que conforme la anterior Ley de Amparo la expresión de actos de imposible reparación no sólo se refería a aquellos actos que afectaran directamente los derechos sustantivos del quejoso, sino además aquellos que aunque fuese procesales tuvieron una afectación en grado predominante o superior, situación esta última que desapareció con la emisión de la nueva Ley de Amparo bajo la cual se rige este expediente, la cual constriñe la procedencia del amparo a los actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que, concreto y exclusivamente, afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, lo cual dejó fuera de la tutela de la acción de amparo indirecto a los actos procesales como el que aquí se impugna. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2006589, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, visible en la página 39, que a la letra dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En abundancia de consideraciones, a juicio de la suscrita juzgadora, lo aquí resuelto no contraviene el artículo Sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Lo anterior, porque si bien el citado precepto establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor, tal regla se delimitó respecto de aquellos aspectos en los que no se oponga a la nueva ley, situación que no ocurre en la especie, pues como lo determinó recientemente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la actual ley de amparo establece una nueva definición de los actos de imposible reparación, dentro de la cual no encuadra la determinación que resuelve la cuestión de personalidad, por lo que resulta inaplicable al caso concreto la jurisprudencia 4/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/98, publicada en la página 11, tomo XIII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2001, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." De lo anterior, se advierte que dichos actos no son de imposible reparación para la parte quejosa; en razón de que no afectan sus derechos sustantivos, pues no se dictó una resolución que le afecte directamente de modo irreparable, dado que en el juicio de origen, aun cuando se confirmó el auto de veinte de julio de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de falta de personalidad por el que se reconoció el carácter de tercero interesado a ******** y se desecharon las pruebas de inspección y testimoniales ofrecidas por la actora, puede dictarse sentencia favorable a sus intereses. Tiene aplicación la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, Octava Época, con número de registro 230405, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, visible en la página 438, que a la letra dice: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, EN JUICIO LABORAL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. El desechamiento de una prueba a la parte demandada en un juicio laboral, no es un acto de imposible reparación, que haga procedente el amparo indirecto conforme a los artículos 107 de la Constitución Federal y 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que debe reclamarse en amparo directo conforme a la fracción III del artículo 159 de dicha ley, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido el quejoso, las que deben reclamarse en amparo directo que se promueve contra el laudo que ponga fin al juicio, ya que aquél, puede ser favorable al quejoso, en cuyo caso no le causaría perjuicio alguno." Igualmente, sirve de apoyo, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Séptima Época, con número de registro 252274, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 115-120, Sexta Parte, visible en la página 134, que a la letra dice: "PRUEBA TESTIMONIAL, DESECHAMIENTO DE LA, EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. VIOLACION A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. Si la autoridad responsable declaró desierta la prueba testimonial que se ofreció en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, tal violación, por su naturaleza y de acuerdo con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, es impugnable en amparo directo que se interponga contra el laudo que se llegara a dictar, toda vez que por tratarse de un asunto en materia laboral, el riesgo de que se considere improcedente el juicio de amparo por ser una reclamación extemporánea al no impugnar previamente la violación al procedimiento cometida por la Junta, es inexistente, por no ser aplicables, en la especie, las reglas contenidas en las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 161 de dicha ley." De igual forma por analogía la tesis XIV.2o 69P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, novena época, visible en la página 683, tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "PRUEBA TESTIMONIAL ADMITIDA Y NO DESAHOGADA EN EL PROCESO PENAL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE POR TRATARSE DE UN ACTO REPARABLE EN SENTENCIA DEFINITIVA. En términos del artículo 160, fracción VI, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, es improcedente el amparo indirecto que se promueva en contra de un auto mediante el cual el Juez de la causa se niega a fijar nueva fecha y hora para el desahogo de una prueba testimonial previamente admitida, en virtud de que si bien es verdad que no está permitido a las autoridades judiciales revocar sus propias determinaciones, no menos cierto es que tal violación no es de aquellas consideradas como de difícil reparación, lo que conduce a concluir que sería hasta que se dicte el fallo definitivo cuando se estará en aptitud de constatar si esa indebida revocación trascendió o no al resultado de la sentencia y, de ser así, tal violación procesal puede ser alegada por el reo y reparada en amparo directo." Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. AUTORIZADO Finalmente, en relación con la petición de la quejosa de que se autorice a *******, para oír y recibir citas y notificaciones, dígale que se acordó lo conducente en el proveído de uno de junio de dos mil dieciocho....II NP

  3. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a *****, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Primero de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 653/2018; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PREVENCIÓN. Ahora bien, previo a proveer lo que en derecho proceda respecto a la admisión de la demanda, de conformidad con los requisitos que prevé el artículo 108, fracción IV, en relación con los numerales 110 así como 114, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, con las copias suficientes de su escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Como requisito previsto en la fracción II del artículo 114 y 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, deberá "bajo protesta de decir verdad", abundar de forma cronológica y detallada los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, esto, debido a que a partir del numeral 6, los hechos narrados no concuerdan cronológicamente, además de que hace referencia a que "mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el recurso de revisión interpuesto por Virginia Barrón Hernández en contra de la resolución al recurso de revocación dictada el quince de junio de dos mil dieciséis, recurso de revisión que se sobreseyó el diecinueve de julio de dos mil dieciséis por desistimiento de la promovente", datos que no concuerdan con los demás hechos narrados. SEGUNDO. Proporcione copia simple o certificada de la resolución reclamada, así como la fecha en que tuvo conocimiento de la misma. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla el propio quejoso y no los autorizados ni siquiera en términos amplios de ésta, debido a que aquélla entraña expresiones inherentes al accionante. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a la prevención formulada en el presente auto, en el plazo señalado para tal efecto, se tendrá por no presentada su demanda en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto ilustra la tesis perteneciente a la Quinta Época, que expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación LXII, página 1044, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACION DE LA." En relación a lo expuesto cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que no acreditaron contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, hasta en tanto acrediten ser licenciados y la última por así haberlo solicitado la parte quejosa. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce...II NP

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