Evangelina Espino González

Expediente 494/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
494/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Evangelina Espino González

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de mayo de dos mil veintitrés. I. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio 1601 proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el que acusa recibo de las constancias originales del presente juicio e informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, derivado de la competencia declinada a su favor por este Juzgado de Distrito. II. Archivo. Ahora bien, toda vez que no existe trámite alguno pendiente de cumplimentar en el presente asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a) del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de seis meses, a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. I. Recepción. Téngase por recibida la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 494/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Incompetencia. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es incompetente, por razón de vía, para conocer del presente asunto, por los fundamentos y motivos que se explican a continuación: En principio, es menester precisar que la competencia se entiende como el ámbito en el cual los tribunales pueden desarrollar válidamente la función jurisdiccional que tienen encomendada, esto es, el límite legal impuesto al desempeño de esa función jurisdiccional, por lo que se erige como un presupuesto procesal que debe satisfacerse para que la sentencia que se dicte pueda tener eficacia jurídica, lo que la coloca como una cuestión de orden público, no sólo por el presupuesto procesal que constituye, sino además porque tiene sustento jurídico en las fracción III, inciso a) y V, inciso b) del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A su vez, la jurisdicción se define como el conjunto de poderes o funciones que ejerce cada uno de los órganos jurisdiccionales en que se distribuye el Poder Judicial de la Federación, que implica a la vez un cúmulo de deberes. Así, la función de los jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer y resolver, en su caso, las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones. Dicho en otras palabras, la jurisdicción se ejerce por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia; por ello, si bien los órganos jurisdiccionales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de negocios, sino únicamente en aquéllos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. En el caso, es de interés desarrollar lo referente a la competencia por grado, por ser parte del tema toral en análisis. Este tipo de competencia, es aquella aptitud de conocimiento de controversias que se atribuye a órganos jurisdiccionales y que deriva de una primera, segunda o ulterior instancia. La primera instancia es el proceso de resolución de una controversia desde el planteamiento hasta el dictado de la sentencia definitiva. Si ésta es impugnable, mediante la interposición de un recurso, se inicia una segunda instancia en la que se analizan los agravios que se hayan expresado contra presuntas violaciones de procedimiento o contra presuntas violaciones que se dicen cometidas en la sentencia misma. Así es, la competencia por razón de grado, tiene lugar separando los actos que respecto de un mismo asunto pueden realizarse por los órganos jurisdiccionales colocados en diversos niveles, distribución que se realiza generalmente, estableciendo relaciones de jerarquía que implican subordinación y dependencia de unos órganos y superioridad de otros. En esos casos, el órgano inferior y el superior conocen el mismo asunto, pero la intención del que conoce en último lugar, está condicionada por la conclusión de funciones del que conoce en primer término, significando además, que aquella guarda una relación de superioridad respecto a este último. Ahora bien, a fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer del presente asunto, debe atenderse a la naturaleza propia del acto reclamado, el cual, según se advierte del escrito de demanda, es el siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro Resolución de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en los autos del recurso de apelación radicado bajo el Toca Civil ***, mediante la cual se confirma la sentencia definitiva de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del juicio ordinario civil ****. En ese sentido, el artículo 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley." De igual manera, los artículos 34 y 170 de Ley de Amparo prevén que las sentencias definitivas son impugnables en amparo directo y que corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer de dichos asuntos, tal como se observa de la siguiente transcripción: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo [.]." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito [.]." En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo1 , este juez de distrito se declara legalmente incompetente, en atención a la vía, para conocer y resolver este asunto, toda vez que la quejosa reclama actos que se estiman son materia de amparo directo, pues como se advierte del escrito de demanda y anexos, la determinación que reclama en el presente juicio de amparo puso fin al juicio de origen, en virtud de que mediante la misma, la autoridad responsable confirmó la determinación adoptada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro dentro del juicio ordinario civil *** promovido por la parte quejosa. Por tanto, previa formación del cuaderno de antecedentes relativo, remítanse las constancias originales del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, a fin de que, si lo estima pertinente, se avoque al conocimiento del mismo, solicitándole de la manera más atenta se sirva acusar de recibido e informe si acepta o no la competencia que se le plantea. Sin que la declaratoria de incompetencia por este órgano jurisdiccional y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito prejuzgue sobre la procedencia del amparo respecto de la definitividad, ni la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre tales aspectos. IV. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. V. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se tiene como su domicilio procesal el ubicado en "*****"; asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona en su escrito, por así solicitarlo expresamente. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. 7 VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. VII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. VIII. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 9 Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en turno

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