Evaristo Martin Morales Hernández

Expediente 1377/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1377/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Evaristo Martin Morales Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Quedan a disposición de la parte quejosa la constancia que ofreció como prueba en su escrito inicial de demanda, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, contados legalmente, bajo a percibimiento que de no hacerlo en el momento procesal correspondiente correrán con la misma suerte que el presente expediente. Finalmente, se ordena la destrucción de las copias certificadas solicitadas al homologo federal en proveído de siete de septiembre de dos mil dieciocho (f.32).

  2. Principal

    Agréguese el oficio del Juez Sexto de Distrito de esta especialidad, que en respuesta a la solicitud de siete de los cursantes remite copia certificada del juicio de amparo 1095/2018-III, de su índice y del juicio agrario 606/2010. Fórmense los anexos I y II, constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. De la secuela procesal del juicio agrario 606/2010, se advierte que el tres de abril de dos mil catorce, el Tribunal señalado como responsable, dictó sentencia: "PRIMERO.- Ha resultado improcedente e infundada la acción y vía deducida en este pronunciamiento agrario por EVARISTO MARTIN MORALES HERNÁNDEZ, consistente en el mejor derecho a poseer la superficie controvertida ubicada en la comunidad de SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN TEPEZOYUCA, Municipio de OCOYOACAC, Estado de México, por los motivos y fundamentos en la parte considerativa de esta resolución; la parte demandada acreditó sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- En consecuencia, no ha lugar a condenar a la asamblea general de comuneros que se abstenga de perturbarlo en la posesión del terreno, toda vez que a dicho núcleo agrario le corresponde la propiedad y posesión. TERCERO.- En materia de reconvención, está resulta procedente en que EVARISTO MARTIN MORALES HERNÁNDEZ, respete los acuerdos del órgano supremo de la comunidad de SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN TEPEZOYUCA, Municipio de OCOYOACAC, Estado de México, por los motivos y consideraciones asentados en esta resolución (.)" Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa, interpuso juicio de amparo directo, el cual conoció y resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número de amparo directo 319/2014, cuyo punto resolutivo fue el siguiente: "ÚNICO.- La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a EVARISTO MARTIN MORALES HERNÁNDEZ, contra la sentencia de tres de abril de dos mil catorce, dictada como consecuencia al resolver en definitiva el expediente agrario 606/2010, emitida por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Judicial Nueve en Toluca, Estado de México.". Por otra parte, intégrese el escrito del quejoso, por el cual desahoga parcialmente las prevenciones decretadas el cuatro de septiembre del año en curso. En este sentido, de las constancias remitidas por el homólogo federal se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5° fracción I, interpretado a contrario sensu, de dicho ordenamiento legal, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." [El énfasis es propio]. De la interpretación de dichos preceptos se obtiene que el juicio de garantías resulta procedente cuando alguna autoridad emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque los derechos humanos reconocidos o bien, las garantías consagradas constitucional y convencionalmente a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces que para examinar a través de la instancia constitucional el proceder del órgano de gobierno, se requiere como presupuesto que el actuar de la autoridad sea susceptible de atacar los derechos públicos subjetivos del gobernados, esto es, que el acto u omisión de que se trate pueda violentar garantías individuales, pues de no suceder así, el juicio de amparo sería improcedente. Lo antes apuntado, debe apreciarse conjuntamente con lo establecido en el primer párrafo del diverso 73 de la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. (.)" Según se lee, el juicio de amparo no tiene por objetivo provocar mayores consecuencias que el blindaje para el gobernado que lo promueva, en contra del acto de autoridad que trastoque las garantías individuales que la Carta Magna o los tratados internacionales de los que el estado Mexicano sea parte, instituyen a su favor, por lo que se entiende que no se trata de una acción social para cuestionar el proceder de las autoridades en general, sino única y exclusivamente cuando su actuar tienda a desconocer los derechos elementales que el Canon Fundamental y el Derecho Internacional incorporado a nuestro gobierno, reconocen a todos los individuos. En este sentido, el juicio de amparo resultará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridad que por su naturaleza no sean susceptibles de afectar los derechos subjetivos del gobernado, por no transgredir su esfera jurídica. Ahora, del estudio integral de la demanda, anexos y demás constancias de autos, en primer lugar, se advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta. Así, en el caso concreto, la orden de desalojo reclamada se configura como un acto futuro e incierto, afirmación verificada con las copias certificadas del juicio de origen, que no genera la procedencia del presente juicio de amparo. Al tenor de las consideraciones plasmadas, es improcedente la petición de constitucional, pues si bien el promovente reclama la ilegal desposesión que, aduce, fue ordenada en el expediente 606/2010, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, bajo el argumento de que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, acudió ante la citada autoridad a consultar ese expediente y, puntualiza, que la última actuación es de uno de julio de dos mil quince, lo cierto es que de las copias certificadas del juicio agrario de origen, se advierte que dieciséis de febrero de dos mil quince, dicho tribunal agrario determinó archivar como concluido el referido juicio, dado que en el juicio de amparo directo 319/2014, promovido en contra de la sentencia emitida fue negada la protección constitucional. Aunado a lo anterior, de las manifestaciones vertidas en el escrito de desahogo de prevención, bajo protesta de decir verdad, el promovente refiere: "De tal manera, su Señoría, que de acuerdo a lo establecido en los autos donde solicitan el desalojo dentro del expediente 606/2010, aún no están ordenados por el Tribunal Unitario Agrario, es por lo que hoy acudo ante usted a efecto de solicitar el Amparo y protección de la Justicia Federal a efecto de no vulnerar mis derechos como miembro de la cooperativa denominada "25 de septiembre" y como Comunero del poblado de Santa María Tepezoyuca, Municipio de Ocoyoacac, México; toda vez que soy miembro de dicha cooperativa con el acta de asamblea, misma que ya obra en autos y el creador y fundador es el señor Miguel Loyola Jiménez.". En ese orden, el acto reclamado que el ocursante pretende someter al análisis constitucional, a la fecha de presentación de la demanda de amparo y del escrito que se provee aún no se actualiza. En apoyo a lo anterior, es de invocar por identidad de razón jurídica, la Tesis Aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, a página 857, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa.". En concordancia con lo expuesto, en el juicio agrario 606/2010, aún no existe petición de su contraparte, y conforme a la Litis de ese juicio, una vez realizada esa solicitud, se debe esperar el resultado, la cual por el solo hecho de formularse no garantiza sea proveída favorablemente. Empero, en el supuesto de verificarse ejecución del juicio de origen, en ese estadio procesal, el promovente tendría expedito su derecho para instar diverso medio defensa ordinario o extraordinario. Es oportuno reiterar que la responsable, por auto de diecisiete de febrero de dos mil quince, recibió el testimonio emitido por la superioridad y determinó que la sentencia emitida en el expediente agrario 606/2010, causó ejecutoria, ordenado el archivo definitivo del mismo. Atento a lo anterior, se insiste que de tales diligencias no se advierte que exista determinación alguna que afecte a la parte quejosa de manera personal y directa, respecto de lo cual, el juicio de garantías, resulta improcedente. En este contexto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías promovida por Evaristo Martin Morales Hernández, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe que en atención al requerimiento de cuatro de los cursantes, informa que las constancias del expediente se hallan en diverso órgano jurisdiccional. En ese orden, solicítese al Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que de no existir impedimento legal informe a este Juzgado el estado procesal que guarda el juicio de amparo 1095/2018-III, de su índice, y de ser posible, remita copia certificada de las constancias que lo acrediten, así como del anexo relativo al juicio agrario 606/2010 y para el caso de que lo considerara envié dicho cuaderno para que este órgano jurisdiccional obtenga la reproducción fotostática respectiva, y echo lo anterior, de inmediato le serán devueltos.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Y REGISTRO. Visto el escrito de demanda que promueve Evaristo Martín Morales Hernández, conforme a la certificación de cuenta es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura autógrafa. Regístrese bajo el número 1377/2018-IV-C. Justifica lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y datos: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." (10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012; Tomo 4; Pág. 3632.). PREVENCIÓN Ahora, del análisis integral del ocurso de referencia, se advierten diversas inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde, lo cual tendrá que desahogar en el presente sumario. Por tanto, en términos del artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones, I y IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise si la orden de desocupación o desalojo que reclama fue emitida en el expediente agrario 606/2010, pues al ser parte de ese juicio está vinculado al procedimiento respectivo. Así también, precise la fecha de la determinación por la cual se ordenó la desocupación o desalojo en el expediente agrario 606/2010, o bien exhiba copia de la misma. Si el acto reclamado no deriva del juicio agrario 606/2010, deberá comunicar si tiene conocimiento del procedimiento del cual se originó la orden que constituye el acto que reclama. Luego, deberá precisar los antecedentes del acto reclamado, de una forma cronológica y sucinta, es decir, aquellos que le hayan sido notificados, o bien exponga clara y sin lugar a dudas las fechas y medios por los cuales tuvo conocimiento. Aporte datos de la formalización de la Cooperativa a la que hace referencia, pues si bien aduce que ésta fue determinada en Acta de Asamblea del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María de la Asunción Tepozoyuca, Ocoyoacac, Estado de México, resulta necesario, conocer el índice y fecha de la institución ante la que se haya formalizado dicha Cooperativa. Se justifica requerir lo anterior, toda vez que el acto reclamado y los antecedentes del mismo, resultan ambiguos e imprecisos, datos que impiden a este juzgado fijar correctamente la litis del presente asunto. Ahora, de conformidad con el artículo 108, fracción I y 114 fracción III, de la Ley de Amparo, deberán exhibir las copias necesarias del ocurso en que desahoguen la prevención de mérito, en términos de lo que establece el numeral 110 dicha normatividad. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el desahogo de las prevenciones formuladas, en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Hágase del conocimiento del promovente de las penas a que se hacen acreedores los que afirman hechos falsos ante la autoridad jurisdiccional, de conformidad con lo que establece el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, se les APERCIBE que para el caso de desahogar los requerimientos de mérito, pero manifieste hechos falsos u omita los que le consten, EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO SE DARÁ VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, por la probable comisión de algún delito. SUSPENSIÓN DE PLANO No obstante que es solicitada la suspensión de plano del acto reclamado, no resulta procedente, al no ubicarse en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 15, en relación al diverso 126 de la Ley de Amparo (aplicables a la casuística y naturaleza de los actos de que se trata), pues no se trata de aquellos que ameritan la inmediata intervención de este juzgador, para proveer respecto de éstos. Si bien, el artículo 126, párrafo tercero de la Ley de Amparo, establece la procedencia de la suspensión del acto reclamado, de oficio y de plano, es precisamente cuando se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; sin embargo, al hacer una ponderación provisional, se tiene que, del escrito de demanda, así como de los anexos adjuntados al mismo, se advierte que los actos que se reclaman, no se ubican en dicho supuesto, dado que la afectación materia del presente juicio, en su caso, versa sobre derechos individuales y no colectivos. De ahí que, en su caso, una vez que el promovente desahogue las prevenciones ordenadas, se proveerá por separado vía incidental respecto de la suspensión del acto reclamado. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS Por otro lado, requiérase al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, en el Estado de México, para que en el término de tres días, legalmente contabilizado, informe el estado procesal que guarda el juicio agrario 606/2010, de su índice, debiendo remitir copia certificada de la resolución emitida, las resoluciones que las hayan impugnado, así como de las actuaciones posteriores o concernientes a la ejecución de la sentencia, según sea, y de las notificaciones realizadas al quejoso. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígaseles que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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