Evaristo Barragán Salinas
Expediente 1193/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/08/2016
Partes del expediente
- Evaristo Barragán Salinas
- Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la nueva Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de diecisiete de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. DESAHOGA PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso Evaristo Barragán Salinas desahoga el requerimiento de nueve de agosto del año en curso, atento a ello, se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito que se proveer, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: Como acto futuro la orden de aprehensión, girada en su contra dictada en la carpeta de investigación 443260190000516; así como, su ejecución. DESECHAMIENTO. Por tanto, ante tales manifestaciones este juzgador advierte que la demanda que nos ocupa es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De ahí que, se advierte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXIII en concordancia con el diverso 5 párrafo primero, de la Ley de Amparo que se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Según se advierte de las citadas trascripciones, el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona que con el acto reclamado de la autoridad haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución Federal tutela mediante las garantías individuales. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio o por medio de su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. En ese sentido, cuando el amparo se promueve por el gobernado contra un acto que por sí no cause un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior es así, pues si el quejoso reclama como acto futuro la orden de aprehensión, girada en su contra dictada en la carpeta de investigación 443260190000516; así como, su ejecución, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de peticionario del amparo, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad, por lo tanto, debe probar de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. Aunado a ello, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cuarta de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, manifestó: "1.- El estado procesal de la carpeta número 443260190000516, que se sigue en contra de EVARISTO BARRAGÁN SALINAS, por el delito de Cohecho y lo que resulte se encuentra en etapa de investigación desformalizada y/o integración. 2.- Se hace de su conocimiento que esta Representación Social no ha emitido orden de presentación, no ha solicitado orden de aprehensión, detención o citación alguna en contra de EVARISTO BARRAGÁN SALINAS." Motivo por el cual, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales y sus efectos son restituir a los agraviados en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1, 73 y 77 de la ley de la materia, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5 fracción I, de la Ley de Amparo y el acto que aquí se pretende combatir aún no se ha materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia federal, a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 23, publicada en la página 45, del Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia Común, sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 395568, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." Así como la tesis publicada en la página 1740 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLI, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 312962 cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS: El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." Lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo promovido contra de la orden de aprehensión, dictada en su contra en la carpeta de investigación 443260190000516, constituye acto futuro, incierto e indeterminado. Por lo que resulta conveniente señalar que, en términos generales, un acto futuro es aquel que en el tiempo presente aún no ha sucedido. Finalmente, el anterior desechamiento de la demanda de amparo no implica que se le esté denegando la impartición de justicia al impetrante de amparo, lo anterior en atención a lo expuesto la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." En esas condiciones, se desecha la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido con el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE NUEVE DEL MISMO MES Y AÑO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa sobre la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos y remite copias certificadas para acreditar su dicho. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la partes con el cumplimiento otorgado por la responsable, para que manifiesten lo que en su derecho proceda; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad, de oficio, se determinará si la ejecutoria amparante quedó o no cumplida.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil dieciséis. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda de amparo, promovida por Evaristo Barragán Salinas, por su propio derecho, contra actos que atribuye al agente del Ministerio Público, adscrito a la Mesa Cuatro de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; por considerarlos violatorios de los artículos 14, segundo párrafo, 16, 20, 21 y 22 Constitucionales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, fórmese expediente bajo el número que le corresponda. PREVENCIÓN. A efecto de estar en aptitud de proveer lo que corresponda, con fundamento en los artículos 108 fracción V y 114 fracción II, ambos del ordenamiento legal invocado, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de cinco días y bajo protesta de decir verdad: Precise el acto reclamado, pues independientemente que en el apartado relativo manifiesta: "la privación de mi libertad, a que hace referencia el artículo 22 del Pacto Federal." Posteriormente, en los antecedentes refiere: "Tercero.- con fecha 11 de abril del año 2016, fui presentado ante la autoridad responsable, con el carácter de imputado del delito de cohecho y fraude..." Además de que el mismo día 11 de abril de 2016, a las 21 horas con diez minutos se REALIZA EL ACUERDO MINISTERIAL POR FLAGRANCIA.- dentro de la carpeta de investigación de número 443260190000516 por el delito de cohecho, fraude y otros delitos, en contra del hoy quejoso pues esta carpeta de investigación se está o estaba integrando por las acusaciones de los ofendidos cuyos nombres ya referí, así como por la C. NAYELI CRUZ ORTEGA y los policías APREHENSORES, por lo delitos FLAGRANTES que tiene bien delimitadas sus elementos, para realizar la consignación por este tipo de delitos, el cual denomino la autoridad acusadora como FLAGRANTE y no cumplió el ministerio público con el debido proceso, pues si me imputa los delitos flagrantes es su obligación de esa autoridad acusadora, CONSIGNARME DENTRO DE LAS 48 HORAS EN QUE SOY PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ACUSADORA." ".En mi caso que se supone fui detenido en FLAGRANCIA por los delitos imputados o caso urgente, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ CONSIGNAR AL QUEJO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN EL TÉRMINOS DE 48 HORAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 DEL PACTO FEDERAL." De lo que se advierten incongruencias y ambigüedades, puesto que el quejoso señala como acto reclamado la privación de su libertad, y a su vez menciona que fue presentado el once de abril del año en curso, ante el agente del Ministerio Público y en la misma fecha fue detenido en flagrancia, por lo que la autoridad responsable deberá consignarlo ante la diversa judicial en el término de cuarenta y ocho horas. Atento a lo anterior, este juzgador no tiene certeza de cuál es el acto reclamado, ni la situación jurídica del promovente, por lo tanto, tal requerimiento se efectúa, para que Evaristo Barragán Salinas precise que acto impugna: La presentación del once de abril de dos mil dieciséis; La detención del once de abril del año en curso; La consignación del Ministerio Público ante la autoridad judicial en el término de cuarenta y ocho horas; La orden de aprehensión emitida en su contra; para el caso de ser este el acto reclamado deberá precisar si lo señala como acto consumado o como futuro. O qué acto privativo de libertad atribuye a la responsable. Así, ya que con ello se podrá estudiar la legalidad o ilegalidad de la supuesta violación, en los términos en que se haga la petición, así como la procedencia del juicio promovido. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. (9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Marzo de 1996; Pág. 871)". SE DESVIRTUA LA MANIFESTACIÓN DE VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. Por otra parte, a pesar de que el promovente manifiesta que con el acto que reclama, se vulnera el artículo 22 Constitucional, lo cierto es, que no se ubican en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 15, en relación al diverso 126 de la Ley de Amparo (aplicables a la casuística y naturaleza de los actos de que se trata). Convicción a la que se arriba, porque lo cierto es que los actos reclamados no se ubican en alguna de las hipótesis que prevén los citados numerales; es decir, de aquellos que ameritan la inmediata intervención de este juzgador, para proveer respecto de éstos. El último precepto, regula la procedencia de la suspensión de plano aplicable (según los hechos narrados en la demanda) y, como se aprecia, los actos que ahí se prevén, tienen como característica la pronta e inmediata necesidad -debido a su naturaleza- de actuar para detener su ejecución, con el objeto de evitar la consumación de un perjuicio al impetrante, pero que tengan la singularidad de ser un menoscabo grave y de notoria lesión al bien jurídico tutelado por la norma, pues de lo contrario, el análisis relativo a si pueden ser suspendidos, será materia de estudio en otro momento procesal, no en este auto. Ahora, con relación a dichos acto, no obliga al juez de Distrito a suspenderlo de plano, en virtud de que para ello, debe decirse que si bien el acto que refieren los numerales citados con antelación abarcan un parámetro muy vasto, no por esa circunstancia se debe considerar, en automático, inmerso dentro de dicho parámetro a cualquier acto, sólo por el hecho de que así lo califiquen el solicitante de amparo en su demanda; sino que, en todo caso, es labor del juzgador ponderar si en verdad la ejecución de dicho acto son equivalente a un riesgo fundado para la vida del quejoso. Lo anterior, ya que de la lectura integra de la demanda, hasta el momento no se aprecia que el acto reclamado constituya alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 Constitucional, ya que no se está en presencia de la imposición de penas inusitadas (aquellas que han sido abolidas por inhumanas, infamantes, crueles o excesivas); penas trascendentales (aquellas que afecta de modo directo a las personas allegadas a los sentenciados); así como los demás previstos en el numeral 15 de la ley de la materia (incomunicación e incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Estimar lo contrario, es decir, suspender el acto con la manifestación del promovente, causaría un perjuicio con notoria lesión a los intereses de la sociedad y a las disposiciones de orden público; por una parte, porque estas últimas dejan de cumplirse y pierde razón de ser su establecimiento dentro del sistema jurídico mexicano; y por otra, en virtud de que la sociedad está interesada en que las leyes se cumplan. En ese tenor, no encuadra en los artículos 126, de la Ley de Amparo y 22 Constitucional, acorde con la exposición que se plasmó, lo cual impondría la obligación al juez de Distrito de suspender de plano, por una vez solamente, lo que en el caso no acontece; por lo cual, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado no debe suspenderse de plano. Sirve de apoyo, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del siguiente tenor literal: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." (S. J. F. 8ª. Época, Tomo III, 2ª. Parte-2, Enero-Junio 1989, página 951). Así como por analogía, y en lo conducente, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. CUANDO SE INVOCA COMO VIOLADO EL DERECHO FUNDAMENTAL ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL QUE PROHÍBE LA CONFISCACIÓN DE BIENES. ES INCORRECTO OTORGAR DE OFICIO LA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EN AUTOS NO EXISTE PRUEBA ALGUNA, NI SIQUIERA INDICIO, DE QUE SE ESTE EN PRESENCIA DEL SUPUESTO PREVISTO POR EL ARTICULO 123, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO." (Informe 19987, parte III, 7a. Época, pág. 146). Finalmente, tampoco se considera que se está ante actos privativos de libertad que ameriten suspensión de plano, porque de lo expuesto en su demanda no se colige que se duela de una afectación a su libertad fuera de procedimiento. APERCIBIMIENTO PARTE QUEJOSA. Se le apercibe al quejoso, que para el caso de no desahogar el requerimiento formulado, dentro del término que se le concedió, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Así también, dadas las inconsistencias de la demanda que se provee, hágase del conocimiento del promovente de amparo de LAS PENAS A QUE SE HACEN ACREEDORES LOS QUE AFIRMAN HECHOS FALSOS ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, de conformidad con lo que establece el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, se le apercibe que para el caso de DESAHOGAR LOS REQUERIMIENTOS DE MÉRITO O EN SU CASO, DENTRO DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, haya manifestado hechos falsos u omita los que le consten, EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO SE DARÁ VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE ALGÚN DELITO. Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. (9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Julio de 2006; Pág. 348)". REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS. Con independencia de lo anterior, y a fin de corroborar el dicho del promovente requiérase al agente del Ministerio Público, adscrito a la Mesa Cuatro de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para que dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación del presente proveído: Informe el estado procesal de la carpeta de investigación con número 443260190000516, seguida en contra de Evaristo Barragán Salinas por el delito de cohecho y fraude. Comunique sí ha emitido una orden de presentación, aprehensión, detención o citación contra el quejoso. Con el apercibimiento que para el caso de ser omisa o bien de no manifestar su imposibilidad para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como segundo y tercero transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. A tal efecto, remítasele copia de la demanda a la autoridad responsable, para que este en aptitud de dar contestación a los requerimientos formulados por este órgano jurisdiccional. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. De acuerdo a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas respecto de las cuales se haya cumplido con los extremos previstos en su segundo párrafo; es decir, aquellas que acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y se hayan proporcionado los datos correspondientes. De igual forma, se autoriza en términos restringidos a las mencionadas si no se cumplió con dichos requisitos, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectúen dichas acotaciones HABILITA ACTUARIO. Como lo refiere el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esta adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la a reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a la autoridad responsable que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicará por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deba notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
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