Evangelina Sixtos Sixtos

Expediente 982/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
982/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/12/2018

Partes del expediente

  • Evangelina Sixtos Sixtos

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el oficio OCC/C11/JDM/0507/2018, suscrito por el encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; en atención a su contenido, téngasele informando que se realizó la compensación correspondiente en favor de este órgano jurisdiccional respecto del presente juicio, como lo acredita con la papeleta de turno que anexa al comunicado de cuenta; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, el comunicado del Coordinador de Organización de Archivos Judiciales, con residencia en la Ciudad de México; sin que sea necesario emitir mayor proveído, toda vez que el treinta de octubre de dos mil dieciocho se devolvió vía mensajería rápida el expediente que dio lugar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, como se puede apreciar con la guía de estafeta que obra a foja cinco de autos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: EVANGELINA SIXTOS SIXTOS. Recepción de oficio. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del amparo 979/2018, promovido por Evangelina Sixtos Sixtos, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil y el secretario de acuerdos de su adscripción, así como un legajo de copias; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Registro del expediente. Regístrese el asunto en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número VI-982/2018, de la estadística de este órgano de control constitucional. Ahora, el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, adjunta los autos originales del amparo 979/2018, del índice de dicho juzgado, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Evangelina Sixtos Sixtos, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad y el secretario de acuerdos de su adscripción. Lo anterior, en virtud de que en el diverso juicio de amparo 1109/2015 y su acumulado 1155/2015, del índice de este juzgado, como en el juicio de amparo indirecto 979/2018, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, se reclaman actos derivados del juicio sumarísimo civil 559/2014, sobre rescisión de contrato de arrendamiento del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, lo que origina la actualización del supuesto establecido en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En las relatadas condiciones se asume el conocimiento del asunto. ? Hecho notorio. Ahora bien, se precisa que a efecto de acordar lo conducente, se tiene a la vista el juicio de amparo 1109/2015 y su acumulado 1155/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, el que constituye un hecho notorio, que la quejosa Evangelina Sixtos Sixtos, en el juicio sumarísimo civil 559/2014, promovido por Cayetano Martínez Andrade, en cuanto apoderado de Cayetano Martínez Ortiz, sobre rescisión de contrato de arrendamiento, tuvo el carácter de demandada. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 64, publicada en la página 89, tomo VI, de la actualización 2002 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dispone: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento. Sin que sea necesario agregar copia certificada las constancias relativas al citado juicio de amparo, en virtud de lo sustentado por la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, invocada por identidad jurídica, la cual está publicada en la página 285, junio 2007, tomo XXV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dé aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo de la moral quejosa, se advierte que precisó el acto reclamado en la forma siguiente: "ACTOS RECLAMADOS.- De la Autoridad que señalo como Responsable y reclamo la orden de desahucio y posesión real y material del bien inmueble, que había venido teniendo en mi posesión, bajo protesta de decir verdad, aproximadamente más de 24 veinticuatro años, mismo bien inmueble que se encuentra ubicado en la avenida Francisco I. Madero Oriente número 1940 mil novecientos cuarenta, Colonia Lázaro Cárdenas, antigua Colonia Socialista de esta Ciudad de Morelia, Michoacán, toda vez que el ciudadano JOSE CAYETANO MARTINEZ ORTIZ, en su carácter de albacea definitivo de la Sucesión intestamentaria a bienes del finado CAYETANO MARTINEZ ANGUIANO, misma petición que fuera debidamente aprobada por la autoridad responsable, mediante auto de fecha 22 veintidós de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del Juicio Sumarísimo Civil número 559/2014; promovido por el ciudadano apoderado jurídico de la parte actora CAYETANO MARTINEZ ANDRADE, así como todas y cada una de las consecuencias de hecho y de derecho que afectan el bien inmueble que venía ostentando hasta antes del lanzamiento, la posesión real y material del mismo; específicamente la declaración de desahucio de dicho bien inmueble en cita, que entre otros son: en este caso la orden de cateo y el uso de cerrajero, así como el uso de la Fuerza Pública; para el efecto de que sea despojada y privada del bien inmueble que había venido teniendo en posesión real y material, por más de 24 veinticuatro años aproximadamente, y lanzamiento que fue efectuado a través de la Responsable, Ejecutora y asociados, debiendo señalar que a tal circunstancia, que perjudicaron a terceros que no son parte en el controvertido donde emana el acto reclamado, ni mucho menos les deban nada al actor de juicio ahora tercero interesado". De los antecedentes narrados por la quejosa en su demanda de amparo, se obtiene, en lo conducente, lo siguiente: I. Que los actos que reclama se dictaron en el juicio sumarísimo civil número 559/2014, promovido por el apoderado jurídico de la parte actora Cayetano Martínez Andrade. II. Que el bien inmueble que refiere fue objeto de desahucio y lanzamiento está ubicado en la Avenida Francisco I. Madero Oriente número mil novecientos cuarenta de la colonia Lázaro Cárdenas, antigua colonia Socialista en esta ciudad. Ahora, se tiene a la vista el juicio de amparo 1109/2015 y su acumulado 1155/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, donde en la sentencia definitiva dictada el trece de mayo de dos mil dieciséis, en lo que interesa, se estableció lo siguiente: "SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente del juicio sumario civil 559/2014, se desprende que en el juicio de amparo y su acumulado Héctor Martínez Ortiz reclama: a. Lo actuado dentro del juicio de recisión de contrato de arrendamiento 559/2014. Y, Evangelina Sixtos Sixtos: b. El acuerdo dictado el diecisiete de noviembre de dos mil catorce en el juicio sumario civil 559/2014. (.) Las actuaciones que informan el juicio de origen son las siguientes: 1. Cayetano Martínez Andrade demandó de Evangelina Sixtos Sixtos, la declaración judicial de recisión de contrato de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en Avenida Francisco I. Madero Oriente número 1940 (mil novecientos cuarenta) antigua colonia Socialista, actualmente Lázaro Cárdenas en Morelia, Michoacán, siendo una fracción del predio denominado "La Puerta del Zapote" (fojas 1 a 3 del anexo I de pruebas). 2. El diecisiete de julio de dos mil catorce, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial en Morelia, Michoacán admitió la demanda y ordenó el emplazamiento a la parte reo (foja 37, ídem). 3. En acuerdo de once de septiembre de dos mil catorce, la autoridad responsable ordenadora declaró la rebeldía de Evangelina Sixtos Sixtos a quien tuvo dando contestación a la demanda en sentido afirmativo (foja 49). 5. Seguido el juicio, el uno de diciembre de dos mil catorce, la jueza responsable dictó sentencia en la que declaró procedente la acción de recisión de contrato de arrendamiento promovida por el albacea de la sucesión arrendadora y rescindido el bilateral de nueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, por lo cual condenó a la demandada a la entrega y desocupación del inmueble objeto del sinalagmático (fojas 113 a 126). 6. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce se declaró ejecutoriada la sentencia a que se hizo referencia en el párrafo anterior, elevándose a la categoría de cosa juzgada y ordenando a las partes a estar y pasar por ella en todo tiempo y lugar; y, el once de febrero de dos mil quince se requirió a la reo para que en el lapso concedido cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva (fojas 130 y 132). 7. A solicitud del vencedor, el diecisiete de noviembre de dos mil quince, la jueza civil ordenó la ejecución forzosa de la sentencia de uno de diciembre de dos mil catorce, por tanto, ordenó la desocupación del inmueble ubicado en Avenida Francisco I. Madero Oriente número 1940 (mil novecientos cuarenta) de la actual colonia Lázaro Cárdenas, antes Socialistas, y se entregara la posesión real y material de dicho bien a José Cayetano Martínez Ortiz, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Cayetano Martínez Anguiano (foja 138, ídem). Esa es la reseña de constancias del juicio sumario civil de origen". ? Fijación del acto reclamado. De un estudio integral de la demanda de amparo, analizada como un todo, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente, lo siguiente: a) La orden de lanzamiento decretada por el juez responsable, misma que se ejecutó el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el bien inmueble ubicado en la Avenida Francisco I. Madero Oriente número mil novecientos cuarenta de la colonia Lázaro Cárdenas, antigua colonia Socialista en esta ciudad, emitida en el juicio sumarísimo civil número 559/2014, sobre rescisión de contrato de arrendamiento, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. ? Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Ley. Concomitante con lo anterior, el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo del ordenamiento legal antes invocado establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". Así, tenemos que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la citada legislación, restringe el amparo en el periodo de ejecución de sentencia a la última resolución dictada en el procedimiento, entendida ésta como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De acuerdo al citado precepto 107, se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pudiendo impugnarse en ésta misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Lo cual atiende a la necesidad de abreviar el período de ejecución de sentencia mediante la concentración de las violaciones procesales, ya que todas éstas pueden combatirse hasta el juicio de amparo promovido contra la última resolución. Concentración que redundará en un beneficio al derecho de justicia pronta, vinculado al interés de la sociedad por un escenario de cumplimiento pleno a las sentencias dictadas en procedimientos jurisdiccionales. La excepción al parámetro en comento -última resolución- se encuentra en los actos trascendentes al escenario de autonomía destacada, pues las cuestiones que impacten derechos sustantivos en el procedimiento de ejecución, habrán de materializar una imposible reparación como factor idóneo a la procedencia del amparo indirecto, siempre que sean ajenos a la cosa juzgada. Así, el concepto jurídico de última resolución es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; es decir, en la Ley de Amparo, prevalece la intención del legislador consistente en evitar el entorpecimiento de los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 7, tesis 3, Apéndice (actualzación 2001), Novena época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Expuesto lo anterior, se asevera que el acto que reclama la quejosa en la demanda se dictó en etapa de ejecución de sentencia. En efecto, la orden de lanzamiento decretada por el juez responsable en el expediente 559/2014 de su índice, que a decir de la quejosa se ejecutó el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el bien inmueble materia del litigio en el juicio de origen, se emitió con la finalidad de cumplir con la sentencia definitiva emitida en el juicio natural, lo cual no constituye la última resolución pronunciada en ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. Por tanto, el citado acto reclamado no implica el último acto de ejecución de la sentencia correspondiente, y tampoco se considera que ocasione un perjuicio irreparable a la quejosa, porque contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, estará en posibilidad de promover el juicio de amparo y en la misma demanda podrá reclamar las demás violaciones que considere se cometieron durante ese procedimiento que lo hubieren dejado sin defensa. En efecto, la orden de desalojo o lanzamiento se encuentra comprendida dentro del período de ejecución de sentencia, y el juicio biinstancial únicamente procede en contra de la última resolución que se dicte en el período ejecutivo; esto es, aquélla en la que se reconoce expresa o tácitamente que la resolución ha quedado cumplida, en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, tal como se aprecia de la lectura del segundo párrafo de la fracción IV del citado numeral 107 de la ley de la materia. En ese contexto, el especificado acto reclamado por la quejosa se encuentra comprendido dentro del período de ejecución de sentencia; sin embargo, no constituye la última resolución en el periodo ejecutivo, ni afecta derechos sustantivos de la promovente del amparo ajenos a la cosa juzgada. En efecto, el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, y su procedencia se rige por lo dispuesto en la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, antes transcrito, que prevé que el juicio de amparo cuando se trata de actos de ejecución de sentencia solo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Ese concepto el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo define como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, aun cuando la orden de lanzamiento reclamada que ya se ejecutó, tal actuación, en forma alguna constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues en ella no se aprueba ni se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado tampoco con tal actuación se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se afirma lo anterior, porque como ya se dijo, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Sin embargo, con la orden de lanzamiento ejecutada, que reclamó la quejosa, no se declara o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, ni la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí que al no constituir el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto en contra de tal acto es improcedente. En vía de orientación se cita la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, ubicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1331, de rubro y texto: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo". También es aplicable la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.", la cual continúa en vigor en tanto que no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del invocado ordenamiento legal". En tales condiciones, resulta indudable que el acto reclamado -orden de lanzamiento ejecutado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho-, no es la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen. Máxime que el lanzamiento ordenado por la autoridad responsable está estrechamente vinculado con el cumplimiento de la sentencia emitida dentro de los autos del juicio de origen sumarísimo civil número 559/2014, del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; por tanto, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público. Por lo que no resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Máxime que de la ejecutoria de la cual emana la jurisprudencia transcrita, se estableció que es posible la procedencia del amparo en la etapa de ejecución, siempre y cuando se reúnan dos requisitos: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Y, en el caso a estudio, como se precisó en párrafos que anteceden, en el juicio sumarísimo civil 559/2014, sobre rescisión de contrato de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en Avenida Francisco I. Madero Oriente número 1940 (mil novecientos cuarenta) antigua colonia Socialista, actualmente Lázaro Cárdenas en Morelia, Michoacán, siendo una fracción del predio denominado "La Puerta del Zapote" promovido por Cayetano Martínez Andrade frente a Evangelina Sixtos Sixtos, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, el uno de diciembre de dos mil catorce, la jueza responsable dictó sentencia en la que declaró procedente la acción de rescisión de contrato de arrendamiento, por lo cual condenó a la demandada a la entrega y desocupación del inmueble objeto del juicio; además, el dieciocho de diciembre de dos mil catorce se declaró ejecutoriada la sentencia a que se hizo referencia en el párrafo anterior, elevándose a la categoría de cosa juzgada y ordenando a las partes a estar y pasar por ella en todo tiempo y lugar. Atento a lo anterior, se está en presencia de una sentencia definitiva que goza del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Así, el acto reclamado por la quejosa consistente en la orden de lanzamiento decretada por el juez responsable en el expediente 559/2014 de su índice, que a decir de aquella se ejecutó el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el bien inmueble materia del litigio en el juicio de origen, se emitió con la finalidad de cumplir con la sentencia definitiva emitida en el juicio natural, lo cual no constituye la última resolución pronunciada en ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen; y, por tanto, inaplicable el criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcrito. Por lo que en el caso, cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el diverso 117, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XIX.1o.P.T.3 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento". Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Novena Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. ? Compensación de cargas. Toda vez que la presente demanda de amparo fue remitida por el Juez Séptimo de Distrito con residencia en esta ciudad, a virtud de la incompetencia que plantea a favor de este juzgado, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, copia de la demanda de amparo, así como del presente acuerdo, a efecto de que se proceda a la compensación correspondiente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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