Evander Gabriel Escutia Orozco
Expediente 220/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Evander Gabriel Escutia Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito; en atención a su contenido, téngasele informando que la presidencia de dicho tribunal declaró firme el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Evander Gabriel Escutia Orozco, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene informando que dicho tribunal asumió el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Evander Gabriel Escutia Orozco, la cual dio origen al expediente en que se actúa, en virtud de la incompetencia planteada por este juzgado. Atento a lo anterior, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, SE ORDENA SU ARCHIVO definitivo y en virtud de que carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expediente Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del comunicado 3994, al que se adjuntó la demanda de amparo promovida por Evander Gabriel Escutia Orozco, que dio origen al expediente en que se actúa, virtud a la incompetencia planteada por este juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: EVANDER GABRIEL ESCUTIA OROZCO. Vista la demanda de amparo promovida por Evander Gabriel Escutia Orozco, por propio derecho, contra el acto del Juez Segundo Oral de lo Familiar del Supremo Tribunal de Justicia de Morelia, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número II-220/2019, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, el artículo 112 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito o tribunal unitario de circuito dentro del término de veinticuatro horas deberá resolver si la admite o desecha. En el caso, el promovente señala como acto reclamado, el siguiente:La sentencia definitiva de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el juez responsable dentro del juicio de divorcio sin expresión de causa 796/2018. En ese orden, este juzgador estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por razón de la instancia o vía intentada por la parte quejosa, virtud a que los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: El artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. Asimismo, el precepto 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Ahora, es importante establecer que en el juicio de amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En caso del amparo directo, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un tribunal colegiado. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo directo, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el particular específico en el ordinal 37, fracción I, inciso b) de la citada ley. El territorio, regulado por el artículo 34 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a. II/92, cuyo contenido es el siguiente: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Lo hasta aquí expuesto, permite dilucidar que cuando se promueve el juicio de amparo contra una determinación que ponga fin al procedimiento en definitiva, debe intentarse en la vía directa de conformidad con la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo, lo que en la especia acontece. Lo anterior, en razón de que la parte quejosa reclama un acto en el que la autoridad responsable resolvió en definitiva el juicio oral familiar 796/2018, sobre divorcio sin expresión de causa, la cual constituye una resolución que, por su naturaleza, trajo como consecuencia poner fin al juicio de origen. En ese contexto, se considera que el acto reclamado, encuadra en la hipótesis contemplada por el artículo 170, fracción I, en relación con el 34, ambos de la Ley de Amparo, es decir, la vía correcta para combatirlo sería la del juicio de amparo directo por tratarse de una determinación que pone fin al juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3ª./J.30/90 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35, tomo VI, primera parte, julio a diciembre de 1990, de la Octava época del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil, debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De ahí que pueda afirmarse que la sentencia definitiva de ocho de febrero de dos mil diecinueve dictada dentro del juicio oral familiar 796/2018, del índice del juzgado responsable, se trata de una determinación que pone fin al juicio. Cabe referir que contra la sentencia definitiva que se combate podría haberse interpuesto el medio de defensa ordinario por la parte quejosa; sin embargo, aun cuando ello no hubiera ocurrido se considera respetuosamente que la demanda de amparo que nos ocupa debe ser tramitada en la vía directa. Lo anterior en concordancia con lo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Décimo Primer Circuito quien, al resolver la queja 203/2018, estimó que cuando el acto reclamado se trate de una resolución que pone fin al juicio, con independencia de que se hayan agotado o no los recursos ordinarios, el juez de distrito debe declarar carecer de competencia y remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente. Consideraciones por las cuales este juzgado de distrito estima respetuosamente que carece de competencia para conocer del acto reclamado consistente en la sentencia de ocho de los corrientes, dictada por el juez responsable. Por tanto, con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, tenga a bien determinar si el asunto en comento es de su competencia y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Con copia de las constancias que integran el expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jamir Téllez Girón Monroy, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificación a las demás personas que indica en su demanda. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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