Evangelina Ponce Villegas

Expediente 822/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
822/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Evangelina Ponce Villegas
  • Coordinador del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, signado por el Coordinador de la Función Registral del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, por medio del cual informa el cumplimiento que da a la ejecutoria de amparo, y para ello adjunta las constancias con las que acredita su dicho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el referido oficio y su anexo, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a la parte quejosa, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos, lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    NOTIFICO LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA PREVIO CITATORIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, signado por el Coordinador de la Función Registral del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, por medio del cual informa el cumplimiento que da a la ejecutoria de amparo, y para ello adjunta las constancias con las que acredita su dicho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el referido oficio y su anexo, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a la parte quejosa, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos, lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión que establece el artículo 86 de la ley de la materia, en contra de la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Coordinador del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y remita copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto o en su caso informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable a través de la persona física que la representa en el cumplimiento del fallo protector, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas anteriores, y si informan actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien ********************, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que represente; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA ".. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 822/2023, promovido por********************contra actos del Coordinador del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca; y, ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama al Coordinador del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. 1. La omisión de dar respuesta al escrito mediante el cual interpone recurso de inconformidad presentado ante esa autoridad responsable el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Coordinador del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto que se reclama. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". No se observa causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, motivo por el cual se procede a atender los conceptos de violación formulados. QUINTO. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, la quejosa, en resumen, señala: Que la falta de contestación a su escrito por el cual interpone un recurso de inconformidad, trastoca lo dispuesto en el numeral 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues las autoridades están obligadas a emitir un acuerdo en breve termino. SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación son fundados, al trastocarse el numeral 8° de la Constitución Federal. En primer lugar, cabe mencionar que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 8. "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del precepto transcrito, se advierte que toda autoridad, ante la petición que algún gobernado le realice por escrito, siempre que sea de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar una respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del interesado, también por escrito, el resultado de su solicitud. Entendiendo por "congruente" que la respuesta relativa debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión y sin consideraciones contrarias entre sí y por "breve término", el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, pero sin que el servidor esté vinculado a responder de forma favorable a los intereses del solicitante. Es aplicable la tesis XXI.1o.P.A. J/27 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y siete, libro XI, marzo de dos mil once, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se cita: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS." El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa.". La interpretación sistemática del artículo y criterios transcritos, revelan que toda autoridad ante la cual se haya presentado una solicitud o petición escrita por parte del gobernado, en forma pacífica y respetuosa, adquiere las obligaciones siguientes: 1.- Dar respuesta congruente y por escrito, dentro de un breve término; y, 2.- Notificar al particular la respuesta otorgada en el domicilio señalado para tal efecto. Luego, resulta claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho, y si esa petición se funda y motiva, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. Por ello, si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así deben decirlo claramente, expresando por qué lo estiman así, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con lo pedido, en un sentido o en otro, pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de causa. Ahora bien, en el caso concreto, la quejosa interpuso recurso de inconformidad, presentado ante esa autoridad responsable, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés y ya que, ni hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de agosto de dos mil veintitrés), ni durante la prosecución del juicio, menos aún, hasta este momento en que se resuelve, la responsable se ha pronunciado sobre lo pedido, conforme al texto del numeral 38 de la Ley por la que se crea el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, que dispone: Artículo 38.- Recibido el escrito por el que se interpone el recurso, el título y el informe del Registrador, el Coordinador, resolverá respecto a la procedencia o improcedencia de la inconformidad, y revocará en su caso el acto administrativo del cual se interpuso el recurso, declarando la nulidad lisa y llana o para efectos en el plazo de ocho días hábiles. Entonces, es de concluir, que el acto de omisión reclamado, es atentatorio del numeral 8° de la Carta Magna, pues al señalar la ley que la responsable debe resolver dentro del plazo de ocho días sobre la procedencia o improcedencia de la inconformidad, y, siendo que ya han transcurrido más de seis meses, sin que se haya pronunciado conforme al texto de la ley, menos aún -por razones obvias- se ha ordenado notificarla, es claro existe una infracción al imperativo constitucional descrito, en cuyo caso, por ser ello una violación directa a la Constitución, lo propio es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTIFCIA FEDERAL QUE SE SOLICITA. El efecto de la concesión del amparo, es que: 1.- Inmediatamente que cause ejecutoria esta resolución, el Coordinador del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, dé contestación congruente, fundada y motivada a la petición formulada por la parte quejosa, respecto de la interposición de su recurso de inconformidad, que se dice recibido ante esa autoridad responsable el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. 2. Lo notifique a la quejosa dentro del plazo de tres días. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 38, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1738, del libro 46, septiembre de dos mil diecisiete, tomo III, Registro digital: 2015181, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Se puntualiza, los efectos de la resolución concesoria del amparo, no pueden comprender el constreñimiento a la responsable para que ineludiblemente admita el recurso hecho valer por la ahora quejosa, Lo anterior, porque ese punto está inmerso en la solicitud hecha por la quejosa a la responsable, cuya procedencia deberá ser ponderada sólo por la autoridad en mención, con base en los elementos demarcados en la ley que rige su actuación. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a********************contra el acto reclamado al Coordinador del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, por los motivos y para los efectos previstos en el considerando penúltimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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