Eva Ayerim Santiago Hernández
Expediente 460/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eva Ayerim Santiago Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, a través del cual la actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, remite testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 59/2021, asimismo informa que este Juzgado Octavo Distrito es el competente para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel López Suárez, como asesor jurídico de la víctima del delito Eva Ayerim Santiago Hernández; acúsese de recibo y hágase del conocimiento al Tribunal de Alzada, así como el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, que este Juzgado, y de conformidad a lo determinado por la superioridad, continua con el trámite del presente asunto. Ahora bien, de un estudio integral de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por actualizarse un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, como lo que dispone el numeral en mención: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Luego, quien esto provee considera que debe desecharse la solicitud de protección constitucional promovida por Miguel Ángel López Suárez, como asesor jurídico de la víctima del delito Eva Ayerim Santiago Hernández, reclama la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la que el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Circuito de la Cuenca con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, modificó la medida cautelar de prisión preventiva del imputado en una causa penal 8/2021, imponiendo la de resguardo domiciliario. Lo anterior, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último interpretado en sentido contrario, que en lo que interesa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, comunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Además, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.).". El principio de definitividad consagrado en el primer numeral transcrito, impone al promovente la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio destaca en el hecho de que el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado, puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que podrían perjudicarle. Luego, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el numeral invocado, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; 3. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y 4. Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, previstos en los incisos a), b) y c), del citado numeral, los actos reclamados que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; los que afecten la libertad personal del promovente, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento; lo que en el caso no acontece. Ahora bien, el artículo 160 en relación con el diverso 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "CAPITULO IV, MEDIDAS CAUTELARES, SECCIÓN I, Disposiciones generales; "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales. Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables.". SECCIÓN II, Apelación, APARTADO I, Reglas generales de apelación: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares." Al respecto, de los citados preceptos se colige que en los juicios del orden penal, son materia de impugnación, mediante el recurso de apelación, las decisiones judiciales relativas a medidas cautelares pronunciadas por el Juez de Control, el cual tiene como objeto que el superior confirme, revoque o modifique la determinación dictada por el inferior. Ahora en el caso, la resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictada en la audiencia de revisión de la medida cautelar en la causa penal 08/2021, en la que el Juez responsable modificó la medida cautelar, se sustenta en la fracción XIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala: "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: (.) XIII. resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o;" Medida cautelar, que, como ya se dijo, obliga al justiciable a la observancia del principio de definitividad, sin que se actualice alguna excepción a éste, ya que como se refirió, el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad a la promovente, ni se trata de un acto que afecte su libertad personal, sino que atendiendo a su contenido, podría incidir sobre la forma de conducción del proceso por parte del imputado, y sin que por ello se vea afectada la posible garantía a la reparación del daño a la víctima promovente; de ahí que, de querer inconformarse en contra del mismo, antes de que se emita sentencia definitiva, debe agotar el medio ordinario de defensa que al efecto establecen los artículo 160 y 467 fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la apelación. Sin que al efecto se pueda considerar actualizada alguna de las excepciones a que alude la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, referente a las violaciones directas a la constitución, pues no se está en el caso de que el medio de defensa que está previsto para combatir el acto en estudio se encuentre contemplado en un reglamento, pues como se precisó en líneas precedentes, es el propio Código Nacional de Procedimientos Penales el que lo estipula. Luego entonces, si el citado medio de defensa está legalmente previsto, su agotamiento previo al juicio de amparo, no es potestativo para el amparista, sino obligatorio a éste, aun cuando reclamara un acto en juicio de imposible reparación, de ahí que debió interponerse en forma previa a este juicio. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018, con registro 2017117, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo I, junio de 2018, página ocho, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último interpretado en sentido contrario, procede desechar la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel López Suárez, como asesor jurídico de la víctima del delito Eva Ayerim Santiago Hernández. Téngase a la parte quejosa señalando la modalidad electrónica para recibir acuerdos y notificaciones, y conforme a la certificación secretarial, por autorizado(s) únicamente para imponerse de los autos a la(s) persona(s) que menciona. Por otro lado, atendiendo a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario MIGUELSUA, para que consulte el expediente electrónico de este asunto. Asimismo de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase al promovente que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el(los) usuario(s) que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al secretario encargado del trámite, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE. Lo provee y firma electrónicamente, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciado Ramiro García Simón, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3190/2021 de esa data, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, ante el licenciado Román Fierros Zárate, quien autoriza y da fe.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y DE TRABAJO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO, informa que recibió los autos del juicio de amparo 250/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz (órgano requirente), para la substanciación del conflicto competencial suscitado; el cual se admitió a trámite con el número 59/2021 de esa estadística. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual acusa de recibo de los autos del presente asunto e informa sostener su criterio emitido de dieciséis de abril del año en curso; por tal motivo, remitió expediente al Tribunal Colegiado Competente a efecto de resolver el conflicto competencial que acontece. De lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. CÚMPLASE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Únicamente agréguese a los autos el oficio número 93/2020, de la Secretaria encargada por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca y anexo que acompaña, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho número 55/2020, orden 80/2020. Dese de baja en la estadística y en el libro de gobierno, sin hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que ya se archivo el presente juicio de amparo. CÚMPLASE
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