Evangelina López Silva
Expediente 573/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Evangelina López Silva
Actuaciones
- Principal
... transcurrió el término para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído a través del cual se desechó su demanda de amparo, sin que lo hiciera valer... procede declarar que dicho acuerdo CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción...
- Principal
... promueve juicio de amparo indirecto... regístrese... se concluye que este juicio de amparo es improcedente, debido a que lo que se reclama es un acto administrativo, que puede modificarse o anularse a través del juicio contencioso administrativo, previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, por lo que la promovente, antes de acudir al amparo, debió agotar dicha instancia.... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se autoriza a... para efectos de que intervenga en su nombre en este asunto... se autoriza a... únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo indirecto contra actos del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, regístrese con el número *** y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda y documentales que lo acompañan, se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que la parte promovente, antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley; ya que dada su naturaleza extraordinaria, el juicio de amparo solamente procede excepcionalmente contra actos revisados a través de los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos, salvo los casos de excepción expresamente previstos. En atención a ello, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por otra parte, el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, dispone: Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: I. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; III. Actos que dicte, ordene, ejecute a trate de ejecutar, de manera unilateral la autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de la misma naturaleza que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recursos de revocación a que se refieren la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VI. Resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público, cuya nulidad demande la autoridad; VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación del presente Código o las previstas en la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VIII. Actos administrativos dictados por la Administración Pública en los supuestos a que se refieren los artículos 1, párrafo primero, y 2, fracciones II y XVI, del presente Código, que afecten derechos de particulares o de autoridades; IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; X. Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; XI. Incumplimiento de contratos administrativos celebrados por la Administración Pública estatal o municipal y los organismos autónomos; y XII. Los demás actos y resoluciones que señale la ley. HECHOS En el caso, del análisis integral del escrito de demanda de amparo y documentales que lo acompañan, se advierte que la promovente señaló como acto reclamado el siguiente: - El oficio *** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, con residencia en esta ciudad. Cabe destacar que a través de dicho oficio la autoridad responsable ordenó el retiro de bienes muebles consistentes en protecciones metálicas que se ubicaban en un inmueble que la parte quejosa aduce es de su propiedad. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye que este juicio de amparo es improcedente, debido a que lo que se reclama es un acto administrativo, que puede modificarse o anularse a través del juicio contencioso administrativo, previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, por lo que la promovente, antes de acudir al amparo, debió agotar dicha instancia. Lo anterior, sin que se advierta algún supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro digital: 2020596 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 126/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 326 Tipo: Jurisprudencia JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada. Con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita la promovente, se autoriza a *** y ***, para efectos de que intervenga en su nombre en este asunto, en los términos que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión de licenciados en derecho; sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. Por otra parte, se autoriza a *** y ***, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, debido a que no cuentan con cédulas profesionales registradas en dicho sistema. UTILIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Asimismo, se autoriza el uso de medios digitales con la finalidad de imponerse de los autos dictados en el presente expediente, pues la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes favorecen el ejercicio de sus derechos de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en los artículos 209 y 209 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, debido a que las listas de acuerdos se publican tanto electrónicamente como en los estrados del juzgado, se considera innecesario realizar la certificación respectiva en los expedientes físicos, por lo que únicamente se hará constar en el expediente electrónico cuando algún acuerdo se notifique por lista a cualquiera de las partes, para su conocimiento. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.
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