Eva Peña Villanueva y Otros.

Expediente 996/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
996/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
13/07/2015

Partes del expediente

  • Eva Peña Villanueva y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído que desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales que sean procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA,EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve Eva Peña Villanueva, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 996/2015 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los artículos en cita, se deduce que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con lo anterior, cabe destacar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse a través del juicio de amparo, por ser de interés público. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis siguiente: Registro No. 190035 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Página: 31 Tesis: P./J. 32/2001 Jurisprudencia Materia(s): Común "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." HECHOS En el caso, el acto reclamado se hace consistir en: ? La supuesta orden de lanzamiento emitida en el expediente 2044/2009/VII del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, respecto del bien inmueble ubicado en el lote cuarenta y ocho (48), manzana treinta y uno (31), zona uno (1), de la calle Mazatlán y privada del mismo nombre, en la colonia Progreso Macuiltepec, en esta ciudad. Asimismo, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó que compareció a deducir sus derechos, mediante el escrito de dos de marzo de dos mil quince, en los autos del expediente 2044/2009/VII del índice del Juzgado responsable; asimismo, que en dicho expediente el diez de marzo siguiente, le autorizaron a los abogados patronos que designó. De igual forma, en el punto "2." del capítulo de hechos de la demanda, se advierte que la promovente conoció de la existencia del expediente del que emanan los actos reclamados, al menos, a finales del mes de febrero de dos mil quince. Por otra parte, del escrito de demanda, se advierte que el expediente 2044/2009/VII del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, está en sección de ejecución. CONCLUSIÓN De lo expuesto se deduce que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución y que la promovente conoció del juicio de origen, al menos desde finales del mes de febrero de dos mil quince; asimismo, que compareció a deducir sus derechos en el mismo; en ese sentido, se estima respetuosamente que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, ni con él se afectan derechos de la promovente que no se hubiesen discutido y decidido en el procedimiento de origen. Lo anterior es así, pues como se expuso precedentemente, por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que la supuesta orden de lanzamiento decretada en el expediente 2044/2009/VII del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, fue dictada en ejecución de sentencia firme, pronunciada en un juicio en el que la quejosa compareció a deducir sus derechos por conducto de sus abogados patronos, la cual, por su propia naturaleza no se considera como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de diversas diligencias y actos, de ahí que dicha diligencia no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Novena Época Registro: 166244 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.765 C Página: 1345 "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías". Época: Novena Época Registro: 178405 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/253 Página: 1331 "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Clemente Manuel Gándara Blásquez y Armando López Benavides, por contar con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a la restante profesionista que indica, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. V. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. VI. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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