Evangelina López Navarro
Expediente 819/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 24 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Evangelina López Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Certificación. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, José Enrique Ayala García, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del diecisiete al treinta de enero de dos mil veintitrés, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar. Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Certificación. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, José Enrique Ayala García, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del diecisiete al treinta de enero de dos mil veintitrés, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 819/2022 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del doce de enero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda y su ampliación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la quejosa y las autoridades responsables, las cuales obran agregadas al presente sumario, además de la presuncional en su doble aspecto legal y humano y la instrumental de actuaciones ofertadas por una de estas últimas. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 819/2022; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, ante este órgano jurisdiccional, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Sonora 1 del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Mediante proveído de veintinueve de junio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró bajo el número 819/2022; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de nueve de agosto del año en curso, se tuvo como tercero interesado a ********************, ordenándose su emplazamiento. El doce de agosto de dos mil veintidós, ******************** señaló como nueva autoridad responsable al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con sede en esta ciudad. Por auto de dieciséis de agosto siguiente, se admitió dicha ampliación de demanda, solicitándose el informe justificado correspondiente. El dieciocho de agosto ulterior, se emplazó al presente juicio de amparo, al tercero interesado ********************. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos atribuidos a autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: ? El embargo y remate del cincuenta por ciento del predio urbano, con clave catastral ********************, ********************en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. ? Todos los acuerdos de ejecución posteriores a la fecha de remate. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Sonora 1, del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, todos con sede en esta ciudad. toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que se confirma con las constancias que las responsables remitieron con su informe justificado; documentos a los que se les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Causa de improcedencia actualizada No se analizarán los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio, de conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, en su fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." De la anterior transcripción, se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, -reformado el seis de junio de dos mil once, aplicable al caso-, amplió el concepto de interés de parte agraviada. En efecto, del contenido de dicha norma constitucional se aprecia como requisito de procedencia de los juicios de amparo, lo siguiente: Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que se continúa exigiendo contar con el primero; y Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Ahora bien, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además, sea personal y directo como estaba antes de la reforma; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo. Así, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, es decir, una lesión objetiva a la persona derivada de la aplicación de la ley. De lo que se colige, que no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo- pues la doctrina y la jurisprudencia así lo han estimado, al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas para su procedencia, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En efecto, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de la demanda de amparo, de la que se advierte, como se estableció en párrafos que anteceden, que la solicitante de amparo reclama el embargo y remate del cincuenta por ciento del predio urbano, con clave catastral ********************, ********************en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como todos los acuerdos de ejecución posteriores a la fecha de remate. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que la quejosa sostiene su interés jurídico en base al cincuenta por ciento de la parte alícuota que le correspondía del inmueble que reclama y que fue objeto de remate y adjudicación dentro de los autos del procedimientos administrativo de ejecución seguido en contra de su esposo ******************** por parte de la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Recaudación de Sonora 1, del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad, y de cuyo procedimiento resulta ser tercera extraña. Sin embargo, de las copias certificadas que remitió el juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, y que se tuvieron por recibidas mediante auto de dieciséis de diciembre del año próximo pasado, se advierte que efectivamente, como lo señala la autoridad responsable indicada en el apartado anterior, del expediente número ********************, del índice de aquél juzgado, la quejosa ******************** y su esposo ********************, fueron demandados por el apoderado legal de ********************, en la ******************** sobre el inmueble consistente en ********************. De tales constancias en lo que aquí interesa se advierte específicamente que después de perder el citado juicio y dictárseles a los demandados de mérito sentencia condenatoria, mediante diligencia de remate en primera almoneda de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se adjudicó el indicado inmueble a favor de ******************** en su carácter de parte actora al ser el cesionario de los derechos litigiosos al respecto, diligencia que fue aprobada por auto de once de noviembre de dicha anualidad, la cual causó firmeza por auto de veintisiete de noviembre siguiente. Por lo que, es inconcuso que la quejosa ********************, no se le causa afectación alguna con lo actuado por la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Recaudación de Sonora 1, del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad, al no habérsele notificado respecto del remate y adjudicación del mismo bien inmueble en mención, en cuanto a la parte alícuota que refiere en su demanda de amparo. Lo anterior, dado que la aquí quejosa perdió dicha propiedad desde la fecha en que se declaró firme la aprobación del remate y adjudicación de tal inmueble dentro de los autos del juicio hipotecario ********************, del índice del Jugado Segundo de lo Civil de esta ciudad, seguido en su contra. Lo anterior encuentra sustento, por las razones que expone, la jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así, el peticionario de amparo para acceder a la justicia constitucional debe acreditar fehacientemente la afectación que resiente a su esfera de derechos, es decir, demostrar la existencia del derecho subjetivo afectado en forma personal y directa; sin que del sumario en que se actúa, se advierta que cuenta con alguna de las calidades antes mencionadas. Es aplicable al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a 1994, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Decisión En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Pues, el hecho de que de los informes justificados y anexos aportados por las autoridades responsables se advierta la existencia del acto reclamado, no implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, pues, no releva a la quejosa de la carga procesal de justificar su interés, y en el caso no lo demostró para promover el juicio de amparo, puesto que el cincuenta por ciento de la parte alícuota que refiere en su demanda para ejercer el derecho del tanto y participar en la diligencia de remate en el procedimiento administrativo de ejecución ante la responsable, ya no es de su propiedad, por tanto, es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la SCJN, que se localiza en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." El sobreseimiento del amparo se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ambos con sede en esta ciudad, toda vez que dicho acto no se impugna por vicios propios. Es aplicable la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiado del Circuito, visible a pagina 286 volumen 97-96, sexta parte del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisadas en los apartados II y III, por los motivos expuestos en el diverso IV de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García secretario que autoriza y da fe. Doy fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO
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