Evangelina Fregoso Quintana

Expediente 229/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 24 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
229/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Evangelina Fregoso Quintana
  • Juez Interino del Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha, en el cuaderno principal se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente y se ordenó proveer sobre la valoración y destino de los cuadernos incidentales; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL cinco de agosto de dos mil veintidós Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -quejosa, autoridades responsables, tercero interesado y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, e informes justificados. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los informes rendidos por las autoridades responsables. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, tercero interesado y las autoridades responsables coordinador general de la Central de Actuarios de Ejecutores y Notificadores, y el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su especial naturaleza la probanza de referencia. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar los formulados por la parte quejosa y tercero interesado. El juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos de mérito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido a las demás partes el derecho de formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 229/2022; al tenor de los considerativos: I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente -por razón de turno- a este Juzgado de Distrito, Evangelina Fregoso Quintana, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del juez interino del Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, y otras autoridades. El uno de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se notificó a la parte tercera interesada; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. II. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, párrafo segundo, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que los actos de reclamo tienen ejecución en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo en relación con las constancias que integran el juicio, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: Del juez interino del Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México: La orden de lanzamiento del inmueble ubicado en Isla del Tiburón 1262-A, Fraccionamiento Residencial del Bosque, en esta ciudad, con motivo del juicio especial hipotecario 286/1999. Del juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y coordinador general de la Central de Actuarios de Ejecutores y Notificadores, ambos del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, así como del comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal: La ejecución de la orden de lanzamiento mediante exhorto 14/2022 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo. IV. Certeza de los actos en reclamo Son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables, pues pese a la negativa que realizaron al rendir informe con justificación. Su certeza se advierte con las constancias exhibidas por la parte quejosa y la propia autoridad responsable con carácter de ordenadora; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por ello, en vía de consecuencia, se advierte la certeza del acto reclamado a las autoridades con carácter de ejecutoras, acorde a la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXVII, página 839, Quinta Época, Materia Común, con registro 318448, del tenor literal: "AUTORIDADES EJECUTORAS, EXISTENCIA DE SUS ACTOS. Aun cuando una autoridad haya negado el acto que se le atribuye, teniendo la misma el carácter de mera ejecutora, resulta cierto el acto indicado, si las ordenadoras admiten haber dictado las órdenes que se les atribuyen y la autoridad ejecutora, dentro de las atribuciones que le son propias, está obligada a velar por el cumplimiento de esas órdenes; pues es claro que la existencia de los actos ordenadores trae como consecuencia la de los de ejecución, tanto más si en los términos de la demanda, aunque futura, la ejecución reclamada es cierta e inminente." V. Causa de improcedencia actualizada En la especie, se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracciones I y III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; (...)" Así, de una interpretación de los artículos transcritos, se advierte que las personas extrañas a juicio podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que los afecten. En el entendido, que por disposición expresa del último párrafo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, o que pertenezca a una colectividad donde la norma constitucional establece o tutele algún interés difuso, es decir, forzosamente debe contar con un interés jurídico o legítimo comprobable plena y fehacientemente, y no hacerse derivar de presunciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.51/2019 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, con registro 2019456, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Asimismo, la diversa 1a./J.168/2007, sustentada por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, con registro 170500, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por tanto, -en el caso- la promovente debe demostrar que es titular del derecho de propiedad o posesión conculcado por los actos de autoridades; lo cual no significa que en el juicio constitucional se decida y se haga un pronunciamiento sobre la titularidad de ese derecho, sino que dicho análisis en relación con el valor probatorio de los documentos, deberá realizarse exclusivamente para efectos de comprobar el interés jurídico y, por consecuencia, la legitimación de la promovente y la procedencia del juicio de amparo. Así, Evangelina Fregoso Quintana acude a esta instancia reclamando la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en Isla del Tiburón 1262-A, Fraccionamiento Residencial del Bosque, en esta ciudad, con motivo del juicio especial hipotecario 286/1999 del índice del Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, y que a su vez, se pretende materializar por exhorto 14/2022 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo. Ahora, de las constancias que obran en autos, se acredita que la orden de lanzamiento es relativa a la ejecución de sentencia del juicio especial hipotecario 286/1999, por el cual en diligencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno se celebró remate en primera almoneda que ordenó la adjudicación del inmueble ubicado en calle Isla del Tiburón, lote 8, manzana 4, colonia Bosque Residencial, en esta ciudad, en favor de Desarrollos Urbe, sociedad anónima de capital variable, con motivo de la condena impuesta a Luis Felipe López Gutiérrez; hasta aquí es claro que la accionante del amparo no es parte en el procedimiento de ejecución de origen. Por ello, en relación con el derecho sobre el citado inmueble -durante la secuela procesal del juicio de amparo- la quejosa refirió acreditarlo con copia certificada del juicio ordinario civil 1273/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en el que instauró la acción de prescripción adquisitiva (usucapión) contra Luis Felipe López Gutiérrez respecto a la casa habitación 1262-A de la avenida Isla del Tiburón y lote de terreno urbano sobre la cual se encuentra construida, marcado con el número 8, manzana IV, Fraccionamiento Del Bosque Residencial, en esta ciudad. Sin embargo, de las propias constancias aportadas por la quejosa se advierte que el juicio 1273/2015 se admitió a trámite el veinticinco de noviembre de dos mil quince, y en diecisiete de mayo de dos mil dieciséis se ordenó el emplazamiento del demandado mediante la publicación de edictos acorde a la legislación estatal en materia civil, sin que se haya continuado con la tramitación del litigio hasta la emisión de sentencia ejecutoriada. De ahí que, dicha documental es ineficaz para acreditar la posesión del inmueble materia del juicio de origen, que considera tener la quejosa. Y al ostentarse como tercero extraño al juicio 286/1999, porque lo ocupa en calidad de poseedora desde el año mil novecientos noventa y seis, sin que lo haya demostrado; es claro, que su sola manifestación no genera derechos, y la ubica como simple ocupante con posesión material más no de derecho, al no contar con un título que sustente la figura jurídica o precepto legal que le genere el derecho a poseer; máxime, que de los documentos allegados al juicio, no se advierte que el inmueble en controversia esté en su posesión bajo algún título jurídico ni que tenga un derecho público subjetivo sobre el mismo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J.1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, con registro 187733, del tenor literal: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así como la tesis 2a. LIII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, página 333, registro 198745, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley." Consecuentemente, como la simple detentación material no está protegida por el artículo 14 Constitucional, la quejosa carece de interés jurídico para solicitar la protección constitucional; por tanto, en el presente juicio se actualiza la causal de sobreseimiento que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. VI. Decisión En las relatadas condiciones, procede sobreseer en el presente juicio en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. VII. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Evangelina Fregoso Quintana, respecto de los actos precisados en el apartado III, por las razones expuestas en el considerativo V de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó el licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el licenciado Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Hiram cinco de agosto de dos mil veintidós

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de julio de dos mil veintidós. Apersona moral tercera interesada. Agréguese a los autos el escrito suscrito por el apoderado de la moral tercera interesada Desarrollos Urbe, sociedad anónima de capital variable, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada al presente juicio con el carácter que se ostenta. Número telefónico. En cuanto al número telefónico que menciona, se le tiene por proporcionado para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales, en términos de los ordinales 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Autorizados. Asimismo, ténganse por autorizadas a las personas que menciona en su escrito, lo anterior en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otro lado, en atención a su diversa petición, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "PALA881121U6A", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Ahora bien, no se soslaya que en el escrito que se atiende la parte tercera quejosa igualmente señaló domicilio para efecto de recibir notificaciones; sin embargo, las subsecuentes notificaciones se realizarán mediante el usuario de referencia, dado que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaría de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. Invoca causal. Por último, toda vez que realiza diversas manifestaciones en las que invoca causal de sobreseimiento, por tanto, habrá de analizarse en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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