Evangelina Cota Gaytan

Expediente 82/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
82/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Evangelina Cota Gaytan

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto el referido medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en los diversos 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara firme dicho proveído; por tanto se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Radicación. Vista la demanda de cuenta presentada por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México regístrese bajo el número 82/2023-C-2. Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece que se deberá examinar la demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo este contexto, se destaca que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en lo siguiente: La omisión de verificar que se haya practicado la notificación al imputado ordenada en audiencia de catorce de noviembre de dos mil veintidós. En esos términos, respecto del acto reclamado ante señalado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, dicho precepto consagra el principio de definitividad que rige en la materia de amparo, que consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que regula el acto reclamado, con la finalidad de modificarlo, revocarlo o nulificarlo, previo a ejercer la acción constitucional; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente contra las resoluciones judiciales susceptibles de ser recurridas, cuando no se haya agotado el recurso procedente. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio de amparo el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación del derecho fundamental al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera cuando no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico o el tribunal de segunda instancia. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que este agote las facultades que le competen, ya que de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sobre el particular, es importante señalar que las omisiones susceptibles de combatirse en sede judicial ordinaria no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral, o solo las que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que, por medio de dicho recurso innominado, puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. De ahí que la parte quejosa, previo a acudir a la vía de amparo indirecto, debió promover el recurso contemplado por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de reclamar los actos que describe en el escrito inicial de demanda, consistente en la negativa de dar trámite a la denuncia de hechos presentada por el quejoso el tres de noviembre de dos mil veintidós. De ahí que, al no ser definitivo el acto que se analiza, no es susceptible de impugnarse por medio del juicio de amparo, pues, como ya se estableció, en contra de las omisiones que se atribuyen al represente social procede un medio de defensa legal ordinario, a través del cual pueden ser nulificadas. En ese orden de ideas, al constatar que se actualiza la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el diverso 113 de la misma legislación. Domicilio y autorizados. De conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista de acuerdos que se fija en lugar visible de los estrados de este juzgado por así haberlo solicitado.

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