Evan Itzae Tafoya Luis
Expediente 379/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Evan Itzae Tafoya Luis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de uno de julio de dos mil veintidós, para que expresará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, sin que haya realizado manifestación alguna. En ese contexto... se declara cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, pues de lo expuesto se obtiene la satisfacción de los efectos para los cuales se concedió la protección federal... Háganse las anotaciones correspondientes; adjúntese el original del incidente de suspensión y archívese como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se considera que este expediente es susceptible de ser depurado, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, por tanto deberá ser enviado al archivo de manera provisional para ser conservado ahí durante el período de tres años, antes de transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se considera que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, por lo que, con fundamento en la fracción II, inciso a) del artículo 20 de la citada disposición general, envíese al archivo del juzgado de manera provisional para ser conservado ahí durante el término de seis meses, contado a partir de la fecha de la resolución interlocutoria correspondiente, antes de ser destruido. Por otra parte, se estima que el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, con apoyo en el artículo 21, inciso c) del citado acuerdo, ello en atención a que en éste se negó la suspensión provisional y definitiva. Además, atendiendo al prudente arbitrio del suscrito juzgador, se considera que este expediente no tiene relevancia documental para ser resguardado y no se ubica dentro de las hipótesis del artículo 15 del acuerdo mencionado. Finalmente, toda vez que obra un tomo de pruebas por separado, mismo que se formó en virtud de las constancias que adjuntó la Juez Tercero Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, del Estado de México, al rendir su informe justificado, consistente en copias certificadas del juicio 250/2018; en consecuencia, devuélvanse las mismas, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio con anexo de cuenta, mediante el cual el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, así como de la resolución de la misma data, emitida en el expediente 250/2018. Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa con tales constancias, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable dio cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa dentro del término para ello concedido, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintidós dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme lo dispone el segundo párrafo del 2 precepto de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia causó ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registros de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese lo anterior a las partes. En ese sentido, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, del Estado de México, para que dentro del término de tres días, dé cumplimiento a la sentencia de veintiséis de mayo del presente año. Apercibida que de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad en lo estatuido en el arábigo 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación ante autoridad competente.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la misiva de cuenta suscrita por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, mediante el cual en cumplimiento a la circular CAR 3/CCNO/2022, de uno de abril de dos mil veintidós, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que en fecha veintisiete de mayo de la presente anualidad, dictó la sentencia definitiva en el expediente auxiliar 111/2022, relativo al juicio de amparo en que se actúa, por ende, dejó a disposición de este juzgado de distrito el archivo electrónico de la resolución de mérito en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes. En ese sentido, notifíquese a las partes la resolución dictada en el presente juicio, a saber: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 379/2021 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, promovido por Jéssica Jaqueline Luis Navarro, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad, con iniciales E.I.T.L., contra el acto reclamado del Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito de demanda presentado el tres de mayo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, se solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: "III. Autoridad responsable: C. Juez Tercero Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. IV. Actos reclamados (sic): Sentencia interlocutoria de recurso de revocación de fecha 16 de abril del 2021, dictado por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México." Lo que la parte quejosa estima contrario al artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, registró la demanda de amparo con el consecutivo 379/2021; y solicitó a la parte quejosa aclarara su demanda, para que indicara si promueve la demanda de amparo por propio derecho o únicamente en representación del menor de edad de iniciales E.I.T.L. El Juzgado Auxiliado, en proveído de trece de mayo de dos mil veintiuno, una vez que estimó desahogada la prevención aludida, en la que Jessica Jaqueline Luis Navarro, manifestó que promueve su demanda de amparo por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales E. I. T. L; la admitió a trámite atendiendo a la aclaración formulada; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; tuvo como tercero interesado a Marco Antonio Tafoya Robles; le dio a la agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició a las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno, conforme al acta respectiva. TERCERO. Remisión del expediente al Juzgado Auxiliar. Tramitado el juicio de amparo, mediante oficio 10/2022, firmado electrónicamente por el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, se puso a disposición de este Juzgado Federal -entre otros- el expediente electrónico del juicio de amparo indirecto 379/2021 de su índice, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), en términos de los Acuerdos Generales 51/2009 y 52/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, juicio de amparo que le correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, el que ordenó formar el cuaderno auxiliar 111/2022; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos Primero, fracción II, Segundo, fracción II, punto tres, Cuarto, fracción II; y Quinto, primer párrafo, punto nueve y segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece; en relación con el punto PRIMERO del diverso acuerdo número 51/2009, del mismo órgano colegiado, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran; punto PRIMERO del Acuerdo General 52/2009 del mencionado órgano, relativo al inicio de funciones de este juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; y oficio SECNO/STCCNO/195/2022 de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emitido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se comunica que este órgano jurisdiccional apoyará a partir de marzo del mismo año en el dictado de sentencias al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; en atención a que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito de competencia de dicho órgano de control de la constitucionalidad, al que este órgano jurisdiccional está apoyando en el dictado de las sentencias. Asimismo, previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control de la constitucionalidad se encuentra circunscrita a dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, al haber sido creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelve con base en los registros digitales que existen en el expediente electrónico que consta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, conforme lo integró el Juzgado Auxiliado. De conformidad con lo establecido en los puntos primero y quinto, primer párrafo, del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán. Así, se tiene que la parte quejosa reclama del Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México: la resolución emitida en el expediente 250/2018, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el recurso de revocación que confirmó el auto de veintidós de marzo de ese año. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado previamente citado, atribuido al Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Aunado a lo expuesto, la certeza se corrobora con la copia certificada electrónica del expediente 250/2018, misma que merece pleno valor probatorio según lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del referido Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que para tal efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ello aconteció el tres de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior se justifica porque la resolución reclamada se notificó a la parte quejosa por lista el diecinueve abril de dos mil veintiuno, por lo que, de conformidad con el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; por tanto, el plazo trascurrió del veinte de abril al once de mayo del citado año, de ahí que su demanda se haya presentado en tiempo. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Las partes no invocaron causa de improcedencia o sobreseimiento y este órgano judicial tampoco advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado; además, de ninguna manera es obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que dicha legislación nada establece al respecto. SEXTO. Antecedentes. Previo al estudio de los conceptos de violación, resulta conveniente destacar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado y que se obtienen del expediente 250/2018, los cuales son suficientes para poner de manifiesto lo siguiente: 1. El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, Jessica Jaqueline Luis Navarro por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales E.I.T.L., demandó en vía de controversia familiar a Marco Antonio Tafoya Robles, la guarda y custodia provisional, en su momento la definitiva, de su menor hijo, así como el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva a favor de aquélla y del menor de edad. (Fojas 5 a 13 del anexo 1) 2. La demanda fue radicada con el expediente número 250/2018, del índice del Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la cual mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite y se ordenó el emplazamiento al demandado *******. En el mismo proveído, se decretó la guarda y custodia del menor de edad a favor de *******; también se determinó pensión alimenticia provisional a favor del infante de iniciales E.I.T.L, y a cargo de Marco Antonio Tafoya Robles, por el veinte por ciento, del sueldo y demás percepciones tanto ordinarias como extraordinarias, previas las deducciones, señaladas por la Ley. (Fojas 23 a 30 del anexo 1) 3. En auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte demandada contestando la demanda reconvencional entablada en su contra. (Fojas 117 y 118 del anexo 1) 4. En audiencia inicial de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, las partes manifestaron su voluntad de celebrar un convenio mediante el cual resuelven las pretensiones reclamadas en el procedimiento para darlo por terminado. En cuyas cláusulas se establecieron los términos y condiciones en que se convino la guarda y custodia definitiva del menor de edad de iniciales E.I.T.L.; la pensión alimenticia definitiva en favor de aquél, por la cantidad de veinte por ciento del salario mensual y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que obtenga de su fuente laboral. Asimismo, en su cláusula tercera establecieron el régimen de convivencias y visitas que el tercero interesado tendrá con su hijo. El convenio se aprobó y se elevó a cosa juzgada, por lo cual se decretó como asunto totalmente concluido. (Fojas 127 a 132 del anexo 1) 6. En proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, al tomar en consideración el contenido de la cláusula Tercera del convenio celebrado en audiencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, ordenó requerir a la aquí quejosa, en el domicilio particular señalado en autos para que permita la convivencia entre el menor de edad de iniciales E.I.T.L., y su aludido progenitor, el día seis de marzo de dos mil veintiuno, en un horario de las diez a las diecisiete horas, del domingo siete de marzo posterior; ello en términos de la cláusula tercera del convenio aludido, con el apercibimiento a la madre de la menor de edad, que de no permitir la convivencia en el día y en el horario antes indicado, se le impondrá una multa consistente en veinte unidades de medida de actualización diaria. (Fojas 229 y 230 del anexo 1) 7. En proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en la cláusula tercera del convenio celebrado en audiencia de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se ordenó requerir en su domicilio a la aquí quejosa, para que permita la convivencia entre el menor de edad con iniciales E.I.T.L., y su progenitor Marco Antonio Tafoya Robles, el día sábado diez de abril de dos mil veintiuno, en un horario de las diez a las diecisiete horas del domingo once de abril del citado año, con apercibimiento a la parte actora que de no permitir la convivencia el día y en el horario antes indicado se les hará efectivo el apercibimiento, decretado en auto de veintidós de febrero mencionado. (Fojas 281 y 282 del anexo 1) 8. La aquí quejosa, interpuso recurso de revocación mediante escrito exhibido el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en contra del proveído que antecede; el cual se admitió en proveído de veintiséis de marzo siguiente. (Fojas 295 a 315; 329, 330 del anexo 1) 9. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno se resolvió el recurso de revocación, que confirmó el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno. (Fojas 489 a 494 del anexo 1) Esta última resolución constituye el acto reclamado en el presente controvertido de derechos. SÉPTIMO. Estudio del fondo de asunto. No se transcribirán los conceptos de violación hechos valer, pues la formalidad que sobre el dictado de las sentencias de amparo impone el artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con el 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se refiere a los principios de congruencia y exhaustividad, los cuales se satisfacen por la autoridad de orden constitucional, cuando precisa los puntos sujetos a debate, los estudia y les da respuesta vinculada y correspondiente a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis y en ese contexto, se reitera, ninguna afectación se causa por la simple falta de transliteración. La quejosa manifiesta en parte de sus motivos de disenso, que en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, no aseguro la integridad física de su menor hijo, ya que no especificó a dónde se lo llevará y en qué domicilio permanecerá, por más de veinticuatro horas, lo cual expone la salud de su menor hijo, pues con la alerta sanitaria a nivel mundial, hay un alto riesgo de que su pequeño quede contagiado por el virus Sars-CoV -2, al salir de confinamiento de un domicilio a otro que se desconoce, arriesgando su salud física así como la de sus familiares que lo rodean, además de contradecir las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. Asimismo, que se niega el cambio de régimen de convivencia provisional, para que se realizaran de manera remota y por los medios tecnológicos que determinara el juzgador, porque los derechos de su menor hijo deben estar por encima de los derechos de sus padres. Los argumentos previos son infundados, sin que se advierta motivo de queja que suplir en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En primer término, debe señalarse que el interés superior de la menor de edad se encuentra previsto en el párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa: "Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido desde la acción de inconstitucionalidad 11/2005, que el interés superior de la infancia implica que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado debe buscar el beneficio directo del infante, por lo que cualquier análisis de una disposición respecto de menores de edad implica que sea prioritario reconocer dichos principios. De igual forma el Pleno de nuestro Alto Tribunal consideró en el expediente Varios 1396/2011, siguiendo a la Corte Interamericana, que la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes compromisos: I. Suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; II. Asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su derecho a ser escuchados, se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, III. Procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático. Entonces, resulta claro que el Estado, debe tutelar el interés superior del menor de edad en cualquier procedimiento, lo que por supuesto implica también que dicho mandato tiene aplicación en todos aquellos juicios en que los menores sean parte. Lo anterior, porque la resolución y tesis anteriormente señalada establece que debe de adaptarse cualquier procedimiento a sus necesidades particulares, garantizando su asistencia letrada. Es decir, sin importar en qué calidad se dé la intervención de un menor en un procedimiento, el Estado debe asegurar que dicha intervención se realice con una asistencia adecuada, velando siempre por su interés y protección. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 8/2014, determinó que cuando los juzgadores analicen la constitucionalidad de normas o aplicarlas, deben realizar un escrutinio estricto de su necesidad y proporcionalidad si éstas inciden sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, de modo que permita vislumbrar los grados de afectación a sus intereses "y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento". Por su parte, los artículos 5.1, 5.2, 5.3, 5.3 Bis, 5.4, 5.8 y 5.16 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, respecto del interés superior de la menor y su intervención en el proceso jurisdiccional establecen: "Artículo 5.1.- Las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en este Libro, y en lo no previsto, con las del Libro Segundo de este ordenamiento. Las controversias de derecho familiar se consideran de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, estando facultado el juzgador para actuar de oficio, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, en materia de alimentos, guarda y custodia, patria potestad y de las cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares tendientes a preservar la familia y a proteger a sus miembros. El juzgador deberá implementar las medidas de protección conducentes, a fin de garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Tratándose de asuntos de reconocimiento de paternidad, el juzgador no requerirá nombrar a un tutor a favor del menor, excepto cuando quien lo promueva en su nombre tenga un interés opuesto al del menor. El juez dictará las medidas tendientes a garantizar de manera provisional y definitiva el derecho de niñas, niños y adolescentes y de los padres a gozar de la convivencia familiar, velando en todo momento por el interés superior de aquellos. Artículo 5.2.- Se sujetarán a estas controversias: I. Las que se susciten con motivo de alimentos, guarda y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, parentesco, paternidad, nulidades relativas a esta materia y las demás relacionadas con el derecho familiar; II. Las relativas al estado civil de las personas; y III. La petición de herencia después de la adjudicación respectiva. Al resolver una controversia, el juez podrá dictar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, entre otras, ordenar terapia médica, psicológica o social a sus progenitores o quienes integren el grupo familiar. Dentro de las 12 horas siguientes a la imposición (sic) alguna medida urgente de protección ordenada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. En los asuntos en que estén involucrados niñas, niños y adolescentes o incapaces, el juez deberá suplir la deficiencia de la queja en beneficio de estos. El Juez deberá dictar el auto admisorio de demanda, a más tardar al día siguiente en que haya recibido el escrito de demanda. El Juez girará oficio al centro laboral del demandado, al Instituto de la Función Registral del Estado de México, a las instituciones de seguridad social o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informen sobre sueldos, prestaciones, ingresos y bienes declarados por el deudor alimentario. La orden de descuento de los alimentos o el informe solicitado, se atenderá de inmediato por el responsable de la fuente laboral o del área de recursos humanos, y dará respuesta dentro del término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará una multa de arresto de hasta treinta y seis horas; sin perjuicio de la responsabilidad solidaria con el deudor alimentario y de su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Cuando no se acredite la capacidad económica del deudor alimentario, en atención a las circunstancias especiales del caso, se fijará en salarios mínimos, sin que pueda ser inferior a uno. Fuera de los casos anteriores, se ordenará requerir al deudor alimentario sobre el pago inmediato de dicha pensión provisional, embargando, en su caso, bienes de su propiedad que garanticen su cumplimiento. Como se observa, el citado Código Civil reconoce el principio del interés superior de la infancia y la obligación de los juzgadores y juzgadoras de vigilar su bienestar, así como de garantizar de manera efectiva sus derechos. En el caso concreto, de las constancias que integran el expediente de origen se advierte que el juzgado responsable sujetó su actuación al marco legal establecido, primordialmente al interés superior del niño. El planteamiento de la quejosa relativo a que en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, no aseguró la integridad física de su menor hijo, ya que no especificó a dónde se lo llevará su progenitor y en qué domicilio permanecerá, por más de veinticuatro horas, lo cual expone la salud de su menor hijo, es jurídicamente inexacto, tal como lo afirmó el juzgado responsable, al señalar que en el convenio de mérito, se estableció tanto el domicilio en el cual se ejercería la guarda y custodia, como el domicilio del progenitor, en el cual se llevará al menor durante la convivencia, sin desprenderse de autos situación alguna por la que el menor pudiera encontrase en peligro de contagio del virus SARC-Co-2 causante de la enfermedad Covid-19. Por tanto, se corrobora lo infundado del planteamiento en análisis, con el contenido de la cláusula primera del convenio mediante el cual la aquí quejosa y el tercero interesado en la presente vía constitucional (fojas 128 a 132), dieron por terminada la contienda, entre otros aspectos de guarda y custodia, al señalar: "Primera: ambas partes convienen que la guarda y custodia definitiva del menor *********** estará a cargo de la progenitora *********, la cual se ejercerá en el domicilio ubicado en calle Torre Pisa manzana 101, lote 18, en Santa María Guadalupe Las Torres en Cuatitlán Izcalli, Estado de México. Domicilio del progenitor: *********." Ahora, al margen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, del acto reclamado en cuanto que el Juzgado responsable sostuvo que de autos es inexistente situación alguna por la que el menor pudiera encontrase en peligro de contagio del virus SARC-Co-2 causante de la enfermedad Covid-19, pues no existía constancia ni manifestación, de que el demandado o sus familiares estén o hayan estado contagiados de dicho virus, aunado a ello, que es obligación del progenitor prever lo necesario para la salud y bienestar de su menor hijo, durante el tiempo que lo tenga bajo su cuidado. Los argumentos disidentes que controvierten el pronunciamiento citado, son infundados, ya que las cuestiones que aduce la quejosa, por sí mismas, se estiman insuficientes para justificar en el presente juicio de amparo, que el no suspender la convivencia con su progenitor pudiera causarle un daño o poner en riesgo su integridad o su salud, ya que el hecho de trasladar al menor de un domicilio a otro y estar en contacto con las familias de ambos progenitores, no implica por sí misma una situación de riesgo para el menor, máxime que son argumentos especulativos que no están respaldados por pruebas concretas; además de que la menor en todo momento deberá estar bajo el cuidado escrupuloso de su padre. De la misma manera, se estima que el hecho de que en el momento en que se emitió la resolución reclamada, dieciséis de abril de dos mil veintiuno existía en el país un estado de emergencia derivado de la pandemia por COVID-19, tampoco justificó suspender el régimen de convivencia decretado, pues en el Estado de México, lugar en donde se ubica el domicilio del progenitor, como se explicó con anterioridad, el número de contagios estaba reducido de manera importante. Por lo tanto, este órgano de control constitucional no advierte algún elemento que lo lleve a concluir que la continuación del régimen de convivencias fijado por los progenitores en el convenio elevado a las categoría de cosa juzgada, respecto del menor de edad de iniciales E.I.T.L. con su progenitor Marco Antonio Tafoya Robles, pudiera representar un peligro para la seguridad, salud, vida o sano desarrollo de la citada menor, motivo por el cual no se advierte alguna deficiencia en la queja que pueda ser suplida en aras de preservar el interés superior de la menor quejosa, ya que no se advierte que éste haya sido transgredido. Aunado a lo anterior, a la fecha que se emite la sentencia de amparo, el estado de emergencia derivado de la pandemia por COVID-19, sufrida en el país y particularmente en el Estado de México, ha desaparecido de forma tal que a partir del veintiséis de abril de dos mil veintidós, la Secretaría de Salud Federal ya no emitirá más informes sobre el Semáforo epidemiológico de COVID-19, por lo que el país se queda en Semáforo verde, como resultado de la disminución sostenida de casos de COVID-19; de ahí que sea infructuoso emitir pronunciamiento al respecto al haber variado las circunstancias que alega la quejosa, aspecto que se invoca como un hecho notorio. Por tanto, la resolución reclamada está ajustada a derecho, en cuanto mantuvo el régimen de convivencia provisional del menor de edad con su progenitor, en los términos previstos en el convenio celebrado por los progenitores entorno a tal régimen, y negó que se realizaran de manera remota y por los medios tecnológicos correspondientes. Por lo que, al no advertir vulneración al interés superior del menor, al mantener el régimen de convivencia con su progenitor, se preserva el estado emocional y psicológico del menor y la evolución de los lazos afectivos paterno filiales, lo cual permitirá proteger el sano desarrollo integral de éstas, se privilegia el interés superior del infante y no de la quejosa que lo representa. De ahí que a juicio de quien resuelve, se estima acertada la determinación del Juez de origen, ello con la finalidad de no afectar el sano desarrollo del menor, así como su entorno social, personal y psicológico, pues precisamente, en aras de proteger y salvaguardar sus intereses se mantuvo un régimen de visitas y convivencias que permitieran preservar el derecho del infante a convivir con ambos progenitores. En esas condiciones, evidenciada la transgresión al derecho de legalidad, consagrado en el artículo 16 constitucional, se concede el amparo y protección constitucional solicitada por Jéssica Jaqueline Luis Navarro, en representación de su hijo menor de edad, con iniciales E.I.T.L., para el efecto de que el Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México: 1) Deje insubsistente jurídicamente, la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de revocación, que confirmó el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno de ese mes y año, del expediente 250/2018, del citado órgano jurisdiccional; y, 2) Emita otra en la que subsane la deficiencia advertida en el presente fallo, es decir, de manera motivada, de modo concomitante con el régimen de convivencia establecido en el pluricitado convenio elevado a categoría de cosa juzgada, acate lo resuelto en el expediente 339/2020 radicado en el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en relación con la medida de protección para que el demandado no se acercara a la actora a menos de doscientos metros. No se soslaya que la quejosa solicita la aplicación en su beneficio del principio pro persona, interpretación conforme y el control difuso de convencionalidad "Ex Officio"; sin embargo este juzgador no advierte motivo justificado para realizar el ejercicio argumentativo correspondiente a esas figuras jurídicas, aunado a que la quejosa no proporcionó los elementos correspondientes para analizar la situación particular en que pretende se apliquen. Por lo expuesto, se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jéssica Jaqueline Luis Navarro y a su hijo menor de edad, con iniciales E.I.T.L., contra el acto reclamado del Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, del Estado de México, consistente en la resolución emitida en el expediente 250/2018, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el recurso de revocación que confirmó el auto de veintidós de marzo de ese año; por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia y para los efectos que ahí se precisan. Háganse las anotaciones pertinentes; incorpórese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que obre en el expediente electrónico; en su oportunidad y por la vía pertinente, infórmese al Juzgado Auxiliado esta circunstancia para los efectos legales procedentes; y archívese el expediente auxiliar 111/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, como asunto concluido.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · 8,254 expedientes
- Eva Montaño Galvan679/2023
- Eva Patricia Gutiérrez González523/2023
- Eva Patricia Gutiérrez González310/2022
- Eva Patricia Gutiérrez González1289/2023
- Eva Patricia Gutiérrez González868/2022
- Eva Vázquez Rodríguez338/2023
- Evan Josue Ríos Rangel267/2022
- Evangelina Cota Gaytan82/2023
- Evaristo Sanabia Reyes553/2018
- Evaristo Sanabia Reyes443/2018
- Evelia Jardón Colín1751/2017
- Evelin Wendolin Rediel Arellano1269/2019