Evangelina Cortez Galindo
Expediente 726/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Evangelina Cortez Galindo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se recurrió la resolución de quince de junio de dos mil veintiuno, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por Evangelina Cortez Galindo, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo del Ramo civil de la capital y otras autoridades, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
SE RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Saúl Abelardo Dávila Carreón, contra el acto que reclamó del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Guadalupe Victoria Durango y Juez Cuarto del Ramo Penal en esta ciudad, en los términos y para los efectos precisados en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese.
- Principal
. Radicación. Vista la demanda presentada por ***, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo del Ramo civil de la capital y otras autoridades. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) Por no existir manifestación de la voluntad. En la especie la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV. Actos reclamados.- De las autoridades que señalo como responsables. A Se reclama la orden de ejecución del contenido el auto dictado con fecha ocho de junio de dos mil veintiuno y notificado por lista a la partes con fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del incidente de oposición a la ejecución de sentencia que se deriva de las actuaciones del expediente número 229/2014 que se sigue ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil de este distrito judicial, así como la ejecución de la sentencia que se pretende llevar a cabo por conducto de los actuarios ejecutores adscrito al departamento de ejecución del tribunal superior de justicia en el estado de Durango y el personal de la Dirección de seguridad pública, de la ciudad de Durango, porque con dichas actuaciones se pretende privar a la suscrita de los derechos de posesión que tengo actualmente sobre el bien inmueble que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 13 metros 87 centímetros con calle sin nombre, al SURESTE en 21 metros 90 centímetros con el lote No. 02, AL SUROESTE en 9 metros 76 centímetros con calle sin nombre y AL NOROESTE en 25 metros 20 centímetros con calle sin nombre de la colonia Máximo Gamiz de esta ciudad de Durango, la cual corresponde el Tomo 25 de libro especial de CORETT bajo el número 8123 de fecha 6 de diciembre de 1989, en favor de MARGARITA MARTOS CORTES" Del contenido de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6 del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que no contiene la firma original de la quejosa ***, por lo que procede desechar la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto dichos artículos refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." (.) "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita" De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directo interesado o, en su caso, su representante legal o su apoderado, salvo en excepción de que se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Al efecto, resulta de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran entre los que está el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa" Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, su representante legal o apoderado, y que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; cuando no saben hacerlo o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. En el caso, al recibir la demanda que se analiza, en el sello plasmado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, se asentó: "OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO 2021 JUN 11 AM 9:18 Siete copias del escrito de la demanda, sin original" Asimismo, en el sello estampado al recibir la demanda, el personal de este juzgado asentó: "JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE DURANGO 14 JUN.2021 Recibido a las 08:30 Horas con 7 Copias de Demanda sin/orig. Copia anexo" Como se puede advertir, la firma de la demanda no cuenta con la firma original de la peticionaria ***, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6o. y 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra firmada por el interesado, su representante legal o su apoderado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente; por tanto, la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el artículo 3 de la Ley de Amparo prevé que es optativo para la promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa, para estimar satisfecho el principio de instancia de parte agraviada; de lo contrario, deberá desecharse la demanda de amparo. Por tanto, en atención a que el personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango y de este órgano jurisdiccional, asentaron que se recibieron siete copias del escrito de demanda sin original, es dable colegir que no se presentó la demanda que cuenta con la firma original, como se advierte del contenido de la jurisprudencia que por las razones que la informan se invoca: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA.- Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida" En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda que nos ocupa. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. a. Quejoso. ***, por derecho propio. b. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en *** de esta ciudad. . IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Notificación a las partes. En estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autorizan las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VIII. Firma del presente acuerdo. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º. de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo será firmado mediante el certificado digital de firma electrónica, dejando evidencia criptográfica, así como las subsecuentes determinaciones. Notifíquese personalmente.
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