Evangelina Cortez Galindo

Expediente 766/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
766/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Evangelina Cortez Galindo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se recurrió la resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por ***; por tanto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido manual, en razón de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que el diez de junio el año en curso, se agregó el informe justificado rendido por Juez Segundo de lo Familiar de este Primer Distrito Judicial de Durango, con el cual se dio vista la partes, por lo que se encuentra transcurriendo el término a que alude el artículo 117 de la ley de amparo para que éstas se impongan de su contenido; en mérito de ello, a fin de no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del cuatro de agosto del año en curso.

  3. Principal

    agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de veintitrés de junio del año en curso. Decisión sobre la instancia constitucional. Vista nuevamente la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra actos del titular del Juzgado Segundo de lo Civil de la capital y otras autoridades. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la ley". Mientras que el numeral 107, fracción IV, de la propia Ley de Amparo, dice: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución se sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución . En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" De la interpretación de los referidos artículos, se advierte que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos de ejecución se sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por lo que será hasta entonces la resolución impugnable en amparo, no las que preceden tendentes a hacer efectiva la sentencia definitiva. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, que se puede leer en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha sustentado el siguiente criterio: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En dicho criterio jurisprudencial, se señala que tratándose de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía de amparo indirecta, debe reclamarse la última resolución dictada en dicho procedimiento, ello con el fin de evitar el abuso del juicio de amparo y por ende retardar el procedimiento de ejecución. De otra manera se desequilibraría el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Bajo ese contexto, se señala que por "última resolución", que se dicte en fase ejecutiva, debe entenderse aquélla en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente, como lo establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el presente asunto, la quejosa hace valer como acto reclamado, "V. ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades que señalo como responsables: A.- Se reclama la orden de ejecución del contenido del auto dictado con fecha ocho de junio de dos mil veintiuno y notificado por lista a las partes con fecha nueve de junio de dos mil veintiuno dictado dentro del incidente de oposición a la ejecución de la sentencia que se pretende llevar a cabo por conducto de los actuarios ejecutores adscritos al departamento de ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango y el personal de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Durango, porque con dichas actuaciones se pretende privar a la suscrita de los derechos de posesión que tengo actualmente sobre el bien inmueble que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE en 13 metros 87 centímetros con calle sin nombre, AL SURESTE en 21 metros 90 centímetros con el lote No. 02., AL SUROESTE en 9 metros 76 centímetros con calle sin nombre y AL NOROESTE en 25 metros 20 centímetros con calle sin nombre de la colonia Máximo Gámiz de esta ciudad de Durango, la cual corresponde el Tomo 25 de libro especial de CORETT bajo el número 8134 de fecha 6 de diciembre de 1989 en favor de ***." Por otro lado, de los escritos de demanda y aclaratorio, se advierte que la quejosa demandó en la vía ordinaria civil a su hija ***, ejercitando la acción de prescripción positiva, mediante el juicio 229/2014; que se dictó sentencia y posteriormente promovió incidente de oposición a la ejecución de sentencia, expresando como fundamento de su oposición, que ***, engañó a la autoridad jurisdiccional ya que antes de dictarse sentencia en primera instancia, llevó a cabo en compañía de su esposo, un contrato de donación en favor de su hijo ***, introduciendo a un tercero a la controversia, que jamás litigó ni fue parte del procedimiento judicial. Que en la resolución interlocutoria se determinó que la sentencia no podía ser ejecutada por ***, sino por su hijo ****, como causahabiente de la primera de los mencionados. Contra esa resolución interpuso recurso de apelación, que está pendiente de resolución. Precisó que en auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el juez de los autos la previno a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia de segunda instancia dictada en el toca de apelación 34CC/2019, para que dentro del término de quince días desocupara el inmueble respectivo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería conforme a derecho, proveído contra el cual promovió recurso de apelación, que se encuentra en trámite. Luego, el ocho de junio de dos mil veintiuno, notificado por lista a las partes el día siguiente, dictado dentro del incidente de oposición a la ejecución de la sentencia, se ordenó se constituyera personal del Departamento de Actuaría de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, en el inmueble materia del juicio principal y procediera a la desocupación de bienes y personas del inmueble referido, hecho lo anterior, lo pusiera en posesión física y material de *****, como causahabiente de Margarita Martos Cortez, autorizando en caso necesario, el rompimiento de cerraduras y auxilio de la fuerza pública, para lo cual se giró el oficio correspondiente. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que la peticionaria es parte actora, y por ende, escuchada en defensa de sus intereses, por lo que por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, se haya ordenado el archivo definitivo del expediente de origen, ya que si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que tal actuación se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, que en este caso sería la entrega del inmueble de mérito a la parte legitimada para recibirlo; por lo que tal resolución no puede estimarse como ser la última dictada en los autos del juicio de origen. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo" Esto es así, ya que al existir oposición por parte de la quejosa a entregar el bien inmueble multireferido, se advierte que no se colma el presupuesto establecido por la fracción IV del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, para considerar que el acto que reclama es el último dictado dentro del procedimiento de origen, en la etapa de ejecución de sentencia, ya que dicha resolución se encuentra supeditada a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues debe tomarse en cuenta que existe la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa, como la entrega de dicho bien. Además, si bien del escrito de demanda deriva que la quejosa manifiesta que existe diferencia respecto de las colindancias que se indican en el auto y los nombres de las calles que de origen se identificó en el escrito inicial de demanda, por lo que dicho auto se ajustó a conveniencia de las partes, ello no implica alguna violación cometida durante el procedimiento, sino sobre los datos de ubicación del bien. Por lo que el acto reclamado se encamina a preparar la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, de lo que se advierte que no tiene autonomía propia, no obstante que la quejosa señale que se dictó en el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia. De igual forma, tampoco constituye un acto de imposible reparación, ya que de concederse el amparo y protección federal al quejoso, el efecto sería el de restituirlo en la posesión del inmueble. Es aplicable por analogía, la Jurisprudencia de la Primera Sala, visible en la página 34, Tomo XIV, julio de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado, y en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones éstas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva". De conformidad con los razonamientos expuestos, resulta notaria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, transcrito, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    agréguese el escrito firmado por ***, apoderado legal de los terceros interesados ***; en atención a su contenido, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto el resto de las partes y peritos designados en autos, manifiesten lo que a su interés legal convenga, respecto a la vista ordenada en proveído de catorce del presente mes y año. Notifíquese.

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