Eva Natalia Cerón Herrera

Expediente 1050/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1050/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Eva Natalia Cerón Herrera
  • Secretaría de la Salud En Representación del Presidente de la Republica, Ciudad de México
  • Eva Natalia Cerón Herrera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sin Mayor trámite. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta, signados por la autoridad responsable Secretario del Consejo de Salubridad General, con residencia en la ciudad de México, por medio del primero rinde informe previo; y el diverso a través del cual realiza manifestaciones sobre la suspensión provisional decretada en autos. Ahora bien, de la certificación que antecede, se advierte que el veintitrés de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo del que deriva el incidente en que se actúa, lo que constituye un hecho notorio para esta Juzgadora Federal en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º, último párrafo; Así mismo, en esa misma fecha se declaró sin materia la suspensión definitiva por lo que ve a las autoridades responsables foráneas, en la misma fecha; y, finalmente, en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, se recibió el informe previo del Secretario del Consejo de Salubridad General, con residencia en la ciudad de México, y se agregó únicamente para que obre como corresponda. Por ende, en relación con los oficios de cuenta signados por el Secretario del Consejo de Salubridad General, con residencia en la ciudad de México agréguense a los autos sin mayor trámite, pues su contenido carece de relevancia por virtud del estado procesal que guarda el presente cuaderno incidental. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.KOA/CFCL/Grr

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración del amparo (destrucción principal). Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 12, en relación con el diverso 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo octavo del Acuerdo General citado. Valoración del incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 14 y 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la suspensión provisional; se negó por una parte y se concedió por otra la definitiva respecto a las autoridades locales, y, se declaró sin materia por lo que ve a las foráneas, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del original del incidente y transferencia (depuración, incidente). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado; ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sin mayor pronunciamiento. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Octavio Mayoral Osnaya autorizado de la quejosa Alejandra Herrera Prado, manifestando que no ha podido localizar a la quejosa e informa que el veinticuatro de noviembre y quince de diciembre de dos mil veintiuno, se aplicaron a la menor E.N.C.H., la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2, respectivamente; lo anterior, toda vez que el veintitrés de marzo de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por haber cesado los efectos del acto que en esta vía se reclaman. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.KOA/CFCL/Grr

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, así como la certificación que antecede, es que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo1, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. En el caso la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: La omisión de incluir en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, a los niños de 12 a 18 años, para que se apliquen la vacuna BioNTech, Pfizer con sus dos dosis ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional porque deben de seguir teniendo una vida sana y protegerse contra el virus SARS-CoV-19, y cualquiera de sus variantes. La omisión de llamar, informar o notificar a la menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizada, ante el inminente inicio de clases presenciales. La discriminación sin sustento, contraviniendo el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y a la salud; y la consecuente violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales, por no incluir en el programa y calendarización de vacunación nacional a los niños mayores de 12 años y menores de 18; medida que resulta por demás discriminatoria porque no existe una causa que razonablemente justifique la no aplicación de la vacuna a ese grupo etario. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19, por lo tanto, peligra y está en riesgo inminente su salud y su vida, además de contraer el virus aumentan el riesgo potencial de enfermar a más miembros de la familia, pues ya se ha demostrado que hay nuevos contagios y defunciones de personas mayores incluso con el cuadro de vacunación completo; además de que tiene derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tiene una enfermedad que la pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. La parte quejosa promovió el juicio de amparo debido a que consideraron que su menor hijo se encontraba excluido del plan nacional de vacunación en contra del virus SARS-CoV-2, y la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech. Bajo ese tamiz se tiene que la pretensión fundamental del promovente de amparo es que a su menor hija le sea aplicada la vacuna Pfizer BioNTech, en contra del virus SARS-CoV2. Cabe mencionar que en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha autorizado el uso de las vacunas de Pfizer, Astra Zeneca, Sputnik V, Moderna, Cansino y Sinovac, contra la COVID-19. La distribución de las vacunas se rige por lo dispuesto en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación del biológico. El esquema de aplicación de las dosis es el siguiente Vacuna (Farmaceutica) Nombre común Plataforma de diseño Dosis de esquema completo Tiempo entre dosis BNT162b2 (Pfizer, Inc./BioNTech) Pfizer ARNm 2 3 - 6 semanas AZD1222 (AstraZeneca/ Universidad de Oxford) Astra Vector viral no replicante 2 8 - 12 semanas Gam-COVID-Vac (Instituto Gamaleya) SputnikV Vector viral no replicante 2 3 - 12 semanas Ad5-nCoV (CanSino Biologics Inc) Cansino Vector viral no replicante 1 No aplica, el esquema se completa con una sola dosis CoronaVac (Sinovac Research and Development Co) Sinovac Virus inactivado 2 4 - 5 semanas Analizadas las circunstancias del presente asunto se obtiene que la aplicación de dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 ya ocurrió, lo cual pone de manifiesto que la pretensión constitucional de la parte quejosa quedó satisfecha en su totalidad, y por ende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior se encuentra corroborado con la manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa en las que refiere que a la menor E.N.C.H., ya le fue aplicado el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19, esto en los días veinticuatro de noviembre y quince de diciembre de dos mil veintiuno. Cabe destacar que en relación a la aplicación de las dos dosis, pese a que no fueron exhibidas las documentales relativas a las mismas; sin embargo, ello no le resta valor probatorio porque en el caso concreto, se parte del principio de buena fe procesal. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la parte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la parte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por la Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de esas manifestaciones, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte diversa parte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, los juzgadores deben partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba. Se cita por identidad jurídica sustancial el siguiente criterio: "PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO PREJUICIAR DE FALSA LA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN COPIA SIMPLE FOTOSTÁTICA. El artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile en juicio, las partes podrán presentar fotografías o copias fotostáticas, medios de prueba que serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, según lo previsto en el artículo 402 del mismo ordenamiento. Dichos preceptos parten de una premisa fundamental para lograr su vigencia, que es la de observar el principio de buena fe procesal, porque reconoce que "para acreditar hechos o circunstancias" las partes pueden presentar fotografías, lo cual constituye el reconocimiento de que actúan en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de prueba. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros medios de prueba, lo que materialmente implicaría desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido de la norma y de los principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar que las partes que litigan en defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración del documento o su confección, pero el acceso a la justicia como derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal le dota así como el resto del ordenamiento jurídico.". En ese orden de ideas, y con base en la manifestación realizada respecto a que le fue aplicado el esquema completo de vacunación a la menor quejosa -dos dosis del biológico-, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclaman, pues la omisión de aplicar las dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2, quedaron sin efectos, al haber sido aplicada la primera y segunda dosis de la citada vacuna, con lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. A dichas manifestaciones, le deben ser adminiculadas las diversas constancias del incidente de suspensión de las cuales se obtiene que la Secretaría de Salud en el Estado, por oficio de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, informó que la primer fecha de la aplicación del biológico a la menor E.N.C.H. fue el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y que en diverso oficio de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, informó que la segunda dosis del biológico le sería aplicado el quince de diciembre del mismo año, datas que son coincidentes con las indicadas por el autorizado de la parte quejosa. Lo anterior, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a su numeral 2º, último párrafo. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Por tanto, el actuar de la autoridad restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. En tal virtud se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

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