Eustorgio Luviano Ponce
Expediente 431/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eustorgio Luviano Ponce
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Acuse recibo de incompetencia. Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Eustorgio Luviano Ponce, la cual registró con el número de amparo directo civil 227/2021. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que es el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, es quien conoce actualmente del presente asunto, se determina que este cuadernillo es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.KOA/JPG/gchh
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibido el comunicado suscrito por la Juez Menor de Huetamo, Michoacán, al que acompaña el escrito inicial de demanda presentado por Eustorgio Luviano Ponce, informe justificado, así como los autos del juicio sumario civil 13/2021 -de su índice-. Acúsese recibo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 431/2021. De conformidad con el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de marzo de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. INCOMPETENCIA. De la demanda de amparo promovida por Eustorgio Luviano Ponce, contra actos de la Juez Menor de Huetamo, Michoacán, se obtiene que esta juzgadora carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado: El auto dictado el ocho de abril de dos mil veinte, dentro del Juicio Sumario Civil número 13/2021, por la Juez Menor de Huetamo, Michoacán, por medio del cual, no admitió a trámite la demanda presentada por el aquí quejoso, en razón de carecer de competencia, dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en el momento oportuno. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; ." Ahora, es pertinente definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, como enseguida se verá: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Esta resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan. 2. Por otro lado, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, siendo oportuno tener en cuenta que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. Al respecto, es de precisar que el acto reclamado se hace consistir en la negativa de la responsable de admitir la demanda en la vía sumaria civil, al determinar carecer de competencia legal, ordenando la devolución de los documentos anexados a dicho escrito y ordenado la remisión del expediente al archivo; esto es, no declinó la competencia a otro órgano jurisdiccional. Para evidenciar lo anterior, se hace transcripción del acto reclamado: "(.) Visto el escrito de cuenta y anexos, dígase al licenciado EUSTORGIO LUVIANO PONCE, que no ha lugar a admitir en la vía sumaria civil la demanda que pretende; lo anterior, en atención a la materia del mismo, debido a que la prestación que reclama versa sobre el incumplimiento de contrato de arrendamiento, en tal virtud éste jugado menor carece de competencia, en términos de lo establecido en el artículo 65, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que precisa: (.). Por lo anterior, fórmese y regístrese el expediente respectivo en el libro de gobierno bajo el número 13/2021 que se lleva en este Tribunal, única y exclusivamente para fines estadísticos, hágase la devolución de los documentos anexados al escrito de cuenta y remítase el expediente en que se actúa al Archivo del Poder Judicial para su guarda definitiva" En tales condiciones, la resolución adoptada por la Juez Menor que niega conocer de la demanda y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de órgano jurisdiccional alguno, no se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al quedar subsumida dentro de la categoría de las resoluciones que ponen fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo dan por concluido, contra la cual procede el amparo directo, en términos de los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, es de hacer notar que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, no prevé recurso contra la inadmisión de la demanda, pues el apartado relativo no lo prevé, como se advierte de los numerales siguientes: "Artículo 595. Se tramitarán sumariamente: I. Los juicios que versen sobre cualquier cuestión relativa a los contratos de arrendamiento o alquiler, depósito, comodato, transporte y hospedaje, siempre que consten por escrito; II. Los juicios que tengan por objeto la elevación de minuta a instrumento público y la formalización de un contrato cuando su existencia consta por escrito firmado por los otorgantes; III. El cobro judicial de honorarios debidos a peritos, notarios, profesionistas y demás personas que ejerzan una profesión mediante título o autorización expedidos por autoridad competente; IV. La división de cosa común y de las diferencias que entre los copropietarios surgieren en la administración, disfrute y en todo lo relativo a la cosa común; V. Los juicios que se funden en títulos ejecutivos; VI. Los interdictos; VII. La acción rescisoria de enajenaciones pactadas bajo condición resolutoria o con cláusula de reserva del dominio; VIII. La acción para declarar extinguidas las obligaciones, por pago, prescripción o por cualquiera otra causa legal; IX. Las acciones relativas a servidumbres legales o que consten en instrumentos públicos; X. Las acciones que se basen en un título hipotecario; y, XI. Las demás cuestiones que determine la ley. Artículo 596. Todas las controversias cuya tramitación no esté prevista en este título, se ventilarán en juicio ordinario. Artículo 597. El juicio sumario se iniciará con el escrito de demanda en que se deberán cubrir los requisitos a que se refieren los artículos 301 y 302 de éste Código. Del escrito de demanda se correrá traslado al demandado por el término de tres días para que produzca la contestación. Artículo 598. Al demandado que se hubiere emplazado por edictos, si no comparece al juicio, se le harán las notificaciones subsecuentes por medio de lista. Artículo 599. No son admisibles la reconvención o la compensación sino cuando las acciones en que se funden estuvieren también sujetas a juicio sumario. (REFORMADO, P.O. 29 DE MAYO DE 2009) En caso de reconvención, se correrá traslado al reconvenido en los términos del artículo 79 para que dentro de los tres días siguientes conteste lo que a sus intereses convenga. En los juicios ejecutivos y de desahucio la excepción de pago sólo puede justificarse con prueba documental o de confesión. Artículo 600. No procede conceder término supletorio ni extraordinario de prueba en los negocios a que se refiere el artículo 595 de éste Código. Artículo 601. Las pruebas documentales que se presenten fuera de la dilación probatoria, serán admitidas en los términos del artículo 361 de éste Código y aquellas que se refieran a hechos ocurridos con posterioridad, dándose conocimiento de las mismas a la contraria, por el término de veinticuatro horas, para que pueda alegar lo que estime conveniente. (REFORMADO, P.O. 29 DE MAYO DE 2009) Artículo 602. En los interdictos de obra u objeto peligroso y en los interdictos para recobrar la posesión de servidumbres legales, o que consten en instrumento público, y en los juicios sobre rescisión o terminación de contrato de arrendamiento, siempre que éste conste por escrito, admitida la demanda se mandará correr traslado y emplazar al demandado para que dentro del plazo de tres días dé contestación a ésta y ofrezca pruebas; contestada la demanda, en el auto que recaiga a la misma se acordará lo correspondiente a las pruebas ofrecidas por las partes y a su vez, de oficio o a petición de parte, se señalará fecha para una audiencia, la cual tendrá efecto dentro de los tres días siguientes a dicho auto, previa notificación que se practique a los contendientes, cuando menos veinticuatro horas antes de la fecha de la audiencia, en la que se desahogarán las pruebas que se hubieren admitido, así como las que ofrezca la parte actora y se le admitan en la audiencia, en relación con las excepciones y defensas opuestas por su contraria, pronunciándose enseguida la sentencia que corresponda. De no darse contestación a la demanda, la audiencia tendrá efecto dentro de los tres días siguientes a la conclusión del plazo otorgado para la contestación de demanda, debiendo acordarse en el auto que la decrete, lo que corresponda a las pruebas ofrecidas por la parte actora en su escrito de demanda. El emplazamiento se deberá realizar en los términos legalmente previstos para la primera notificación, sin que tenga aplicación lo dispuesto en el párrafo último del artículo 80. Este juicio sumarísimo se hará constar en una sola acta cuando termine en un sólo día. Cuando las pruebas que hubieren ofrecido las partes, en atención a su naturaleza no se puedan desahogar en una sola audiencia, se señalará fecha para otra, en la que necesariamente se tendrán que desahogar plenamente éstas, debiendo el Juez, para tal efecto, dictar las medidas que considere convenientes; acto continuo, se pronunciará la sentencia respectiva. Cualquier incidente que se promueva se decidirá en la misma audiencia, sin substanciar artículo. El Juez y los peritos no son recusables, pero si no se excusan en caso de estar impedidos, responderán de los daños y perjuicios que causen con su omisión. No procederá recurso alguno contra el auto que admita la demanda ni respecto de las resoluciones que el Juez dicte durante la substanciación del juicio sumarísimo. Artículo 603. Fuera del caso del artículo anterior, si en la contestación de la demanda se opusieren las excepciones de incompetencia, de falta de personalidad o de personería, se tramitará el incidente en la forma prevista por el artículo 606 de éste Código. Artículo 604. Una vez contestada la demanda o dada por contestada en los términos prevenidos en el presente Código, el Juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación, observando lo dispuesto por el artículo 118 de éste Código. En caso de desacuerdo en la audiencia de conciliación, se abrirá el juicio a prueba por quince días, a solicitud de cualquiera de las partes o de oficio por el Juez. Artículo 605. Concluido el término probatorio, o en su caso el del incidente de tachas, el Juez de oficio mandará poner los autos a la vista de las partes, por dos días comunes para alegar, y transcurrido el término hayan alegado o no, el Juez de oficio mandará citar para sentencia definitiva. Artículo 606. Cualquier incidente que surgiere se tramitará sin suspender el procedimiento principal, oyendo al colitigante para que conteste la demanda dentro de veinticuatro horas, las pruebas se ofrecerán en los escritos que formen la litis incidental y se recibirán en el término de cinco días; los alegatos se presentarán en el plazo común de veinticuatro horas, transcurrido el cual y previa citación de oficio, el Juez o tribunal resolverá el incidente antes de dictar sentencia definitiva, salvo que la ley disponga otra cosa. La interlocutoria que se dicte no admitirá recurso alguno. Artículo 607. En los interdictos, si la sentencia declara improcedente la acción, se condenará al actor al pago de los daños y perjuicios que se causen al demandado. Artículo 608. Las sentencias que se dicten en los juicios a que se refiere este título, son apelables en el efecto devolutivo. Cuando se trate de sentencias dictadas en los juicios de alimentos a que se refiere el Código Familiar, las sentencias se ejecutarán sin fianza. Artículo 609. La apelación se substanciará en los términos del Capítulo II, del Título Séptimo de éste Código. Artículo 610. (DEROGADO, P.O. 29 DE MAYO DE 2009) Artículo 611. Las reglas del juicio ordinario se aplicarán al sumario en lo que no se opongan a lo prevenido en este título." Como se advierte de la anterior transcripción dichos preceptos no se advierte que prevén la procedencia de recurso alguno en contra del auto que niega admitir la demanda. En ese tenor, tomando en consideración que el auto reclamado se considera una determinación que pone fin al juicio, puesto que la responsable negó admitir la demanda al carecer de competencia, sin declinarla a diversa autoridad, y contra esa determinación no se prevé recurso alguno, por lo que se trata de una resolución que pone fin al juicio. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 1a./J. 97/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Tomo I, Diciembre de 2017, Página: 241, Décima Época, que establece: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." Igualmente aplica la tesis IX.2o.C.A.3C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2018, Décima Época, con número de registro 2018393, que establece: "DEMANDA PRESENTADA EN LA VÍA ORAL MERCANTIL. CONTRA EL ACUERDO QUE LA DESECHA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. El segundo párrafo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio establece que contra las determinaciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno (encuadrándose dentro de éstas los decretos, autos y resoluciones); de ahí que por disposición expresa de la ley, el acuerdo que desecha la demanda intentada en la vía oral mercantil, no admite recurso alguno y al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 87/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Página: 56, Novena Época, que establece: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." Finalmente, resulta aplicable la jurisprudencia P. /J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Tomo I, Abril de 2015, Libro 17, Décima época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que, en atención a la naturaleza del proveído controvertido, se trata de una determinación que pone fin al juicio de origen; por ende, su conocimiento escapa al ámbito de competencia del amparo indirecto, no así de la vía directa, pues, como se destacó, ésta se encuentra diseñada precisamente para conocer de ese tipo de determinaciones. En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, y se remite al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente se sirva acusar recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge González Solórzano, Estela Peñaloza Tamayo, Rafael Luviano Ponce, Héctor Orozco Guillén, Leticia Arroyo Romero y J. Jesús Jaimes Rodríguez, hasta en tanto acrediten contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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