Eva Mejia Olvera

Expediente 1541/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1541/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Eva Mejia Olvera
  • Luis Gutierrez Meza

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de noviembre de dos mil veintidós. Firmeza Procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dieciocho de octubre del año en curso, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, promovida por *************** y otros, contra actos de la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México y otras autoridades, sin que lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues por una parte se desechó parcialmente la demanda de amparo y por otro se tuvo por no presentada (artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita). ... De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 18 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción. ... Por otra parte, visto el contenido del oficio SEADS/707/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción de la Jueza Diana Abraján Peña, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Firmeza Procesal. Visto el Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; así como de la certificación referida evidencia que los promoventes de amparo no desahogaron los requerimientos insertos en auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, relativos a que exhibieran cinco copias de su escrito inicial de demanda y que: ***************. Comparecieran en el local de este juzgado federal, a fin de que manifestaran si suscribieron o no la demanda de cuenta y si era su deseo ratificar el contenido y firma de la misma. En consecuencia, se tiene por precluido su derecho para hacerlo. ... Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento respectivo y en términos del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda intentada por ***************y otros, contra actos de la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México y otras autoridades; en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones correspondientes. ... Notifíquese.

  3. Principal

    SE LISTA AVISO DE LA PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Firmeza Procesal. Visto el Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; así como de la certificación referida evidencia que los promoventes de amparo no desahogaron los requerimientos insertos en auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, relativos a que exhibieran cinco copias de su escrito inicial de demanda y que: ***************. Comparecieran en el local de este juzgado federal, a fin de que manifestaran si suscribieron o no la demanda de cuenta y si era su deseo ratificar el contenido y firma de la misma. En consecuencia, se tiene por precluido su derecho para hacerlo. ... Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento respectivo y en términos del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda intentada por ***************y otros, contra actos de la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México y otras autoridades; en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones correspondientes. ... Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Visto el Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Rosa Zamora Viuda de Meza y otros, contra actos de la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1541/2022-V. Improcedencia. Ahora, resulta necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la transcripción anterior se obtiene que este juzgador está obligado a analizar el escrito inicial de demanda; asimismo, si advierte causa manifiesta e indudable, a desecharla de plano, lo que en el caso ocurre, en atención a lo siguiente. Un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 188643, Pleno Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, Jurisprudencia (Constitucional), de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento legal, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."; "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. Por tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 77, del volumen 175-180 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 237468, que establece: "PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas". Por su parte, el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." En este orden de ideas y tomando en consideración que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien cause agravio la ley o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, por sí o a través de su representante legal o su defensor, de ahí que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe, o bien, si ésta no se suscribiese con firma autógrafa, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resultaría improcedente. En esas circunstancias, debe decirse que la ausencia de firma autógrafa en la demanda de amparo no constituye una irregularidad en la misma, susceptible de aclaración en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmado o bien, no firmado en forma autógrafa, constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En el caso particular, se considera actualizada la citada causa de improcedencia, toda vez que tal y como se advierte en la certificación de cuenta el escrito de demanda que nos ocupa carece de firma autógrafa por parte de Guadalupe Lechuga Montaño, Cipriano Bastida Ramírez, Engracia Vázquez de Pérez, Natividad Martínez Morales y José Bustamante Carrillo, circunstancia que se corrobora con lo asentado por las anotaciones realizadas por la Oficial de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México." Es aplicable la tesis XVII.7K (10a), publicada en la página 2154, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, Tomo III, Décima Época, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Así como la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 315, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, de octubre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, con número de registro 218142, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". De igual forma, es aplicable la tesis I.4o.T.59 L, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1049, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 195012, que establece: "FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE. La falta de firma autógrafa en una promoción o demanda laboral, no es materia de prevención o requerimiento alguno (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo). Lo anterior es así, porque aquélla no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe". Así como la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 508, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 225017, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento". Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento legal, y atento a lo dispuesto en el artículo 113 de dicha legislación, lo procedente es desechar parcialmente la demanda de amparo, por cuanto hace a los quejosos: Guadalupe Lechuga Montaño. Cipriano Bastida Ramírez. Engracia Vázquez de Pérez. Natividad Martínez Morales. José Bustamante Carrillo. Ratificación De La Demanda. Por otra parte, de la demanda de amparo se desprende que no existe coincidencia respecto de las siguientes personas, por cuanto hace a lo asentado en el proemio de la demanda y las firmas que calzan dicho ocurso: Osvaldo Pérez Vázquez. Jordán Dávila Gutiérrez. Sonia Bustamante Carrillo. Aquiles Elías Aguilar. Asimismo, existe duda respecto de las firmas que calzan bajo los nombres de Álvaro Martínez Vilchis y Bernardino Martínez Morales; tal y como se desprende de las siguientes imágenes: Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de los aparentes promoventes así como de las firmas que calzan la demanda de cuenta y a fin de cerciorarse de que ésta fue suscrita efectivamente por los gobernados a quienes perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad de los agraviados, con fundamento en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a: Osvaldo Pérez Vázquez. Jordán Dávila Gutiérrez. Sonia Bustamante Carrillo. Aquiles Elías Aguilar. Álvaro Martínez Vilchis. Bernardino Martínez Morales Por el plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, para que comparezcan en el local de este juzgado federal, a fin de que manifiesten si suscribieron o no la demanda de cuenta y si es su deseo ratificar el contenido y firma de la misma, en el entendido de que deberán presentar identificación oficial vigente y copia simple de ésta, para que previa certificación que haga la Secretaría sea glosada a los autos. En el entendido que para la comparecencia de mérito, en el local que ocupa el Juzgado de la adscripción, los promoventes o sus autorizados, deberán realizar el trámite correspondiente al que alude el acuerdo 21/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace del conocimiento a los promoventes que el horario de labores de este juzgado, corresponde de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las quince horas con cuarenta y cinco minutos de lunes a viernes, ello de conformidad con el acuerdo de referencia, lo cual se le hace del conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Asimismo de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, exhiban cinco copias de su escrito inicial de demanda, lo anterior, porque no exhibieron y son necesarias diez, dos para la tramitación del incidente de suspensión, una para cada autoridad responsable, una para cada tercero interesado y una más para el Agente Ministerio Público Federal de la adscripción. Lo anterior resulta necesario para fijar la litis constitucional en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, correr traslado a las partes y se les pueda requerir a las autoridades sus informes previos y justificados respecto a los actos a ellas atribuidos; ya que si bien es cierto, la demanda de amparo deberá ser estudiada como un todo, también lo es que la parte quejosa deberá satisfacer los requisitos que precisa el artículo 108 de la ley de la materia. Es aplicable en lo conducente, la tesis VI.1o.C.18 K, publicada en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: ... Consecuentemente, se reserva el acuerdo respectivo hasta en tanto se dé cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído y se apercibe que de no cumplir con el presente requerimiento dentro del plazo concedido para tal efecto, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo se tendrá por no presentada la demanda que se atiende. Domicilio Procesal. Acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tal efecto. ... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

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