Eva Lilia Gomez Morales
Expediente 1858/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1858/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2022
Partes del expediente
- Eva Lilia Gomez Morales
Actuaciones
- Principal
... Notifíquese; y, en los términos precisados a la parte quejosa.
- Principal
SE LISTA AVISO DE LA PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; ocho de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Eva Lilia Gómez Morales, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1858/2022-V. EXHORTACIÓN JUICIO EN LÍNEA. En términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional. 28/01/24 12:27:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.08 EDUARDO ALFARO CORREA 2 Asimismo, se sugiere a las partes que en caso de continuar con la tramitación del presente juicio en línea, al consultar el expediente electrónico, verifique en todos los campos que aparecen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, ya sea como persona física, representante de persona jurídica pública o representante de persona jurídica privada. Ello, en virtud a que en ocasiones el aludido sistema lo identifica indistintamente en alguno de estos supuestos. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Este Juzgado Federal procede a fijar la materia de la Litis, para lo cual atenderá a la demanda en su integridad, esto es, el texto completo del escrito inicial y anexos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 195745, que dice al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Sobre esas bases, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto consiste en: * La omisión por parte de las responsables de realizar el pago de pensión decretada en el dictamen CP/73585/2021, a favor de la quejosa, solicitada mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintidós. IMPROCEDENCIA. En el caso, se advierte que se actualiza 28/01/24 12:27:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.08 EDUARDO ALFARO CORREA JUICIO DE AMPARO 1858/2022-V 3 ????????????? la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte peticionaria del amparo está obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal; y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." Ley de Amparo. .... Sobre esa base, se estima que la justiciable debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualiza el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. Resulta ilustrativa la jurisprudencia IX.1o. J/9, con registro 189268, se consulta en la página 1031, tomo XIV, julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se cita enseguida: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." En tal virtud, si la promovente no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, por lo que resulta improcedente la acción constitucional intentada por vía de amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28/01/24 12:27:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.08 EDUARDO ALFARO CORREA JUICIO DE AMPARO 1858/2022-V 17 ????????????? 113 del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.V. J/6 K (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo VI, página 5796, con número de registro 2024756, con texto y rubro siguiente: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. EL CÁLCULO, CUANTIFICACIÓN Y PAGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA A CARGO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) CON BASE EN LA APLICACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), SIN GESTIÓN O INSTANCIA DEL INTERESADO, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE A TRAVÉS DE DICHO JUICIO, POR LO QUE NO PUEDE EXIGIRSE AGOTARLO PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO [ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 84/2018 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al examinar si previo a instar el juicio de amparo indirecto por el que se reclama el cálculo, la cuantificación y el pago de la pensión a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con base en la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se debe agotar o no el procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para actualizar de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo. Criterio jurídico: El Pleno del Quinto Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se reclame el cálculo, la cuantificación y el pago de la pensión a cargo del citado Instituto con base en la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin que exista gestión o instancia por parte del interesado, no se puede exigir al quejoso agotar el juicio de nulidad previo a la promoción del juicio de derechos fundamentales, por ello, no se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Justificación: Conforme a los lineamientos contenidos en la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que para combatir a través del juicio de nulidad el cálculo, la cuantificación y el pago de la pensión a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se requiere que exista una resolución definitiva (expresa o ficta) por parte del ente asegurador, que derive de la gestión o instancia efectuada por el interesado con relación a tales tópicos. De lo contrario, al no quedar expresada la última voluntad de ese ente administrativo, tal determinación no es impugnable, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por lo que no se puede exigir al quejoso que, previo a la presentación de la demanda de amparo, agote ese medio de defensa, por lo que no se actualiza en forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo." Además, sirve de sustento lo la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, 28/01/24 12:27:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.08 EDUARDO ALFARO CORREA 18 página 326, registro digital 177279, Novena Época, Materias(s): Administrativa, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva". De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia con registro 1003833, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice de 2011, tomo II. Procesal Constitucional 1. Materia común, segunda parte - TCC segunda sección - Improcedencia y sobreseimiento, Octava Época, visible en la página 2207, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se 28/01/24 12:27:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.08 EDUARDO ALFARO CORREA JUICIO DE AMPARO 1858/2022-V 19 ????????????? reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." No se soslaya que en cuanto al derecho humano relativo al acceso a la justicia y efectividad de los recursos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció que el derecho de que se habla no se agota con la simple existencia de tribunales así como de procedimientos ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que dichos recursos judiciales tengan efectividad, esto es, brinden a los justiciables la posibilidad real de interponerlos. Empero, tampoco pasa inadvertido para este Juzgado que inclusive la Corte Interamericana estableció que la existencia y aplicación de presupuestos de admisibilidad de los recursos, resultaba compatible con la propia Convención Americana y que sólo al satisfacerse dichos requisitos, entonces el órgano jurisdiccional ya se encontraba obligado a evaluar las pretensiones hechas valer. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el derecho a un recurso efectivo, no implica que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que previamente verifique el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad previstos en las leyes nacionales para su interposición, pues las formalidades procesales son la vía posible para arribar a una adecuada resolución y por ende es indispensable cumplirlas. 28/01/24 12:27:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.08 EDUARDO ALFARO CORREA 20 Así como la tesis VII.2o.C.14 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que es compartida por este órgano jurisdiccional, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XII, septiembre de 2012, tomo 3, página 1495, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales." De lo anterior se colige que, la existencia de causales de admisibilidad en algún recurso o medio ordinario de defensa, no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo a que aluden los preceptos 17 constitucional y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que dichos presupuestos permiten generar seguridad jurídica a los gobernados y una vez satisfechos, el órgano competente está obligado a abordar el análisis de sus pretensiones y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, protegiendo sus derechos humanos y remediando su violación en caso de que así se demostrara. Sin que tampoco la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través 28/01/24 12:27:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.08 EDUARDO ALFARO CORREA JUICIO DE AMPARO 1858/2022-V 21 ????????????? del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que sea desfavorable a la pretensión de la parte promovente, dado que ya se explicaron los motivos del por qué no procede el juicio de amparo, aunado a que se expuso cuáles son los medios de defensa ordinarios que tiene a su alcance. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia número VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. 28/01/24 12:27:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.08 EDUARDO ALFARO CORREA 22 CORREO ELECTRÓNICO. En relación al correo electrónico proporcionado, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo1 , únicamente tómese nota de dicho dato, y se comisiona al Secretario y Actuarios de la adscripción para que hagan uso por cuanto refiere a éste para comunicaciones no procesales con el fin de encauzar el presente procedimiento; sin que se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones, pues la Ley de Amparo no lo establece; salvo de poder actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de actuar en los términos de dicho numeral. DOMICILIO. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa.
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