Eva Hilda Arteaga González
Expediente 231/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Eva Hilda Arteaga González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
El uno de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diez al veintiuno de julio del año en curso, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de dicho mes y año, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en treinta de junio del año en curso, dentro del juicio de amparo número 231/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión. Que si existe expediente por devolver a la autoridad responsable. En la misma fecha el Secretario da cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de treinta de junio del año en curso, que negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. En otro aspecto, se ordena devolver a la autoridad responsable Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el expediente relativo al toca 733/2016, que adjuntó en su oportunidad a su informe justificado. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que sea el caso que alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese por medio de lista a las partes y a la autoridad responsable por oficio. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe Olivia
- Principal
En cinco de julio de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez con la razón actuarial de cuatro del mes y año en curso. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial de cuenta, y en atención a que de la misma se desprende que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado notificar personalmente a la parte tercera interesada Nereida del Carmen Salinas López, tutora de la menor Greta del Carmen Berúmen Medina, la sentencia dictada en treinta de junio del año en curso, ya que no obra en autos domicilio señalado de su parte en esta ciudad, no obstante que se le previno al momento de su emplazamiento para ello; por tanto, se le hace efectivo a la citada tercera interesada el apercibimiento decretado por auto de veintitrés de marzo del año en curso, el cual se le hizo de su conocimiento el cuatro de abril del presente año (fojas 48 a 51), por lo que la notificación de la sentencia de mérito, así como las posteriores que tengan el carácter de personales practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. OE.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DICTADO EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA NEREIDA DEL CARMEN SALINAS LÓPEZ, TUTORA DE LA MENOR GRETA DEL CARMEN BERÚMEN MEDINA, LA SENTENCIA EMITIDA EN FECHA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 231/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, Eva Hilda Arteaga Gónzalez, en representación de su hijo menor de edad Alonso Pinto Arteaga, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca 733/2016, relativo al recurso de apelación interpuesto contra el reconocimiento de herederos y designación de albacea en el juicio sucesorio intestamentario 193/2016. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 constitucional. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de amparo fue turnada el veintiocho de febrero de este año a este juzgado; en auto de uno de marzo de la presente anualidad (fojas 22 a 24), la titular del presente órgano jurisdiccional ordenó registrar la demanda con el expediente 231/2017 y requirió a la promovente para que precisara si promovía la demanda por propio derecho o en representación de su hijo menor de edad y, de ser el caso, acreditara dicha personalidad. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil diecisiete (foja 25), la quejosa precisó que promovía la instancia constitucional como tutora del menor de edad señalado en la demanda de amparo y, para acreditar tal representación, exhibió copia certificada del auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis emitido en el juicio natural, en el que se le había reconocido tal carácter. En proveído de trece siguiente (foja 32), se admitió a trámite la demanda, se ordenó pedir el informe justificado, se mandó emplazar a la parte tercero interesada y dar intervención al agente del Ministerio Público adscrito, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca 733/2016, mediante la que se estimó infundado el recurso de apelación interpuesto por la quejosa contra el reconocimiento de herederos y designación de albacea en el juicio sucesorio intestamentario 193/2016 a bienes de Eliseo Berumen Casa (del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas). . TERCERO. Certeza del acto reclamado. La magistrada presidente de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas aceptó la existencia de la resolución reclamada. Además, dicha autoridad remitió el original del toca 733/2016; documental pública a la que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil dieciséis, María Sonia Fernández denunció el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Eliseo Berumen Casas (fojas 4 a 6 del cuaderno de pruebas). 2. En auto de tres de agosto de dos mil dieciséis, la Jueza Primera de Primera Instancia y de lo Familiar de este Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, registró el juicio 193/2016 y ordenó citar a los presuntos herederos a la junta de herederos y designación de albacea (foja 65 del cuaderno de pruebas). 3. El nueve de noviembre siguiente, se realizó la junta referida, en la que se reconoció el carácter de herederos a Sonia Juienna Berumen o Sonia Julieenna Taylor, David Jesús Berumen y Greta del Carmen Berumen Medina; no así a Sabrina Pino Artega y Alonso Pinto Arteaga, dado que existía constancia de que habían sido adoptados por Nicolás Pinto Robles, por lo que se encontraban extinta la filiación con el de cujus (fojas 136 a 140 del cuaderno de pruebas). 4. Inconformes con la determinación anterior, Sabrina Pinto Arteaga y la tutora del menor Alfonso Pinto Arteaga interpusieron recurso de apelación. En resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, los integrantes de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas confirmaron la designación de herederos impugnada (fojas 172 a 182). La determinación anterior constituye la materia de la presenten instancia constitucional. QUINTO. Causal de improcedencia. La tercero interesada María Sonia Fernández alega que debe sobreseerse en el juicio, ya que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, IV, de la Ley de Amparo, al no reclamarse la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio natural (foja 65). El alegato anterior resulta infundado, porque el acto reclamado tiene como materia la declaración de herederos realizada en el juicio sucesorio natural, lo que revela que dicho controvertido no se encuentra en etapa de ejecución y, por ende, la procedencia del juicio de amparo se encuentra determinada por la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, relativa a los actos dentro de juicio que sean de imposible reparación, y no por la fracción IV alegada; esto, porque, al tratarse de un acto previo a la sentencia de adjudicación, es evidente que constituye una determinación emitida dentro de juicio o intraprocesal. Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la jurisprudencia 1a./J. 37/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 264: "JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia dictada en la cuarta sección del juicio sucesorio es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque no es de aquellas que pongan fin al juicio o lo den por concluido, toda vez que la consecuencia de que no se apruebe dicho proyecto consiste en que no pueda dictarse la sentencia de adjudicación hasta que se elabore otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio. Luego entonces, se trata de una resolución intermedia, mientras que en ese juicio solamente la sentencia de adjudicación es la que tiene el carácter de definitiva en términos del criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación". Por tanto, contrariamente a lo pretendido por la tercero interesada, no es necesario que se emita la resolución definitiva que refiere, al no tratarse de actos de ejecución en el juicio natural. Y, a mayor abundamiento, es evidente que la declaración de herederos en referencia tiene efectos de imposible reparación para la parte quejosa, pues incide directamente en su derecho sustantivo a heredar en dicho procedimiento, al decidir de manera definitiva sobre tal aspecto. En consecuencia, no se encuentra acreditada la improcedencia de la presente instancia constitucional. SEXTO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizaran al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan infundados, aun suplida la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, como se argumentará a continuación. La quejosa argumenta, en esencia, que la determinación reclamada trasgrede el artículo 14 constitucional, al interpretarse incorrectamente la ley aplicable, ya que, contrariamente a lo considerado, los agravios materia del recurso natural son eficaces para determinar que el menor de edad quejoso es pariente consanguíneo e hijo biológico del autor de la herencia, por lo que tiene derecho a sucederlo por la vía legítima. Que en ese sentido, la autoridad responsable valoró ineficazmente las documentales que se exhibieron en el juicio natural, porque con éstas se acredita el parentesco referido y, por ende, la legitimación de heredero. Lo anterior, a su juicio, aun cuando el infante en comento haya sido adoptado por un tercero, ya que esto es insuficiente para que se pierda el parentesco consanguíneo en referencia; esto, afirma, pues el carácter de hijo biológico subsiste subiste en todo momento, al estar determinado por la herencia sanguínea (procreación), por lo que la adopción no debe repercutir en el derecho a heredar. El argumento anterior resulta infundado, conforme a lo siguiente: El artículo 351 del Código Familiar para el Estado de Zacatecas establece (en su texto anterior a la reforma de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete): "ARTÍCULO 351. La adopción es un parentesco civil resultante del acto jurídico mediante el cual una o más personas asumen respecto de un menor de edad o de un incapacitado los derechos y obligaciones inherentes a la filiación de sangre". Del precepto anterior se deduce que la adopción es un acto jurídico que crea un parentesco civil entre una o más personas que asumen los derechos y obligaciones de la filiación consanguínea respecto de un menor de edad o incapacitado. De tal manera que a través de la adopción el parentesco entre el o los adoptantes y el adoptado cambia para tener los efectos de la filiación por sangre. Luego, por ficción legal, la adopción crea un vínculo entre las partes involucradas en relación con su filiación como si se tratara de una relación consanguínea, ya que los efectos que se generan se concretan en los derechos y obligaciones inherentes a ese tipo de vínculos familiares. Por su parte, los artículos 355 y 358 del código familiar en cita establecen: "ARTÍCULO 355. Con la adopción, el adoptado se integra plenamente como miembro de la familia del o de los adoptantes y tiene todos los derechos y obligaciones inherentes a un hijo biológico. El parentesco derivado de ella, existe entre él y los adoptantes; entre el adoptado y las familias del o de los que lo adopten". "ARTÍCULO 358. La adopción produce los siguientes efectos legales: I. Permite al adoptado llevar los apellidos de los adoptantes; II. Darse alimentos recíprocamente, entre el o los adoptantes, adoptado y la familia o familias de aquéllos; III. Atribuir la patria potestad, al adoptante; IV. En general, todos los derechos y obligaciones existentes entre padres e hijos". Los normativos anteriores regulan los efectos de la adopción, lo cuales se concretan, en general, en la integración plena del adoptado a la familia de la parte adoptante, con todos los derechos y obligaciones correspondientes a la relación entre padres e hijos. De ahí que la legislación en comento contempla la figura de adopción únicamente con efectos plenos, pues, en todos los casos, éstos, se reitera, se integran por todos los derechos y obligaciones inherentes a la filiación consanguínea. En ese sentido, el numeral 367 del código en comento dispone: "ARTÍCULO 367. La sentencia del Juez deja sin efecto la adopción y restituye las cosas al estado que guardaban antes de efectuarse ésta". Del numeral citado se desprende que la insubsistencia de la adopción deja sin efecto las consecuencias de ésta y restituye las cosas al estado que guardaban antes de que se realizara; lo que implica que la adopción crea una nueva situación jurídica en relación con la filiación del adoptante que sustituye a la determinada biológicamente, pues de otra manera la revocación de tal acto jurídico únicamente conllevaría el cese de los efectos de éste y no la restitución de las cosas al estado anterior (ya que éstas, en ese supuesto, continuarían vigentes y, por ende, no habría necesidad de determinar la restauración citada). Por tanto, la adopción tiene como efecto la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el infante y su familia biológica, pues, como se expuso, el lazo creado es como si se tratara de una relación consanguínea, ya que los efectos que se generan se concretan en los derechos y obligaciones inherentes a ese tipo de vínculos familiares. Sostener lo contrario implicaría la coexistencia de dos parentescos de la misma naturaleza respecto de una misma persona, lo que haría ineficaz el efecto principal de la adopción en estudio. Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la tesis 1a. XXIII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, página 747: "ADOPCIÓN INTERNACIONAL PLENA. SUS EFECTOS. El artículo 26 de la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, adoptada en La Haya, Países Bajos, el 29 de mayo de 1993, establece que la adopción internacional puede tener el carácter de adopción plena si el Estado donde se realice el trámite reconoce esa figura; así, en atención a que las legislaciones civiles de las entidades de la República Mexicana reconocen la figura de la adopción plena, es posible que se realice la adopción internacional plena en México, cuyos efectos implican la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el adoptado y su familia biológica, a fin de establecer lazos equivalentes a los biológicos con la familia de los adoptantes, por lo que el adoptado debe gozar en el Estado de recepción de los mismos derechos y obligaciones del parentesco consanguíneo con los familiares de sus padres por adopción. Por consiguiente, a causa de la ficción jurídica y efectos de la adopción plena, no existe posibilidad de que un anterior pariente consanguíneo del adoptado se siga ostentando como tal, una vez que exista sentencia ejecutoriada en la que se haya decretado la adopción internacional plena, pues a partir de ese momento los lazos biológicos que unían a dicho pariente consanguíneo con el adoptado se extinguieron por completo y, por ende, también se extinguieron cualquier interés y efecto que pudo derivarse del parentesco biológico, pues el adoptado de forma plena tendrá otros lazos biológicos que lo unen a la familia consanguínea de sus progenitores adoptivos". En consecuencia, al concretarse la adopción regulada por la legislación familiar en comento, los lazos del parentesco biológico del menor o menores adoptados se extinguen por completo, pues da lugar a nuevos lazos consanguíneos con la familia de los adoptantes. Los argumentos en estudio parten de la base de que la adopción no conlleva la inexistencia del parentesco preexistente; no obstante, como se dilucidó, la adopción contemplada en el Código Familiar para el Estado de Zacatecas conlleva la extinción del parentesco biológico. Disposiciones que resultan aplicables al caso, en virtud de que en relación con el menor de edad quejoso, se advierte que existe certeza de la existencia de la adopción desde el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve (foja 87 del cuaderno de pruebas), la que fue realizada en el Estado de Zacatecas, por lo que el texto de los normativos analizados es el que rige dicho acto jurídico, al ser la legislación familiar vigente, en esos términos, desde los sesenta días posteriores a su publicación (diez de mayo de mil novecientos ochenta y seis). En consecuencia, contrariamente a lo argumentado por la parte quejosa, resulta correcto que la autoridad responsable haya desestimado los agravios que vertió en la instancia de alzada de origen, sobre la base de que, en esencia, la adopción en referencia había extinguido el parentesco consanguíneo y, por ende, no se encontraba legitimado para heredar de su padre biológico, sin que lo anterior trastocara el derecho a heredar, pues éste subsistía en relación con su adoptante (fojas 181 y 182 del cuaderno de pruebas); esto es así, porque, en conformidad con lo expuesto, la adopción involucrada extinguió la filiación biológica del amparista menor de edad, lo que implica necesariamente la terminación de los derechos y obligaciones inherentes a tal vínculo, al asumirse éstos por el adoptante, en particular, el derecho de sucesión en comento. Por tanto, el acto reclamado fue emitido con base en una interpretación correcta de la legislación familiar aplicable. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación, aun suplida la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eva Hilda Arteaga González, en su carácter de tutora del menor de edad Alonso Pinto Arteaga, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca 733/2016; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta el treinta de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe."
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 231/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, Eva Hilda Arteaga Gónzalez, en representación de su hijo menor de edad Alonso Pinto Arteaga, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca 733/2016, relativo al recurso de apelación interpuesto contra el reconocimiento de herederos y designación de albacea en el juicio sucesorio intestamentario 193/2016. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 constitucional. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de amparo fue turnada el veintiocho de febrero de este año a este juzgado; en auto de uno de marzo de la presente anualidad (fojas 22 a 24), la titular del presente órgano jurisdiccional ordenó registrar la demanda con el expediente 231/2017 y requirió a la promovente para que precisara si promovía la demanda por propio derecho o en representación de su hijo menor de edad y, de ser el caso, acreditara dicha personalidad. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil diecisiete (foja 25), la quejosa precisó que promovía la instancia constitucional como tutora del menor de edad señalado en la demanda de amparo y, para acreditar tal representación, exhibió copia certificada del auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis emitido en el juicio natural, en el que se le había reconocido tal carácter. En proveído de trece siguiente (foja 32), se admitió a trámite la demanda, se ordenó pedir el informe justificado, se mandó emplazar a la parte tercero interesada y dar intervención al agente del Ministerio Público adscrito, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca 733/2016, mediante la que se estimó infundado el recurso de apelación interpuesto por la quejosa contra el reconocimiento de herederos y designación de albacea en el juicio sucesorio intestamentario 193/2016 a bienes de Eliseo Berumen Casa (del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas). . TERCERO. Certeza del acto reclamado. La magistrada presidente de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas aceptó la existencia de la resolución reclamada. Además, dicha autoridad remitió el original del toca 733/2016; documental pública a la que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil dieciséis, María Sonia Fernández denunció el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Eliseo Berumen Casas (fojas 4 a 6 del cuaderno de pruebas). 2. En auto de tres de agosto de dos mil dieciséis, la Jueza Primera de Primera Instancia y de lo Familiar de este Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, registró el juicio 193/2016 y ordenó citar a los presuntos herederos a la junta de herederos y designación de albacea (foja 65 del cuaderno de pruebas). 3. El nueve de noviembre siguiente, se realizó la junta referida, en la que se reconoció el carácter de herederos a Sonia Juienna Berumen o Sonia Julieenna Taylor, David Jesús Berumen y Greta del Carmen Berumen Medina; no así a Sabrina Pino Artega y Alonso Pinto Arteaga, dado que existía constancia de que habían sido adoptados por Nicolás Pinto Robles, por lo que se encontraban extinta la filiación con el de cujus (fojas 136 a 140 del cuaderno de pruebas). 4. Inconformes con la determinación anterior, Sabrina Pinto Arteaga y la tutora del menor Alfonso Pinto Arteaga interpusieron recurso de apelación. En resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, los integrantes de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas confirmaron la designación de herederos impugnada (fojas 172 a 182). La determinación anterior constituye la materia de la presenten instancia constitucional. QUINTO. Causal de improcedencia. La tercero interesada María Sonia Fernández alega que debe sobreseerse en el juicio, ya que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, IV, de la Ley de Amparo, al no reclamarse la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio natural (foja 65). El alegato anterior resulta infundado, porque el acto reclamado tiene como materia la declaración de herederos realizada en el juicio sucesorio natural, lo que revela que dicho controvertido no se encuentra en etapa de ejecución y, por ende, la procedencia del juicio de amparo se encuentra determinada por la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, relativa a los actos dentro de juicio que sean de imposible reparación, y no por la fracción IV alegada; esto, porque, al tratarse de un acto previo a la sentencia de adjudicación, es evidente que constituye una determinación emitida dentro de juicio o intraprocesal. Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la jurisprudencia 1a./J. 37/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 264: "JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia dictada en la cuarta sección del juicio sucesorio es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque no es de aquellas que pongan fin al juicio o lo den por concluido, toda vez que la consecuencia de que no se apruebe dicho proyecto consiste en que no pueda dictarse la sentencia de adjudicación hasta que se elabore otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio. Luego entonces, se trata de una resolución intermedia, mientras que en ese juicio solamente la sentencia de adjudicación es la que tiene el carácter de definitiva en términos del criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación". Por tanto, contrariamente a lo pretendido por la tercero interesada, no es necesario que se emita la resolución definitiva que refiere, al no tratarse de actos de ejecución en el juicio natural. Y, a mayor abundamiento, es evidente que la declaración de herederos en referencia tiene efectos de imposible reparación para la parte quejosa, pues incide directamente en su derecho sustantivo a heredar en dicho procedimiento, al decidir de manera definitiva sobre tal aspecto. En consecuencia, no se encuentra acreditada la improcedencia de la presente instancia constitucional. SEXTO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizaran al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan infundados, aun suplida la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, como se argumentará a continuación. La quejosa argumenta, en esencia, que la determinación reclamada trasgrede el artículo 14 constitucional, al interpretarse incorrectamente la ley aplicable, ya que, contrariamente a lo considerado, los agravios materia del recurso natural son eficaces para determinar que el menor de edad quejoso es pariente consanguíneo e hijo biológico del autor de la herencia, por lo que tiene derecho a sucederlo por la vía legítima. Que en ese sentido, la autoridad responsable valoró ineficazmente las documentales que se exhibieron en el juicio natural, porque con éstas se acredita el parentesco referido y, por ende, la legitimación de heredero. Lo anterior, a su juicio, aun cuando el infante en comento haya sido adoptado por un tercero, ya que esto es insuficiente para que se pierda el parentesco consanguíneo en referencia; esto, afirma, pues el carácter de hijo biológico subsiste subiste en todo momento, al estar determinado por la herencia sanguínea (procreación), por lo que la adopción no debe repercutir en el derecho a heredar. El argumento anterior resulta infundado, conforme a lo siguiente: El artículo 351 del Código Familiar para el Estado de Zacatecas establece (en su texto anterior a la reforma de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete): "ARTÍCULO 351. La adopción es un parentesco civil resultante del acto jurídico mediante el cual una o más personas asumen respecto de un menor de edad o de un incapacitado los derechos y obligaciones inherentes a la filiación de sangre". Del precepto anterior se deduce que la adopción es un acto jurídico que crea un parentesco civil entre una o más personas que asumen los derechos y obligaciones de la filiación consanguínea respecto de un menor de edad o incapacitado. De tal manera que a través de la adopción el parentesco entre el o los adoptantes y el adoptado cambia para tener los efectos de la filiación por sangre. Luego, por ficción legal, la adopción crea un vínculo entre las partes involucradas en relación con su filiación como si se tratara de una relación consanguínea, ya que los efectos que se generan se concretan en los derechos y obligaciones inherentes a ese tipo de vínculos familiares. Por su parte, los artículos 355 y 358 del código familiar en cita establecen: "ARTÍCULO 355. Con la adopción, el adoptado se integra plenamente como miembro de la familia del o de los adoptantes y tiene todos los derechos y obligaciones inherentes a un hijo biológico. El parentesco derivado de ella, existe entre él y los adoptantes; entre el adoptado y las familias del o de los que lo adopten". "ARTÍCULO 358. La adopción produce los siguientes efectos legales: I. Permite al adoptado llevar los apellidos de los adoptantes; II. Darse alimentos recíprocamente, entre el o los adoptantes, adoptado y la familia o familias de aquéllos; III. Atribuir la patria potestad, al adoptante; IV. En general, todos los derechos y obligaciones existentes entre padres e hijos". Los normativos anteriores regulan los efectos de la adopción, lo cuales se concretan, en general, en la integración plena del adoptado a la familia de la parte adoptante, con todos los derechos y obligaciones correspondientes a la relación entre padres e hijos. De ahí que la legislación en comento contempla la figura de adopción únicamente con efectos plenos, pues, en todos los casos, éstos, se reitera, se integran por todos los derechos y obligaciones inherentes a la filiación consanguínea. En ese sentido, el numeral 367 del código en comento dispone: "ARTÍCULO 367. La sentencia del Juez deja sin efecto la adopción y restituye las cosas al estado que guardaban antes de efectuarse ésta". Del numeral citado se desprende que la insubsistencia de la adopción deja sin efecto las consecuencias de ésta y restituye las cosas al estado que guardaban antes de que se realizara; lo que implica que la adopción crea una nueva situación jurídica en relación con la filiación del adoptante que sustituye a la determinada biológicamente, pues de otra manera la revocación de tal acto jurídico únicamente conllevaría el cese de los efectos de éste y no la restitución de las cosas al estado anterior (ya que éstas, en ese supuesto, continuarían vigentes y, por ende, no habría necesidad de determinar la restauración citada). Por tanto, la adopción tiene como efecto la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el infante y su familia biológica, pues, como se expuso, el lazo creado es como si se tratara de una relación consanguínea, ya que los efectos que se generan se concretan en los derechos y obligaciones inherentes a ese tipo de vínculos familiares. Sostener lo contrario implicaría la coexistencia de dos parentescos de la misma naturaleza respecto de una misma persona, lo que haría ineficaz el efecto principal de la adopción en estudio. Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la tesis 1a. XXIII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, página 747: "ADOPCIÓN INTERNACIONAL PLENA. SUS EFECTOS. El artículo 26 de la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, adoptada en La Haya, Países Bajos, el 29 de mayo de 1993, establece que la adopción internacional puede tener el carácter de adopción plena si el Estado donde se realice el trámite reconoce esa figura; así, en atención a que las legislaciones civiles de las entidades de la República Mexicana reconocen la figura de la adopción plena, es posible que se realice la adopción internacional plena en México, cuyos efectos implican la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el adoptado y su familia biológica, a fin de establecer lazos equivalentes a los biológicos con la familia de los adoptantes, por lo que el adoptado debe gozar en el Estado de recepción de los mismos derechos y obligaciones del parentesco consanguíneo con los familiares de sus padres por adopción. Por consiguiente, a causa de la ficción jurídica y efectos de la adopción plena, no existe posibilidad de que un anterior pariente consanguíneo del adoptado se siga ostentando como tal, una vez que exista sentencia ejecutoriada en la que se haya decretado la adopción internacional plena, pues a partir de ese momento los lazos biológicos que unían a dicho pariente consanguíneo con el adoptado se extinguieron por completo y, por ende, también se extinguieron cualquier interés y efecto que pudo derivarse del parentesco biológico, pues el adoptado de forma plena tendrá otros lazos biológicos que lo unen a la familia consanguínea de sus progenitores adoptivos". En consecuencia, al concretarse la adopción regulada por la legislación familiar en comento, los lazos del parentesco biológico del menor o menores adoptados se extinguen por completo, pues da lugar a nuevos lazos consanguíneos con la familia de los adoptantes. Los argumentos en estudio parten de la base de que la adopción no conlleva la inexistencia del parentesco preexistente; no obstante, como se dilucidó, la adopción contemplada en el Código Familiar para el Estado de Zacatecas conlleva la extinción del parentesco biológico. Disposiciones que resultan aplicables al caso, en virtud de que en relación con el menor de edad quejoso, se advierte que existe certeza de la existencia de la adopción desde el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve (foja 87 del cuaderno de pruebas), la que fue realizada en el Estado de Zacatecas, por lo que el texto de los normativos analizados es el que rige dicho acto jurídico, al ser la legislación familiar vigente, en esos términos, desde los sesenta días posteriores a su publicación (diez de mayo de mil novecientos ochenta y seis). En consecuencia, contrariamente a lo argumentado por la parte quejosa, resulta correcto que la autoridad responsable haya desestimado los agravios que vertió en la instancia de alzada de origen, sobre la base de que, en esencia, la adopción en referencia había extinguido el parentesco consanguíneo y, por ende, no se encontraba legitimado para heredar de su padre biológico, sin que lo anterior trastocara el derecho a heredar, pues éste subsistía en relación con su adoptante (fojas 181 y 182 del cuaderno de pruebas); esto es así, porque, en conformidad con lo expuesto, la adopción involucrada extinguió la filiación biológica del amparista menor de edad, lo que implica necesariamente la terminación de los derechos y obligaciones inherentes a tal vínculo, al asumirse éstos por el adoptante, en particular, el derecho de sucesión en comento. Por tanto, el acto reclamado fue emitido con base en una interpretación correcta de la legislación familiar aplicable. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación, aun suplida la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eva Hilda Arteaga González, en su carácter de tutora del menor de edad Alonso Pinto Arteaga, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca 733/2016; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta el treinta de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe."
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