Eustaquio Ceballos Dorado
Expediente 882/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Eustaquio Ceballos Dorado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a uno de septiembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por el que acusa recibo del oficio 22319/2015, por el que se le remitieron las constancias que acompañó en su informe justificado. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El veintinueve de julio de dos mil quince, el licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el treinta de junio de dos mil quince, se emitió la sentencia correspondiente dentro del juicio de garantías en que se actúa, sin que se haya notificado la misma al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y se acuerda lo siguiente: Ahora bien, y toda vez que es necesario notificar la resolución de treinta de junio de dos mil quince, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso EUSTAQUIO CEBALLOS DORADO; así pues, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase copia debidamente certificada de la resolución en comento a dicha autoridad para su conocimiento y fines legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
- Principal
Resolución Constitucional Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 882/2015, promovido por Eustaquio Ceballos Dorado, contra un acto de la Segunda Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, que considera violatorio de los artículos 14, 16, 17, 19 y 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Eustaquio Ceballos Dorado, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- LA SEGUNDA SALA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD RECLAME.- Reclamo de la responsable la resolución de fecha 25 de Marzo del año 2015 dictada dentro del Tocas de apelación penal oral número 14/2015, que declaro inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO respecto de la RESOLUCIÓN SOBRE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR dictado por LA JUEZ DE GARANTÍAS ALEJANDRA VANESA MARTÍNEZ BECERRA en fecha 30 de Enero de 2015, dentro de la causa penal número 29/15, que se sigue en contra de CANDELARIO SOLÍS GONZÁLEZ por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de ROBO cometido en mi perjuicio". II. Trámite del Expediente. Una vez recibida la demanda por la autoridad responsable, procedió a notificar al tercero interesado y la remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, que a su vez, la turnó al Tribunal Colegiado de Circuito, en donde se radicó bajo el número de amparo directo civil número 376/2015-4 y, en auto de veinte de mayo de dos mil quince se declaró incompetente para conocer de la misma al no tratarse de alguno de los asuntos de su competencia. Así, por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto del veintiséis de mayo de dos mil quince la registró y admitió bajo el número 882/2015; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada el veintiséis de junio de dos mil quince. Considerando: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV y 107 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en quince de febrero de dos mil trece. II. Precisión y certeza de acto reclamado. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso Eustaquio Ceballos Dorado, comparece a esta instancia federal, en su carácter de parte ofendida en la causa penal número 29/2015 del índice del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, a reclamar particularmente de la Segunda Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado: El auto de veinticinco de marzo de dos mil quince, emitido en los autos del toca de apelación 24/2015, en el que desechó el recurso de apelación promovido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo, en contra de la medida cautelar impuesta al inculpado Candelario Solís González en la audiencia de treinta de enero de dos mil quince. II.2. Certeza de acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Segunda Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, pues así lo manifestó su Presidente al rendir su informe justificado (foja 4). Sobre el particular resulta aplicable la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se corrobora con las constancias certificadas de la causa penal número 29/2015 y del toca de apelación número 24/2015, a las que se asigna valor probatorio pleno conforme con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, lo que basta para demostrar la certeza de tales reclamos. III. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juzgado de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". IV. Análisis de Fondo. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". IV.1. Conceptos de Violación. En principio, es importante precisar que el quejoso tiene la calidad de parte ofendida en los autos del proceso penal número 29/2015 del índice del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral y reclama el auto de veinticinco de marzo de dos mil quince, emitido en el toca de apelación número 24/2015, por el que se desechó el recurso de apelación promovido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo, en contra de la medida cautelar impuesta al inculpado Candelario Solís González en la audiencia de treinta de enero de dos mil quince, para lo que hace valer como conceptos de violación, los siguientes: Que la autoridad responsable lesiona sus derechos al no estudiar los agravios expuestos en el recurso de apelación, pues sólo se limitó a argumentar que la medida cautelar que gozaba el imputado Candelario Solís González fue sustituida, pero no fundamentó ni motivó su razonamiento. Además, señala que en la actualidad el inculpado se encuentra sustraído de la acción de la justicia y que se emitió una orden de aprehensión en su contra; por lo que se duele, que de no haber pasado por alto la jueza de garantía los argumentos que se le expusieron para imponerle al imputado como medida cautelar la prisión preventiva, entre ellos, que el imputado ha tenido un cúmulo de ingresos al Penal de Cieneguilla por la comisión de delitos dolosos, especialmente por robo; que cuenta con una sentencia condenatoria en su contra, así como que apenas seis meses atrás había obtenido su libertad, no habría necesidad de que Candelario Solís González se encontrare sustraído de la acción de la justicia. El auto que ataca el quejoso, en lo que interesa, es del tenor siguiente (fojas 51 a 53 del tomo de prueba): ".La Representación Social en razón de que, la Juez de Control de este Distrito Judicial, dentro de la Causa Penal 29/2015, en la resolución de fecha treinta de enero del presente año, resolvió imponerle al imputado Candelario Solís González la medida cautelar de Garantía Económica, en lugar de la de Prisión Preventiva como fue su petición, es por lo que interpone el recurso de apelación, con la pretensión de que al resolver éste, se revoque dicha resolución. Sin embargo, de las actuaciones que integran la Causa Penal de mérito, y del oficio 321 de dieciocho de marzo actual, que suscribe la licenciada Alejandra Vanesa Martínez Becerra, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de este Distrito Judicial, se desprende, que en fecha doce del propio mes, se declaró al imputado Candelario Solís González sustraído de la acción de la Justicia, se revocó la medida cautelar de Garantía Económica y se giró en su contra Orden de Aprehensión, la cual está pendiente por cumplimentar. De lo anterior se sigue, que precisamente por eso, el trámite del recurso de apelación resulta ocioso e inadmisible por falta de materia, en términos del artículo 470 fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado a contrario sensu, como así se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, toda vez que, las pretensiones de la Representante Social por las cuales interpuso el recurso de apelación, ya fueron satisfechas, pues inclusive el imputado no goza ya de ninguna medida cautelar." Pues bien, los argumentos que formula el quejoso resultan fundados pero a la postre, inoperantes. Esto es así, ya que si bien es fundada la manifestación del quejoso en el sentido de que la Sala responsable no analizó los agravios hechos valer por el representante social, que con ese actuar vulneró su derecho de adecuada defensa prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en términos del numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares deberán imponerse para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido y evitar la obstaculización del procedimiento, lo que de suyo hace patente que se deban analizar los argumentos en que la representación social recurrente consideró que no debió otorgarse al inculpado Candelario Solís González como medida cautelar la exhibición de una garantía económica; y que incluso, de conformidad con el artículo 467, fracción V, del citado ordenamiento federal, el recurso de apelación es admisible en contra de las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; sin embargo, lo inoperante de esos argumentos estriba en que, como bien lo refirió la Sala responsable, derivado de que no se pudo localizar al inculpado para notificarle el recurso de apelación que interpuso la representación social contra la medida cautelar, es que se llevó a cabo el doce de marzo de dos mil quince, una audiencia para revisar la medida cautelar, en la que finalmente, ante la incomparecencia del citado Candelario Solís González, se revocó la medida cautelar que le había sido impuesta, declarándosele sustraído de la acción de la justicia y girándose orden de aprehensión en su contra. Luego, si bien no se comulga con lo expuesto por la Sala responsable en el auto reclamado, en el sentido que con la orden de aprehensión girada en contra del inculpado, las pretensiones de la representante social por las cuales interpuso el recurso de apelación quedaban satisfechas, pues para llegar a ese extremo necesariamente tendría que ser cumplimentada la orden de aprehensión -lo que a la fecha no ha sucedido-, esto, dado que de habérsele impuesto como medida cautelar a Candelario Solís González la prisión preventiva desde la audiencia de treinta de enero de dos mil quince, no se habría sustraído de la acción de la justicia; argumento de la ad quem que por sí solo resulta falto de motivación; sí por el contrario, se comparte con la responsable, que al revocarse la medida cautelar impuesta al imputado no solo no existe materia para analizar los agravios que expuso el ministerio público en el citado recurso de apelación, sino que en el hipotético caso de que esos agravios resultaran fundados, ya sea porque las consideraciones de la jueza de control no hubiesen sido las más adecuadas para emitir la medida cautelar en la manera que lo hizo; lo cierto es, que el imputado ya no goza de alguna medida cautelar, precisamente al haber sido revocada y ordenarse contra este, la orden de aprehensión; de ahí que, como bien lo sostuvo la Sala responsable, el trámite del recurso de apelación resultaría ocioso por falta de materia. Con base en las conclusiones alcanzadas, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Eustaquio Ceballos Dorado, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario con quien actúa y da fe hasta hoy treinta de junio de dos mil quince, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.- El licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifica y hace constar que la presente corresponde a la última foja de la resolución constitucional dictada en el juicio de amparo 882/2015 del índice de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
SEM NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA SENTENCIOA DE 30 DE JUNIO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPÚESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) D ELA LEY DE AMPARO. "ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Eustaquio Ceballos Dorado, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario con quien actúa y da fe hasta hoy treinta de junio de dos mil quince, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.- El licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifica y hace constar que la presente corresponde a la última foja de la resolución constitucional dictada en el juicio de amparo 882/2015 del índice de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
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