Eva Hernández Meza
Expediente 1501/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 29 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1501/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 15/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Fernando Rojas López
- Eva Hernández Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Eva Hernández Meza, en atención a su contenido dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de seis de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se dejaron a su disposición los documentos aportados en el presente juicio.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Administradora Local de Recaudación de Tlaxcala, del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinte de mayo de dos mil dieciséis, informa que la multa impuesta en el presente juicio al Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, mediante auto de siete de abril de dos mil dieciséis, fue registrada ante esa autoridad el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, y se requirió de pago el veinticinco de mayo siguiente, diligencia en la que no fue cubierta dicha multa y tampoco localizó bienes embargables para tal efecto, de lo que esta autoridad toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, dígasele a la autoridad oficiante que una vez que logre el cobro de dicha multa, deberá hacerlo del conocimiento de esta autoridad, toda vez que lo anterior resulta necesario para la debida integración del presente asunto, y poder estar en condiciones de ordenar el archivo definitivo de la presente contienda constitucional.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 309 a 313), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia. Se reserva de enviar al archivo el presente asunto, toda vez que continúa vigente la multa impuesta al Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, pues en auto de siete de abril de dos mil dieciséis, se impuso dicha multa, lo cual se hizo del conocimiento del Administrador Local de Recaudación en el Estado de Tlaxcala, mediante oficio 10550/2016, asimismo, se remitió la información solicitada por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Tlaxcala "1", del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Tlaxcala, en proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, sin que a la fecha se tenga conocimiento del estado que guarda la aplicación de dicha multa, en consecuencia, se requiere al Administrador Local de Recaudación Fiscal en el Estado de Tlaxcala, para que en el término de tres días informe a este juzgado el estado en que se encuentra el trámite de la multa impuesta por al Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala; hecho que sea lo anterior, dese nueva cuenta al suscrito para proveer lo que en derecho corresponda.
- Principal
En Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Se declara cumplida sentencia. Se informan datos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado en proveído del once de abril de dos mil dieciséis, para que el quejoso y terceros interesados manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, este Juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo, por su idea jurídica la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página 243, tomo XI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora, mediante resolución constitucional de veintidós de febrero de dos mil dieciséis (fojas 220 a 238), este órgano jurisdiccional determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Eva Hernández Meza, para los efectos siguientes: "(.) 65. Por lo ante expuesto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a Eva Hernández Meza, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de usucapión 236/2003, y ordene el emplazamiento de la citada Eva Hernández Meza, quien acreditó, que el bien materia del mismo, afecta su propiedad y se encontraba inscrito a nombre de ella, en la oficina registral del Estado, y, además de quien o quienes se crean con derecho del inmueble a usucapiar, conforme a lo establecido en el artículo 97, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. 66. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Diligenciaria Par adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Director Notarias y Registros Públicos, y Tesorería del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, todos del Estado de Tlaxcala, dado que no se combatieron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida al acto de la autoridad ordenadora -Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe-.(.)" Ahora bien, mediante oficios recepcionados el veintiocho de marzo del año en curso, ante este órgano jurisdiccional, la Secretaria de Acuerdos Encargado del Despacho y la Diligenciaria, ambos del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, respectivamente, informaron el cumplimiento del fallo protector; en consecuencia, mediante proveído del once de abril de la presente anualidad, este órgano de control constitucional dio vista a las partes con el contenido de lo informado en cumplimiento al fallo emitido. Del análisis de las constancias remitida por las citadas autoridades responsables, se advierte que la Secretaria de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, mediante acuerdo del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis dictado dentro del expediente 236/2003 de su índice, relativo al juicio de usucapión, dejó insubsistente todo lo actuado en el referido juicio de usucapión, asimismo, ordenó emplazar a la quejosa Eva Hernández Meza, por lo que facultó a la Diligenciaria de su adscripción, para que llevara a cabo la citada diligencia de llamamiento al juicio de origen de la aludida quejosa. Además, ordenó emplazar a quien o quienes se creyeran con derecho del inmueble a usucapir a través de la publicación de tres edictos que se publicarían consecutivamente en el periódico el Sol de Tlaxcala, por ser el de mayor circulación en el Estado, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para que dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente a la última publicación produjeran la contestación de la demanda y señalaren domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo dentro del término antes precisado, se les tendría por contestada la demanda en sentido negativo y las subsecuentes notificaciones se les realizarían por medio de lista en los estrados del Juzgado de origen. Asimismo, la Diligenciara adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, en cumplimiento a lo ordenado por la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho de su adscripción y en catamiento al fallo protector, mediante diligencia de veintitrés de marzo de la presente anualidad, llevó a cabo el emplazamiento de la quejosa Eva Hernández Meza, al juicio de usucapión 236/2003 de su índice; lo que se acreditó con las copias certificadas que anexó la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe a su oficio. De igual forma, mediante oficios 4451 y 5103, recepcionados el veintinueve de marzo y ocho de abril del año en curso, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala y Director de Notarías y Registro Público, ambos del Estado de Tlaxcala, respectivamente, informaron el primero, que dio de baja del padrón catastral a Fernando Rojas Martínez y Margarita Martínez López como propietarios del bien inmueble denominado "Tlacomulco", dando de alta en dicho padrón a la quejosa Eva Hernández Meza; y el segundo, que canceló la inscripción bajo el número de documento electrónico RP76JB-05UZ92-YN84M4, y con el folio real TL87-F2V4-H50V-9R1H, de fecha ocho de abril de dos mil quince, relativa a la sentencia de usucapión dictada dentro del expediente 236/2003, del índice del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe; lo que también acreditaron con las constancias conducentes. En consecuencia, es evidente que las mencionadas autoridades responsables acreditaron haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Por otra parte, conviene precisar que en el caso concreto los alcances de la protección constitucional deben limitarse en función de los actos reclamados y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dichos actos dentro del procedimiento de origen, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de inconformidad 282/2013, en el que estableció los alcances del cumplimiento de las sentencias en el juicio de amparo, en los siguientes términos: (.) De lo anterior se desprende que se encuentra cabalmente satisfecha la obligación exigida por la ejecutoria de amparo ya que, como lo determinó el Juez de Distrito al haberse desahogado las pruebas correspondientes, realizada la etapa de alegatos y ponerse en estado de resolución dicho asunto, se cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo; lo que es suficiente para tenerla por cumplida, toda vez que el dictado del laudo no fue materia de la concesión de la sentencia de amparo. Esto es así, ya que, contrario a lo que aduce el recurrente, en la ejecutoria de amparo no se determinó que hasta el momento que la autoridad dictara el laudo respectivo se estaría respetando y cumpliendo con la garantía de debido proceso contenida en el artículo 17 constitucional. Toda vez, que como se ha señalado, el Juez de Distrito fue claro en determinar que, en relación con el alcance del fallo protector el efecto recayó únicamente en una etapa específica del proceso relacionada con la dilación u omisión reclamada.Luego entonces, no se desprende, como lo pretende el inconforme, que para poder tener por cumplida la obligación exigida en la sentencia que concede el amparo por violación al principio de pronta impartición de justicia, es necesario esperar hasta el dictado del laudo y verificar que todas las actuaciones procesales se hayan realizado dentro de los plazos previstos en la ley, ya que la sentencia de amparo fue clara en determinar que el alcance de la protección federal se limitaba a la etapa procesal específica donde incurrió la violación y que las nuevas violaciones procesales, como las que alude la inconforme, serían impugnables a través de diverso medio de impugnación." Lo que concluyó en la tesis aislada 2a. CV/2013, visible en la página 732, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el trece de diciembre de dos mil trece, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, pueden interponer recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días. En otro aspecto, agréguese el oficio de cuenta signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Tlaxcala "1", del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Tlaxcala, por el que solicita al nombre completo, dirección y cantidad de la multa impuesta al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, a fin de que esté en posibilidad de realizar el registro, control y cobro de la multa que se le impuso s dicha autoridad. Al respecto, dígasele que el nombre completo del Titular de la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, es Sergio Cuauhtémoc Lima López, con domicilio ubicado en kilómetro 1.5 de la carretera Tlaxcala-Puebla, sin número, Ex-Rancho las Animas, (junto a SECODUVI), frente al Teatro Universitario, colonia Centro, código postal 90000. Por otra parte, en relación a la multa que se impuso al citado Titular de la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, es equivalente a veinte unidades de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, esto es, la cantidad de $1,460.8 (mil cuatrocientos sesenta pesos con ocho centavos moneda nacional), en atención a que en la fecha en que la referida autoridad estuvo obligada en cumplimentar el fallo protector en el presente juicio de amparo, el valor de la unidad de medida y actualización general vigente en la Ciudad de México ascendía a la cantidad de $73.04 (setenta y tres pesos con cuatro centavos moneda nacional), cantidad que se fija de manera discrecional por este órgano jurisdiccional. La anterior sanción resulta debida e imponible por el solo hecho de que se actualice la infracción a la ley, pues permite evitar retardos y entorpecimientos en esa etapa procedimental a efecto de que la tramitación del juicio resulte compatible con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo realizadas en junio de 2011; además, es necesario tener en cuenta que la imposición de la multa se da ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el legislador a las autoridades responsables, que son de conocimiento previo para ellas, lo que implica que necesariamente saben los deberes y consecuencias contenidas en la Ley de Amparo. En tales condiciones, hágase lo anterior del conocimiento de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Tlaxcala "1", del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Tlaxcala, a fin de que dé cumplimiento a lo ordenado mediante proveído del siete de abril del año en curso. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercero interesadas. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante el Secretario que autoriza, Lucio Alberto Domínguez Rodríguez. Doy fe.
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