Eutimio García Díaz
Expediente 378/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eutimio García Díaz
Actuaciones
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Tribunal Colegiado informa admitió a trámite recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Eutimio García Díaz, contra el proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado bajo el número 110/2019 de su índice, de lo que este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siete de mayo de dos mil diecinueve. Recurso de queja. Agréguese el escrito signado por el quejoso Eutimio García Díaz; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 13 a 21), a través del cual se desechó su demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el auto de desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, dos de mayo de dos mil diecinueve. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Eutimio García Díaz por propio derecho, contra actos del Notario Público Número Uno de Apizaco, Tlaxcala y otros. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 378/2019-II. Acto reclamado De la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la falta de emplazamiento al Juicio ante Notario Público respecto de la sucesión a bienes de Maricela Espinoza Sánchez y/o Marisela Espinoza Sánchez; y como consecuencia, todo lo actuado. Desechamiento de plano Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En este contexto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Los artículos trascritos establecen, en lo que interesa, que el juicio de derechos humanos tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Ley Fundamental de la Nación, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y que es autoridad responsable la que (con independencia de su naturaleza formal, pues puede ser un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad), dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tónica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente en Materia de Trabajo del mismo circuito, haciendo una interpretación de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Jalisco y Nuevo León, concluyó que cuando un tercer extraño reclama el trámite de una sucesión que se tramita ante Notario Público, éste no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En efecto, el Máximo Tribunal del País estableció que la intervención que tiene el notario público en el procedimiento testamentario es como simple fedatario de los actos o hechos que para su autenticidad le son sometidos por los interesados. Agregó que el notario no es un funcionario o servidor público sino que, conforme con el sistema jurídico mexicano, la institución del notariado es sui géneris ya que, por un lado, se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, después de haber presentado los exámenes de oposición correspondientes; que por otro lado, se trata de una función de orden público, toda vez que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, por tanto, es un servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido. Determinó que el notario es un particular que por disposición de ley, por un acto de delegación del Estado, recibe la fe pública, que es originalmente un atributo del propio aparato gubernamental por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del mismo notario; que incluso, la propia legislación notarial ha establecido la incompatibilidad del ejercicio notarial con cargos públicos o de elección popular, lo que corrobora que no se trata de un empleado o funcionario público; de ahí que, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley, además, la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, por lo que no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; en esa tesitura, sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad. Determinó en el sentido de que la función del notario público cuando se separa del procedimiento sucesorio porque no existe controversia entre los interesados, no era similar a la que desarrollaba el Juez, esto es, no constituía un acto definitivo, pues en el supuesto que alguno de los interesados no estuviera conforme, los notarios carecen de la facultad de solucionar dicho conflicto y hacer cumplir sus determinaciones, a diferencia de los Jueces. También que la relación entre notario y el particular no cumplía con la característica de supra a subordinación que distinguía a las relaciones de las autoridades con los gobernados, ya que el trámite cuando se separaba del procedimiento jurisdiccional era optativo para las partes, y en todo caso requería de su consentimiento para acatar las determinaciones de dicho fedatario público. De acuerdo con lo anterior, refirió Nuestro Máximo Tribunal, que al analizar las funciones que desempeñaban los notarios públicos al tramitar una cuestión cuando no existía controversia, era posible concluir que cuando se reclama la falta de llamamiento al procedimiento de sucesión tramitado ante dichos fedatarios, éstos no tenían el carácter de autoridades responsables, pues la falta de llamamiento no constituía un acto definitivo, pues en caso de suscitarse una controversia, el notario dejaría de conocer y se continuaría el trámite ante un órgano jurisdiccional. Luego entonces concluyó que tomando en consideración las notas distintivas de los actos de autoridad establecidas por ese Alto Tribunal, entre las cuales se encontraba que "para emitir esos actos de no se requiera acudir a los órganos jurisdiccionales ni se precise del consenso de la voluntad del afectado", y siendo que en el caso concreto, de ocurrir controversia consistente en la falta de llamamiento al procedimiento de sucesión tramitado ante notario público, era necesario acudir ante el Juez competente, a fin de que dicte la determinación respectiva, por ello, el notario público no podría ser considerado como autoridad responsable. Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia 1ª./J. 99/2008, localizable a página 199, tomo XXIX, febrero de 2009, novena época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio". Así las cosas, se traen a contexto los artículos 1166 Bis a 1166 Quater del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que a la letra dicen: "Artículo 1166 Bis.- El juicio sucesorio por testamentaria, cuando todos los herederos sean mayores de edad, menores emancipados o personas jurídicas, se podrá tramitar mediante procedimiento especial ante Notario Público observando lo que establece el presente artículo y demás disposiciones aplicables a este caso: I. En las testamentarias, el albacea, si lo hubiere, los herederos o en su caso los legatarios instituidos, exhibirán al Notario Público copia certificada del acta de defunción del de cujus, un testimonio del testamento haciendo constar el reconocimiento de la validez de éste y de sus derechos hereditarios, la aceptación de la herencia o legado, la aceptación al cargo del albacea que fue instituido por el de cujus y que va a proceder a formar el inventario de los bienes de la herencia; II. El Notario Público, mediante dos publicaciones hechas en el Periódico Oficial y en un diario de mayor circulación en el Estado que se efectuarán dentro del término de treinta días, dará a conocer las declaraciones formuladas por los herederos o legatarios, pidiendo informe al Director de Notarias y Registros Públicos del Estado sobre la existencia de testamento formulado por el de cujus que sea distinto al presentado por los herederos o legatarios; III. Realizado el inventario por el albacea y encontrándose conformes con él, los herederos y legatarios, lo presentarán para su protocolización compareciendo ante el Notario Público para la firma del acta correspondiente; IV. La partición y adjudicación de bienes se hará conforme lo haya prevenido el testador y a falta de ello, conforme lo convengan los herederos, y V. Si durante la substanciación del procedimiento especial existiera controversia, el Notario Público suspenderá su intervención y remitirá todo lo actuado al Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que éste lo turne al Juzgado competente para conocer del asunto o en su caso al juez de origen que lo requiera. Artículo 1166 Ter.- Tratándose de sucesiones intestamentarias, éstas se podrán tramitar en procedimiento especial ante Notario Publico, conforme lo dispone el presente artículo y demás disposiciones aplicables a este caso: I.- (DEROGADA, P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009) II.- (DEROGADA, P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009) III.- (DEROGADA, P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009) IV.- Si durante la sustanciación del procedimiento especial surgiere controversia entre los interesados, el Notario se excusará de seguir conociendo de dicho procedimiento, remitiendo todo lo actuado al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que éste lo turne al Juzgado competente para conocer del asunto, o, en su caso, al juez competente que lo requiera. Artículo 1166 Quater. El juez competente o el notario público que inicie un procedimiento sucesorio deberá recabar el informe de la existencia o inexistencia de alguna disposición testamentaria otorgada por el de cujus, mediante la solicitud de búsqueda a la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado, y ésta a su vez solicitará vía internet el reporte de búsqueda al Registro Nacional de Avisos de Testamento, además de realizar la consulta en el libro especialmente destinado a asentar las inscripciones de los avisos de testamentos". De las disposiciones transcritas se advierte que las cuestiones de sucesión, pueden tramitarse de manera optativa ante Notario, pero en caso de oposición de algún aspirante a la herencia, dicho fedatario suspenderá su intervención, remitiendo todo lo actuado al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que éste lo turne al Juzgado competente para conocer del asunto, o, en su caso, al juez competente que lo requiera. De lo anterior importa destacar que la función notarial, en cuanto a este tipo de asuntos, es optativa y deviene por mandato expreso del legislador, a través de las que se delega a los fedatarios públicos facultades para que, si así lo desearen los herederos, formalicen el trámite de las sucesiones Por otro lado, debe tomarse en consideración que la remuneración de la labor notarial no proviene del erario público, sino del particular que acude a solicitar la prestación de sus servicios, de acuerdo con el arancel respectivo, y sólo actúa a petición de parte, esto es, sólo presta sus servicios cuando una persona física o moral interesada en el otorgamiento de una escritura o en hacer constar un hecho o un acto jurídico se lo solicita y, en ese contexto, la actuación notarial es obligatoria, lo cual encuentra fundamento en el artículo 10 de la Ley del Notariado del Estado, que en lo conducente establece: "Artículo 10. El Notario no será remunerado con cargo al erario del Estado; sus honorarios serán cubiertos por quienes soliciten sus servicios, en los términos del Arancel vigente y en su defecto serán determinados por convenio con el solicitante". Como se observa, es el propio particular quien acude a solicitar la prestación de los servicios notariales y quien paga por los mismos, por tanto, la actuación de los notarios en los trámites de sucesiones, no puede ser considerada como un acto de autoridad; considerando que no es un acto definitivo, pues en caso de desacuerdo de los herederos, es el Juez quien resuelve la controversia. Además, debe tomarse en cuenta que la subordinación de las relaciones jurídicas es una característica esencial de las relaciones entre las autoridades del Estado y los particulares, en las que se ubica a las primeras en un plano de superioridad respecto de los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se encuentra regulado por el derecho público y se caracterizan por la unilateralidad de los actos provenientes de las autoridades, sin que para ello sea necesario el consentimiento de los particulares. En este sentido, la actividad notarial en los juicios de sucesión, no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ya que no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento del particular, toda vez que, como se estableció, para que desempeñe sus funciones, es necesario que el particular solicite sus servicios, por tanto, los actos de los notarios en las sucesiones no pueden considerarse actos de autoridad. De ahí, los actos del notario público en los casos de sucesión, de ninguna manera pueden reputarse como actos de autoridad toda vez que entre éste y el particular no existe una relación de supra a subordinación, tomando en cuenta que es el propio particular de mutuo propio quien solicita la actuación del fedatario público, por ello, no puede considerarse que actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas, sin la necesidad de acudir ante órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por ello, ya establecido que una de las notas esenciales de los actos de autoridad la constituye el hecho de que a través de los actos unilaterales se cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, es preciso señalar que los actos del notario público en el Estado, de acuerdo con la normatividad que los rige, tienen tales efectos. Los artículos 6, fracción XV y 83 de la Ley del Notariado del Estado de Tlaxcala, disponen: "Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (.) XV. Notario. El profesional del derecho, investido de fe pública por delegación del Estado para ejercer las funciones propias del notariado de acuerdo con esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; (.)". "Artículo 198. Son obligaciones y atribuciones del Director, las siguientes: I. Practicar u ordenar la práctica de inspecciones ordinarias y especiales a las notarías del Estado; II. Comunicar por escrito a la superioridad las faltas que ameriten suspensión o remoción del cargo, en que incurran los notarios en ejercicio de sus funciones, sugiriendo la sanción que deba imponerse; III. Resolver las quejas presentadas en contra de los notarios; IV. Sancionar administrativamente a los notarios conforme a las disposiciones de la presente Ley; V. Intervenir en la entrega y recepción de notarías; VI. Realizar estudios para identificar las necesidades del servicio notarial en el territorio del Estado; VII. Llevar los registros de expedición de Constancias de Aspirante y de Patente de Notario, de sellos y firmas de estos últimos y de los Convenios de Asociación que celebren los notarios. En estos registros se asentarán la fecha de los nombramientos, los días que hayan dejado de actuar los notarios y las licencias, suspensiones y remociones de los mismos; VIII. Llevar un registro de los testamentos que autoricen los notarios y de los cuales hayan dado aviso en los términos de la presente Ley y rendir a las autoridades los informes que soliciten; IX. Expedir, a petición de los notarios, de los interesados o por orden judicial, los testimonios o copias certificadas de las escrituras que obren en los Protocolos depositados en el Archivo; X. Dirigir, controlar y supervisar el manejo del Archivo y de los Registros Públicos en el Estado; XI. Tramitar los asuntos relacionados con el notariado del Estado, y XII. Las demás que le señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables". De los artículos transcritos se puede observar que la función del notario esencialmente consiste en dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jurídica conforme con las leyes, además de ilustrar a las personas que le soliciten sus servicios, debiendo recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las mismas. Esto es, el notario es un delegatario del Estado para dar fe pública de los actos y hechos jurídicos que se celebran ante él con el fin de brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de los mismos. En este orden de ideas, debe entenderse que el notario, a través de la fe pública que le es conferida, sólo hace constar los actos y hechos jurídicos que ocurren ante él, sin que de ello pueda entenderse que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. El hecho de que en ocasiones, por determinación de ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha establecido, dicha intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de dichos actos o hechos. En este sentido, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, sin que lo anterior signifique que a través de la función notarial se cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Por ello, como se ha establecido, los actos del notario en cuestiones de sucesiones no pueden ser considerados actos de autoridad. Consecuentemente, si en el particular se reclama en esencia la falta de emplazamiento y la tramitación de un procedimiento extrajudicial de sucesión (que se atribuye a diversos Notarios), no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral, ni afecta la esfera legal de las partes, considerando también para ello, que en las sucesiones, su actuaciones es optativa y no definitiva, pues en caso de inconformidad, se debe acudir a la potestad del Juez correspondiente, por lo que es claro que no se está en presencia de una autoridad, para los efectos del amparo; lo que configura la causal de improcedencia en comento, e impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis IV.3°.17C, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que aparece publicada en la página 770, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo VI, de octubre de 1997, de rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL AMPARO. El capítulo VIII del título segundo, libro tercero, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, prevé la tramitación de las testamentarías en forma extrajudicial con intervención de un notario, cuando no hubiere controversia alguna; sin embargo, aun cuando el notario tenga el carácter de funcionario público, ello no significa que actúe como autoridad en la tramitación mencionada, ni que se le deleguen facultades que corresponden propiamente a una autoridad, para efectos del juicio de amparo; por lo que al carecer sus actos de potestad e imperio, que es el atributo que distingue a los actos de autoridad, obviamente no puede tener el carácter de responsable y, por ende, resulta improcedente el amparo que se promueva en su contra, debiendo sobreseerse en el mismo, atento lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I, de la ley reglamentaria de la materia". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, esto es, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Habilitan días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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