Eva Embate Millán

Expediente 421/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
421/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/07/2021

Partes del expediente

  • Eva Embate Millán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    agréguese el oficio firmado por el actuario judicial adscrito al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, solicita se le acuse de recibo de la misiva 3353/2020, en la que remitió juicio de amparo directo 204/2021, el expediente 261/2010, tres bolsas de documentos y ocho copias de traslado; asimismo, requiere se le informe si este órgano federal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo formulada por Eva Embate Millán. En ese sentido, hágase de su conocimiento que dicha información ya fue enviada vía interconexión en oficio 7722/2021, con folio de envío 2418639. No obstante a lo anterior, de nueva cuenta se acusa recibo de las constancias aludidas y se comunica que en proveído de nueve de los cursantes, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento de la demanda en comento. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ."Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que se hiciera valer, en consecuencia, el auto de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado. Orden de archivo. De conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que se desechó de plano la demanda de amparo. Además, se hace constar que no es de relevancia documental y no obran documentos originales para devolución. Por último, devuélvanse al Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar el acuse correspondiente, en virtud de que el sello de recibo asentado por la citada autoridad hace las veces de éste. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    ."agréguese el oficio firmado por el actuario judicial del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, remite el juicio de amparo directo 204/2021, el expediente 261/2010, tres bolsas de documentos y ocho copias de traslado. En tales condiciones,..."se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión; por tanto, con copia de este acuerdo acúsese recibo vía interconexión al tribunal mencionado y dese curso a la demanda. ." Vista la demanda de amparo..." el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, se estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV del numeral 107 interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, tal como se evidencia a continuación. ."Cabe precisar que atendiendo a la evolución que ha sufrido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se han establecido los supuestos de procedencia siguientes: Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. La interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Sobre dichas hipótesis el pleno del Máximo Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto contra cualquier acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia cuando tenga la característica de ejecución de imposible reparación, la cual se actualizará cuando exista la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, cuando el acto reclamado consista en una resolución que desestime excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución, sin necesidad de combatirla como violación procesal al impugnar la última resolución dictada en dicha etapa; sin embargo, en el presente caso no se está frente a ninguno de los supuestos indicados. En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecian las siguientes actuaciones: El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, dictó sentencia definitiva en los autos del juicio ordinario civil 261/2010, en el que la quejosa tiene la calidad de demandada, en cuyos resolutivos entre otras cosas, condenó a los demandados a la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis. En auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia. Durante la etapa de ejecución, la juez natural dictó el proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual ordenó turnar los autos a la actuaria de su adscripción para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento decretada en autos de veintiocho de septiembre y veintiséis de noviembre ambos de dos mil dieciséis; veintiséis de abril, diecinueve y treinta y uno de mayo, todos de dos mil diecisiete; y, dos de febrero de dos mil dieciocho. La determinación referida en el numeral 3 constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional; sin embargo, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, puesto que no reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente; aunado a que no goza de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia definitiva y tampoco afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En efecto, a la quejosa le resulta el carácter de demandada y no se ubica en el caso de excepción aludido, toda vez que en la sentencia definitiva se ordenó la entrega del precitado inmueble. Además, la referida determinación no es autónoma al procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva emitida en el procedimiento de origen, ya que tiene por objeto que se continúe con la ejecución respectiva. De igual modo, se aprecia que en el juicio de origen no se ha emitido determinación alguna, por virtud de la cual se haya declarado la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia definitiva. En consecuencia, el acuerdo reclamado debe impugnarse como violación procesal vía conceptos de violación, en el amparo indirecto que en su momento se promueva contra la última resolución emitida en la fase de ejecución y no de forma autónoma o destacada. Por tanto, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, del numeral 107 interpretada en sentido contrario, toda vez que el acto destacado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio ordinario civil 261/2010. De igual modo, el suscrito, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." La fracción X a la que remite esta porción normativa es del tenor siguiente: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Como puede apreciarse de la lectura de las fracciones transcritas el juicio de amparo será improcedente cuando se impugnen actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. En el caso, para este órgano jurisdiccional constituye un hecho notorio, que la quejosa promovió los diversos juicios de amparo 317/2018, 556/2018-II, 976/2018-II, 530/2019-I, 851/2019-II, 1283/2019-IV y 622/2021-II, en los que también reclamó la orden de lanzamiento decretada en el sumario de origen, mismas que fueron desechadas respectivamente, bajo la premisa de que el acto reclamado no era la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia; determinaciones que fueron confirmadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los recursos de queja 101/2028, 168/2018, 282/2018-13, 177/2019, 271/2019, 18/2020 y 4/2021. De ahí que por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, debe prevalecer lo resuelto en esa resolución que desechó la primer acción constitucional promovida por la quejosa pues, lo contrario, implicaría desconocer la decisión previa adoptada. Lo anterior, pues si bien el desechamiento de la primera demanda de amparo, implicó que no se analizara la constitucionalidad que reclama de nueva cuenta, lo cierto es que ello no le faculta para intentar una nueva acción constitucional. En efecto, de acuerdo al principio de preclusión, que rige la procedencia de la acción constitucional, consagrado, entre otros, en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, ordinariamente no es posible que el quejoso reclame los mismos actos de las mismas autoridades en más de un juicio de amparo. Por ello, el desechamiento de la primer demanda trae como consecuencia que, mientras subsista jurídicamente esa determinación, sea inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto, en el caso la orden de lanzamiento, así como su ejecución. Consecuentemente, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En atención a lo anterior, es evidente que la quejosa promovió OCHO VECES demanda de amparo en los mismos términos en que se provee la presente, por lo que se puede inferir que el propósito de la promovente es retardar la solución del asunto del que emana el acto reclamado, o de entorpecer la ejecución de las resoluciones respectivas, o de obstaculizar la legal actuación de la autoridad, situación que es contraria a lo establecido en los numerales 16 y 17 constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 249 de la Ley de Amparo, se apercibe a Eva Embate Millán, que en caso de que promueva por novena ocasión demanda de amparo contra los mismos actos reclamados y las mismas autoridades, se le impondrá una multa equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, en su valor diario para el año dos mil veintiuno; lo anterior, dado que es un hecho notorio, que la quejosa ha abusado de promover diversos juicios de amparo contra el mismo acto de autoridad sin justificación alguna. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    *CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA EVA EMBATE MILLÁN, EL CONTENIDO DEL AUTO DE 09/06/2021.

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