Eva Alejandra Álvarez Olmos
Expediente 858/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Eva Alejandra Álvarez Olmos
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que ya transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. Documentos. Téngase por hecha la certificación de cuenta, mediante la cual se hace constar que no obran documentos originales en el presente juicio de amparo. Determinaciones relacionadas con el expediente principal. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Además, se hace constar que este expediente no es de relevancia documental. Orden de archivo. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado. Notifíquese por lista.
- Principal
*AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE 27 DE JULIO DE 2023. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del ordinal 2° de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el escrito signado por Eva Alejandra Álvarez Olmos, por el cual desahoga la prevención de diecisiete de julio del año en curso. En tales condiciones y toda vez que el promovente desahogó la prevención ordenada en autos, se provee en los siguientes términos. Desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII-mayo de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33-agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado.". Así, este juzgador considera se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.).". Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Así, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Ahora, de conformidad con la última disposición legal transcrita el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, el cual se contará como se advierte a continuación: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución, y c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. De lo anterior, se advierte que en el caso se actualiza el supuesto previsto en el inciso a) de la relación que antecede, toda vez que si bien la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento de la sentencia interlocutoria de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del toca 463/2023 del índice de la Primera Sala de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, lo cierto es que, también manifiesta bajo protesta de decir verdad que se realizó la notificación mediante boletín judicial publicado el doce de junio de dos mil veintitrés, misma que surtió efectos el día trece de junio del año en curso, quien además se advierte es parte en el juicio. Por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, los actos contra los que no se haya promovido el juicio de amparo dentro del plazo de quince días contados, entre otros supuestos, a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado conforme a la ley que lo rige, haya tenido conocimiento, se ostente sabedor o de su ejecución. Por lo anterior, resulta inconcuso determinar que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover su demanda de amparo transcurrió en exceso, dado que se realizó la notificación mediante boletín judicial publicado el doce de junio de dos mil veintitrés, misma que surtió efectos el día trece de junio del año en curso, y la demanda en estudio se presentó el siete de julio del año en curso, como se aprecia de la papeleta y sello de recepción y de turno de la Oficina de Correspondencia Común de la autoridad responsable... e ahí que, resulta demás evidente que la exhibición del libelo constitucional fue realizado fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia para deducir la acción constitucional, previo descuento de los días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no es tercera extraña al juicio de origen y el término para promover el juicio de amparo, como ya se dijo, debe empezar a computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, por lo cual, al haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, el acto reclamado fue consentido y dicha demanda deviene improcedente. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.- Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII, del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita.". También resulta aplicable la Jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Asimismo, no pasa inadvertido que la demanda se presentó ante la autoridad responsable el treinta de junio del año en curso y ante el juez distrito, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el siete de julio del año en curso, es decir, fuera del plazo de quince días a que se ha hecho mención. Ello es así porque al ser la intención de la quejosa promover un juicio de amparo indirecto, lo cierto es que la demanda debió presentarla ante éste y no por conducto de la responsable, pues la presentación ante la autoridad responsable no interrumpe el plazo que concede la Ley de Amparo para presentar la demanda y no genera obligación alguna para aquella de que la tenga que remitir de manera inmediata, por lo que esa responsabilidad en cuanto a la presentación de la demanda recae exclusivamente en la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/289, de registro digital 171796, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el tomo XXVI, agosto de 2007, página 128, materia común, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto." De igual forma es de invocarse la jurisprudencia I.6o.C. J/32, de registro 188038, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el tomo XV, enero de 2002, página 1120, materia común, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "AMPARO INDIRECTO, DEMANDA DE. SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY QUE LO RIGE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República y 114 de la Ley de Amparo, disponen que la instauración del juicio indirecto de garantías se hará ante el Juez de Distrito; luego, si esa demanda contra actos de autoridades judiciales en materia civil, se promueve por conducto de la responsable, el término establecido en el artículo 21 de la última ley en cita no se interrumpe, dado que debe computarse hasta la fecha en que el escrito sea recibido en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito, en virtud de que dicha autoridad carece de competencia legal para la recepción de una petición de esa naturaleza, toda vez que no se está en el caso de excepción a que aluden los preceptos 37 y 40 de la referida ley reglamentaria de nuestro Código Fundamental." No obsta a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO", toda vez que la demanda que nos ocupa no fue presentada ante la autoridad responsable como amparo directo, ni dirigida al Tribunal Colegiado en turno, por lo que no se aprecia una equivocación de vía por parte de la quejosa. De ahí que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo cual, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del ordinal 2° de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el escrito signado por Eva Alejandra Álvarez Olmos, por el cual desahoga la prevención de diecisiete de julio del año en curso. En tales condiciones y toda vez que el promovente desahogó la prevención ordenada en autos, se provee en los siguientes términos. Desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII-mayo de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33-agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado.". Así, este juzgador considera se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.).". Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Así, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Ahora, de conformidad con la última disposición legal transcrita el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, el cual se contará como se advierte a continuación: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución, y c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. De lo anterior, se advierte que en el caso se actualiza el supuesto previsto en el inciso a) de la relación que antecede, toda vez que si bien la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento de la sentencia interlocutoria de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del toca 463/2023 del índice de la Primera Sala de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, lo cierto es que, también manifiesta bajo protesta de decir verdad que se realizó la notificación mediante boletín judicial publicado el doce de junio de dos mil veintitrés, misma que surtió efectos el día trece de junio del año en curso, quien además se advierte es parte en el juicio. Por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, los actos contra los que no se haya promovido el juicio de amparo dentro del plazo de quince días contados, entre otros supuestos, a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado conforme a la ley que lo rige, haya tenido conocimiento, se ostente sabedor o de su ejecución. Por lo anterior, resulta inconcuso determinar que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover su demanda de amparo transcurrió en exceso, dado que se realizó la notificación mediante boletín judicial publicado el doce de junio de dos mil veintitrés, misma que surtió efectos el día trece de junio del año en curso, y la demanda en estudio se presentó el siete de julio del año en curso, como se aprecia de la papeleta y sello de recepción y de turno de la Oficina de Correspondencia Común de la autoridad responsable, por lo tanto dicho plazo transcurrió como se advierte a continuación: junio de 2023 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fecha de publicación del boletín judicial 13 Fecha en que surtió efectos la notificación 14 Día uno 15 Día dos 16 Día tres 17 18 19 Día cuatro 20 Día cinco 21 Día seis 22 Día siete 23 Día ocho 24 25 26 Día nueve 27 Día diez 28 Día once 29 Día doce 30 Día trece Julio de 2023 2 1 3 Día catorce 4 Día quince fecha en que debió presentarse la demanda de amparo 5 6 7 Fecha en que presento la demanda de amparo ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil de esta Ciudad. 8 9 De ahí que, resulta demás evidente que la exhibición del libelo constitucional fue realizado fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia para deducir la acción constitucional, previo descuento de los días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no es tercera extraña al juicio de origen y el término para promover el juicio de amparo, como ya se dijo, debe empezar a computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, por lo cual, al haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, el acto reclamado fue consentido y dicha demanda deviene improcedente. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.- Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII, del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita.". También resulta aplicable la Jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Asimismo, no pasa inadvertido que la demanda se presentó ante la autoridad responsable el treinta de junio del año en curso y ante el juez distrito, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el siete de julio del año en curso, es decir, fuera del plazo de quince días a que se ha hecho mención. Ello es así porque al ser la intención de la quejosa promover un juicio de amparo indirecto, lo cierto es que la demanda debió presentarla ante éste y no por conducto de la responsable, pues la presentación ante la autoridad responsable no interrumpe el plazo que concede la Ley de Amparo para presentar la demanda y no genera obligación alguna para aquella de que la tenga que remitir de manera inmediata, por lo que esa responsabilidad en cuanto a la presentación de la demanda recae exclusivamente en la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/289, de registro digital 171796, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el tomo XXVI, agosto de 2007, página 128, materia común, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto." De igual forma es de invocarse la jurisprudencia I.6o.C. J/32, de registro 188038, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el tomo XV, enero de 2002, página 1120, materia común, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "AMPARO INDIRECTO, DEMANDA DE. SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY QUE LO RIGE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República y 114 de la Ley de Amparo, disponen que la instauración del juicio indirecto de garantías se hará ante el Juez de Distrito; luego, si esa demanda contra actos de autoridades judiciales en materia civil, se promueve por conducto de la responsable, el término establecido en el artículo 21 de la última ley en cita no se interrumpe, dado que debe computarse hasta la fecha en que el escrito sea recibido en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito, en virtud de que dicha autoridad carece de competencia legal para la recepción de una petición de esa naturaleza, toda vez que no se está en el caso de excepción a que aluden los preceptos 37 y 40 de la referida ley reglamentaria de nuestro Código Fundamental." No obsta a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO", toda vez que la demanda que nos ocupa no fue presentada ante la autoridad responsable como amparo directo, ni dirigida al Tribunal Colegiado en turno, por lo que no se aprecia una equivocación de vía por parte de la quejosa. De ahí que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo cual, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Hugo Roberto Pérez Lugo, Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de la secretaria Perla Erika Acevedo Galicia Woolrich, con quien actúa y da fe.
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Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la quejosa.
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