Eva Duran Aguilera
Expediente 758/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eva Duran Aguilera
- Francisco Solis Cisneros
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto dictado el veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por los quejosos, FRANCISCO SOLÍS CISNEROS Y EVA DURÁN AGUILERA, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato; fórmese el expediente físico y electrónico, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 758/2017. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia de la demanda, que motivan su desechamiento de plano, como se explicará a continuación. Se destacan los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa: **********(tercera interesada) demandó en la vía ordinaria civil la acción de reivindicación y otras prestaciones contra ********** y **********(quejosos); radicado en el Juzgado Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, bajo el expediente C-0041/2017. El tres de febrero del año en curso, los aquí quejosos dieron contestación a la demanda instaurada en su contra y anunciaron diversas pruebas documentales consistentes en copias certificadas del expediente C816/2016 y del amparo 12/2016. El ocho de junio siguiente, el Juez responsable requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días exhibiera la documental anunciada en el escrito de contestación como prueba, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por desinteresado en el desahogo de dicha probanza. Inconforme con dicho auto, la parte quejosa interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el diez de julio de los corrientes, en el sentido de confirmar el auto recurrido. Este es el primer acto reclamado. El cinco de julio de dos mil diecisiete, el mandatario judicial de los aquí agraviados allegó al juicio de origen la documental anunciada. En auto de once siguiente, se acordó que debía estarse a la resolución anterior, por lo que no se admitió tal documental al ser extemporánea. Este constituye el diverso motivo de reclamo. De conformidad con lo reseñado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, el presente juicio de amparo resulta improcedente, de acuerdo con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. De la disposición normativa citada emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, Materia Común, Décima Época, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la resolución de diez de julio del dos mil diecisiete que confirmó el auto, a través del cual se le requirió para que dentro del término de tres días exhibiera la documental anunciada apercibida que de no hacerlo se tendría por desinteresada de su desahogo, así como el diverso auto en el que no se admitió tal documental por considerarse extemporánea -determinaciones que constituyen los actos reclamados en el presente amparo-, inciden en una cuestión meramente formal, es decir, constituye un asunto estrictamente procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos de los ahora quejosos. Es así, porque dichas determinaciones no implican en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, sino únicamente relacionado con un punto probatorio que redundaría en su desinterés en el desahogo, lo que hace patente que tal situación no provoca menoscabo en los derechos sustantivos de los impetrantes. Circunstancia que no incide en el fondo de las prestaciones reclamadas, consistente en la acción reivindicatoria, dentro del juicio ordinario civil C0041/2017, sino que únicamente es un acto procesal, que no es de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene en la sentencia respectiva una resolución favorable a sus intereses. Sirve de apoyo, por las razones que informa, la jurisprudencia identificada como tesis 4a. 12, de la Cuarta Sala del Máximo Tribunal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, registro 207992, página trescientos treinta y cinco, que dice: "PRUEBAS, ADMISION DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACION PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación cometida durante el procedimiento." Por lo que respecta al segundo acto reclamado, también se actualiza la misma causal al estar íntimamente vinculado el acto al dilema probatorio apuntado. No obstante lo anterior, también se actualiza el diverso motivo de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debido a que no es definitivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. La causa de improcedencia referida se encuentra motivada por el hecho de que la parte solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la determinación reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Toda vez que contra el acto debatido (auto de once de julio del año en curso, mediante el cual, el Juez señalado como responsable determinó no admitir la documental que exhibieron los quejosos en el controvertido de origen, por considerarla extemporánea) los ahora impetrantes de la tutela federal, estaban obligados a agotar el recurso de revocación, conforme a lo previsto en el numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Para justificar lo anterior, es preciso reseñar lo estatuido por el artículo 232 del código adjetivo civil para el Estado de Guanajuato: "Art. 232.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En este orden de ideas, es inconcuso que, contra el citado acto reclamado procede el recurso de revocación, previsto por el artículo 232 del código procesal civil para el Estado de Guanajuato, mediante el cual puede modificarse o revocarse. Se concluye que procede dicho medio de impugnación porque expresamente no es procedente el de apelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 44/2012 (10a.), con registro 2001155, aprobada en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." En mérito de lo que antecede, es concluyente que en el caso se surten las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, y por ello, se impone desechar de plano la demanda de mérito. Toda vez que el impetrante señaló los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, hágase esta notificación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia. Se tiene como autorizados en términos restringidos de los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo a las personas que indica, en virtud de que no proporcionó los datos necesarios para verificar si cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el precepto legal en cita. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.
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