Eusebio Cano Coyote

Expediente 1035/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1035/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2017

Partes del expediente

  • Eusebio Cano Coyote

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada por este órgano judicial y desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por*********, contra actos del Juez Quinto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, por violación a sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y medios administrativos de este órgano judicial con el número 1035/2017. Con relación al libelo constitucional, se provee: Para estar en aptitud de determinar si este órgano jurisdiccional es el competente para conocer de la citada demanda, por razón de la vía propuesta, cabe mencionar que el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda Por su parte, los ordinales 34, párrafo primero y 170, fracción I de la Ley de la materia, disponen: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. De los numerales trascritos se aprecia que si un Juez de Distrito recibe una demanda de amparo en la que se señale como acto reclamado una sentencia definitiva o resolución que da por concluido el juicio de origen y respecto del cual la ley común no concede ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, debe rechazar su competencia y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito para que ante éste se ventile el juicio de amparo, el que decidirá en última instancia y sin necesidad de que lo soliciten las partes, por no haber sido emplazados a juicio aún la autoridad responsable ni el tercero interesado, si es que éste existe, si va a conocer y resolver ese juicio de amparo o se declara incompetente. En el presente caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado por el Juez Quinto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, dentro del juicio ejecutivo mercantil ****, en el que decretó la caducidad de la instancia, por razón de haber trascurrido más de ciento veinte días hábiles a partir de que se aprobó la notificación del auto de radicación o exequendo. Luego, no obstante que la ley común contempla un recurso ordinario por virtud del cual puede ser modificada o revocada la resolución reclamada, lo cierto es que esta concluye el juicio de origen, es decir, pone fin a la instancia, por tanto, si la parte quejosa optó por promover juicio de amparo para impugnarla, se considera que la vía idónea para ello es la uniinstancial; consecuentemente, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por ************, y se ordena remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicítese a la Superioridad el acuse de recibo de estilo. Es aplicable al particular, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la tesis jurisprudencial P./J. 6/2015 (10a.), legible en la página 95 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Común, de rubro y texto: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Así como la tesis VII.2o.C.28 K, visible en la página 2189, tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, DEJA SIN EFECTO LAS ACTUACIONES PRACTICADAS DURANTE EL JUICIO DE ORIGEN Y LO TIENE POR CONCLUIDO. La resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia que declara la caducidad de la instancia, y deja sin efecto las actuaciones practicadas en el juicio de origen, debe ser impugnada en la vía de amparo directo, ya que si bien es cierto que se está ante una determinación dictada en la etapa de ejecución de sentencia, también lo es que decidió que por razón de la caducidad quedaban sin efecto todas las actuaciones del juicio principal y, por tanto, lo dio por concluido, por lo que reviste las características de aquellas que ponen fin al juicio a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo; de ahí que en atención a los principios de concentración, expeditez, celeridad y de economía procesal a los que se encuentran sujetas la procedencia, tramitación y resolución de los juicios de amparo, sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, resulte procedente el juicio de amparo directo Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle ****, Guanajuato, y como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ************* por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogados, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio de que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el precepto legal en cita. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 del invocado cuerpo normativo, se habilitan días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto.

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