Eustolia Romero Ponce

Expediente 875/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
875/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Eustolia Romero Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa Eustolia Romero Ponce interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiséis de febrero del año en curso que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, de las autoridades responsables, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente. Digitalización del expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por Gustavo Zavala Zavala, en cuanto apoderado jurídico de la moral tercera interesada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica; asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico gzavala2@live.com.mx y el número de celular 44-33-24-45-81, a fin de que le sean proporcionadas las referidas copias. Por tanto, envíense a la citada cuenta de correo electrónico una digitalización de las constancias correspondientes al contrato de compra venta que adjuntó la parte quejosa al escrito inicial de demanda, la sentencia dictada en el presente juicio y del auto en el que se declaró ejecutoriada, la cual contendrá la firma electrónica oficial de la secretaria adscrita a este juzgado; lo anterior para los efectos legales conducentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo:Informe justificado. Visto el comunicado signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y remite copia certificada del auto de siete de enero del año en curso, dictado dentro del juicio laboral número 5B 715/2018, en el que se acordó lo conducente respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, cuya omisión constituye la materia de reclamo en esta instancia constitucional, atento a ello, se provee lo siguiente: Ahora, del análisis integral de la demanda y de las constancias que obran en autos se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa en el presente juicio consiste en: La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que ha sido omisa en emitir el acuerdo de pruebas correspondiente en el juicio ordinario laboral número 5B 715/2018. Por lo que atendiendo al acto reclamado y a las constancias exhibidas por la autoridad responsable como justificación a su informe, este juzgador estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Ahora, para una mayor comprensión del asunto se relatan los siguientes antecedentes: El quince de marzo de dos mil dieciocho, la parte actora del juicio de origen aquí quejosa presentó su escrito de demanda contra el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, la cual quedó registrada bajo el número 5B 715/2018. Posteriormente tuvo verificativo la audiencia de conciliación demanda y excepciones, la cual se desahogó en todas y cada una de sus partes. El cinco de abril de dos mil diecinueve, fue celebrada la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual las partes ofrecieron los medios de convicción que estimaron pertinentes, por lo que la autoridad responsable se reservó acordar sobre la admisión o desechamiento de los medios de convicción. Ahora, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se aprecia que el siete de enero del año en curso, dentro del juicio laboral número 5B 715/2018, se emitió el acuerdo relativo a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes Documentales a las que se les otorga eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al ser de naturaleza pública por haberse expedido por autoridad competente. Expuesto lo anterior, de las constancias aportadas al presente juicio por la autoridad responsable se aprecia que la autoridad responsable ya emitió el acuerdo correspondiente a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 5B 715/2018, lo que ocurrió el siete de enero de dos mil veintiuno, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -quince de diciembre de dos mil veinte por lo que se estima que ha cesado sus efectos el acto reclamado por esta vía constitucional. De esta forma, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al acabar su actuación u omisión, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de dichos efectos; la que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a la quejosa en el goce del derecho violado. En esas condiciones, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho consustancial violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la vulneración, cuando la actuación reclamada sea de carácter positivo; y cuando sea de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y, a cumplir, por su parte, lo que la disposición constitucional o tratado internacional exija. Lo que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste y también todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por Eustolia Romero Ponce; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional, señalada para las trece horas con diez minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal sentido, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada, procede decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar y las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Por tanto, en esta data se reanudan los plazos en el presente juicio, para los efectos legales pertinentes; asimismo, se conmina a las partes a tomen en consideración la posibilidad de tramitación electrónica del presente juicio, como se ha indicado en acuerdos precedentes. Ahora, tomando en consideración que en este acuerdo se están reanudando los plazos en este juicio, es evidente que a esta data no ha transcurrido el plazo de quince días otorgado a la responsable para rendir su informe con justificación, mismo que le fue solicitado en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, precisamente con motivo de la suspensión de labores indicada. En consecuencia, para dar margen a que transcurra el lapso en cita, con fundamento en el precepto 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

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