Eustolia Hernández Reyes
Expediente 111/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eustolia Hernández Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución emitida el treinta de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa promovido por Eustolia Hernández Reyes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un asunto en el que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por Eustolia Hernández Reyes Torres, conforme a las razones y fundamentos contenidos en la determinación de dieciocho de noviembre pasado. Por lo que respecta al original y duplicado del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente asunto, ambos son destruibles dado que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva a la peticionaria del amparo. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de garantía, toda vez que ésta no fue exhibida en el cuaderno incidental. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el párrafo primero del dispositivo 21 del indicado acuerdo general, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del juicio principal y del original del incidente de suspensión. Por lo que ve al duplicado del cuaderno suspensional éste deberá destruirse cuando culmine el plazo de seis meses de conservación, contado a partir del presente auto, en acatamiento al numeral 20, fracción II, inciso a) del mencionado acuerdo. Para el trámite de la destrucción del juicio de amparo y de los cuadernos de suspensión, deberá observarse lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal y otro tanto de dichos documentos deberán conservarse en este órgano jurisdiccional. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula del expediente principal, así como del original y duplicado del incidente de suspensión, los datos precisados con antelación, con la leyenda de valoración "destruible". Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución emitida el treinta de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa promovido por Eustolia Hernández Reyes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un asunto en el que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por Eustolia Hernández Reyes Torres, conforme a las razones y fundamentos contenidos en la determinación de dieciocho de noviembre pasado. Por lo que respecta al original y duplicado del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente asunto, ambos son destruibles dado que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva a la peticionaria del amparo. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de garantía, toda vez que ésta no fue exhibida en el cuaderno incidental. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el párrafo primero del dispositivo 21 del indicado acuerdo general, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del juicio principal y del original del incidente de suspensión. Por lo que ve al duplicado del cuaderno suspensional éste deberá destruirse cuando culmine el plazo de seis meses de conservación, contado a partir del presente auto, en acatamiento al numeral 20, fracción II, inciso a) del mencionado acuerdo. Para el trámite de la destrucción del juicio de amparo y de los cuadernos de suspensión, deberá observarse lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal y otro tanto de dichos documentos deberán conservarse en este órgano jurisdiccional. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula del expediente principal, así como del original y duplicado del incidente de suspensión, los datos precisados con antelación, con la leyenda de valoración "destruible". Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Vista la certificación con la que se da cuenta y atento al estado de autos, del que se desprende que en el presente asunto la quejosa Eustolia Hernández Reyes demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad que enseguida se precisa: Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia. De quien reclamó: La omisión de dar respuesta al escrito que presentó el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el que solicitó la devolución de su vehículo marca Nissan, color blanco polar, línea Tsuru, modelo 2004cuatro puertas número de serie 3N1EB31S14K-560838, placas de circulación PFN232L, involucrado en la carpeta de investigación 1003201936786, en la cual la peticionaria es tercera extraña. Ahora bien, al rendir su informe justificado la autoridad responsable negó la existencia del acto que se le atribuye. Negativa que se encuentra desvirtuada con el contenido de las constancias remitidas por la responsable como justificación de su informe, en copia certificada, las cuales merecen valor probatorio en términos de de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Ello es así, pues de las documentales se desprende que al momento en que fue presentada la demanda de amparo [treinta y uno de enero de dos mil veinte], la fiscal responsable no había dado respuesta al escrito presentado por la peticionaria el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, lo cual ocurrió hasta el catorce de febrero pasado (fojas 30 y 31), fecha en que le fue notificado a su autorizado, licenciado Carlos Hernández Silva; dicho de otro modo, la respuesta recaída a la solicitud de la quejosa fue notificada a su autorizado en un momento posterior a la fecha de presentación de la demanda. Por tal motivo, dado que al momento de ser presentada la demanda de amparo no se había dado respuesta a la petición formulada por la peticionaria Eustolia Hernández Reyes, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, resulta indudable que es cierta la omisión reclamada. Afirma lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava época, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Lo anterior es así, porque la mecánica en la que opera el derecho humano de petición, reconocido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser violado o desconocido de diferentes formas, lo que se corrobora con el contenido del referido numeral: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De esta trascripción se advierte que el derecho de petición es un derecho humano que otorga a las personas la facultad de exigir a cualquier autoridad, el cumplimiento de la obligación correlativa que lo protege, que se traduce en un hacer positivo. Derecho que comprende dos aspectos, el primero se refiere a la posibilidad de elevar ante cualquier autoridad una petición. Y el segundo aspecto comprende la obligación a cargo de la autoridad de dar una respuesta a cualquier petición que se formule por escrito, en breve término, debiendo como corolario de ello, hacerlo saber al gobernado, también en breve término; siempre y cuando el gobernado haya designado un domicilio, dentro de la jurisdicción de la autoridad, para tal efecto. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse". Dado que el derecho de petición se encuentra protegido por diversas garantías que cualquier autoridad debe cumplir, existen varios escenarios en que puede verse violado o desconocido tal derecho y por ello las consecuencias jurídicas son diversas. Así, por ejemplo, si la conducta de la autoridad señalada como responsable es contumaz, y ante una petición formulada por escrito de forma pacífica y respetuosa, simplemente no realiza ninguna actuación, la violación al derecho humano se produce por esa inactividad, y conforme al artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto de una eventual concesiva en el amparo, sería para constreñir a la responsable a que actúe en el sentido que le impone la norma. En cambio, si la autoridad responsable aduce haber dado respuesta a la petición, en el juicio de amparo que al efecto se promueva, a dicha autoridad corresponde demostrar tanto la existencia de la respuesta como su notificación o, bien, la imposibilidad que tuvo para realizar esto último, ya porque la quejosa no haya señalado domicilio para tal efecto, o en el señalado no se pudo practicar la diligencia. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, sostuvo en la tesis jurisprudencial que a continuación se trascribe, lo siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación". En esta hipótesis, si la autoridad responsable logra acreditar que notificó a la quejosa la respuesta a su petición, antes de la presentación de la demanda, deberá sobreseerse en el juicio de amparo, porque atendiendo a la fecha de su presentación, es factible que no se haya producido la contumacia que sirve de base para ejercer la acción de amparo; en cambio, si la respuesta y la notificación se dio durante la tramitación del juicio de amparo, la existencia del acto reclamado es evidente, puesto que existió la omisión en la fecha de la presentación de la demanda de amparo. El caso específico que nos ocupa, se ubica en la segunda de las hipótesis, pues del contenido del informe justificado se advierte que existe una petición y que no se había dado respuesta por parte de la autoridad responsable; de ahí se tiene por cierto el acto reclamado a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia. Causal de improcedencia. Este juzgador estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Para evidenciar lo anterior, resulta preciso señalar que el acto reclamado en el presente asunto el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de dar respuesta al escrito que presentó la quejosa el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el que solicitó a la fiscal responsable la devolución de su vehículo marca Nissan, color blanco polar, línea Tsuru, modelo 2004cuatro puertas número de serie 3N1EB31S14K-560838, placas de circulación PFN232L, involucrado en la carpeta de investigación 1003201936786, en la cual Eustolia Hernández Reyes es tercera extraña. Por tanto, atendiendo a la causal de improcedencia invocada los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que se reclama o realiza el que debía, como cuando en el caso se demanda una omisión, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado. De ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, como es el caso. Ahora, del contenido de las documentales que anexó a su informe de ley la autoridad responsable, se advierte que abandonó la conducta pasiva que se le atribuye, ya que mediante determinación de catorce de febrero de dos mil veinte (fojas 30 y 31), dio contestación a la petición que le presentó la quejosa el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, lo que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -treinta y uno de enero del presente año-, notificándole dicha determinación al autorizado de Eustolia Hernández Reyes, licenciado Carlos Hernández Silva, en la propia data, es decir, el mismo catorce de febrero pasado. En la referida determinación de catorce de febrero de la anualidad en curso, la representante social responsable determinó improcedente la solicitud de la quejosa relativa a que se le devolviera su vehículo marca Nissan, color blanco polar, línea Tsuru, modelo 2004cuatro puertas número de serie 3N1EB31S14K-560838, placas de circulación PFN232L, bajo el argumento de que aún no se realizaba el dictamen de identificación vehicular, que resultaba imprescindible para corroborar si los dos automotores involucrados en el hecho de tránsito que se investiga en la carpeta de investigación 1003201936786 habían sido alterados o no en su respectiva clave de identificación vehicular; fundamentando su proveído en los artículos 239 y 245 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, mediante acuerdo de veintiséis de febrero de la anualidad en curso, la representante social responsable determinó procedente la devolución del vehículo anteriormente identificado, en virtud de que ya se había recabado el dictamen de identificación vehicular a que antes se hizo referencia; acuerdo que notificó en la propia data a su autorizado licenciado Carlos Hernández Silva, entregándole -además- el oficio de liberación respectivo dirigido al Director y/o encargado de Tránsito y Movilidad del Estado (fojas 45 a 47). En esas condiciones, es claro que una vez que la autoridad responsable al haber acordado procedente la petición o planteamiento formulado por la peticionaria del amparo, relativa a la devolución de su vehículo marca Nissan, color blanco polar, línea Tsuru, modelo 2004cuatro puertas número de serie 3N1EB31S14K-560838, placas de circulación PFN232L, involucrado en el accidente que se investiga en la carpeta de investigación 1003201936786, y haber exhibido dicha respuesta en esta instancia de amparo a través de su informe justificado, hizo que cesaran los efectos del acto reclamado, destruyendo sus consecuencias en forma total e incondicional, por lo que se actualiza, como se dijo, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". De tal forma, es evidente que el acto reclamado -omisivo- quedó insubsistente con motivo de la respuesta de la autoridad responsable y, además, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues incluso se entregó al autorizado de la peticionaria el oficio de liberación del vehículo marca Nissan, color blanco polar, línea Tsuru, modelo 2004, cuatro puertas número de serie 3N1EB31S14K-560838, placas de circulación PFN232L, involucrado en el accidente que se investiga en la carpeta de investigación 1003201936786, dirigido al Director y/o Encargado de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán, según se advierte de las fojas 45 a 47. En consecuencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta al escrito presentado por la quejosa el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, deviene improcedente, pues si bien ha quedado demostrada la existencia de dicha omisión, la realidad es que de las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, se advierte que dicha omisión cesó al haber dado respuesta a dicho escrito; máxime que el veintiséis de febrero del año en curso, autorizó la devolución del vehículo marca Nissan, color blanco polar, línea Tsuru, modelo 2004cuatro puertas número de serie 3N1EB31S14K-560838, placas de circulación PFN232L, involucrado en la carpeta de investigación 1003201936786, acuerdo que fue notificado al autorizado de la peticionaria, licenciado Carlos Hernández Silva, a quien además, se le entregó el oficio de liberación correspondiente; por tanto, es inconcuso que al respecto han cesado jurídica y materialmente los efectos del acto reclamado por la peticionaria del amparo. Robustece lo expuesto, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En esas condiciones, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho consustancial violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la vulneración, cuando la actuación reclamada sea de carácter positivo; y cuando sea de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y, a cumplir, por su parte, lo que la disposición constitucional o tratado internacional exija. Lo que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste y también todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por Eustolia Hernández Reyes, por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, entre las que se encuentran la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Capturas y anotaciones. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Reanudación de los plazos y términos procesales Vista la certificación con la que se da cuenta y atento al estado de autos, del que se desprende: El asunto a que este expediente se refiere se tramitó de forma física, por lo que quedó suspendido su trámite a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte; Que a la fecha sólo queda pendiente la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, con base en lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se reanudan los plazos y términos procesales la cual operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Señalamiento de la audiencia constitucional Se señalan las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Forma en que se verificará la audiencia Con fundamento en el artículo 6, fracciones II, del Acuerdo General en aplicación, la audiencia será celebrada de manera física en el local del juzgado en la hora y fecha señalada para tal efecto, a la cual podrá comparecer la parte quejosa si así lo desea; para ello deberá generar -por su cuenta- una cita a través del sistema "Agenda OJ", en virtud que su comparecencia no es necesaria. Lo anterior, porque para la celebración de la audiencia constitucional no se requiere la presencia de las partes, puesto que su intervención no es de manera oral, de conformidad con el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, debido a que no se ubica en el supuesto del artículo 124, párrafo segundo, de la Ley de Amparo -actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales-, y los alegatos que considere pertinente presentar deberán ser por escrito, de no formularlo de esa forma, en la audiencia se tendrá por perdido el derecho a hacerlo. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a las partes intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridad responsable y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. De igual forma, deberá acatar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día de hoy, tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización, Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico, anotaciones y capturas en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Eugenio Medina Sánchez80/2021
- Eugenio Torres Moreno1091/2017
- Eugenio Torres Moreno1093/2017
- Eusebia Albino Manuel455/2018
- Eusebio Tzirandaro Villicaña1031/2014
- Eustacio Zerpa Barrera336/2015
- Eustolia Romero Ponce841/2018
- Eustolia Romero Ponce875/2020
- Eustolia Ruiz Pérez318/2020
- Eustorgio Luviano Ponce1358/2019
- Eutimia Laurel León1082/2021
- Eutimio Olivo Rivera963/2018