Eustolia Álvarez Valencia
Expediente 651/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eustolia Álvarez Valencia
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de noviembre de dos mil veintidós. INFORMA ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso oficio derivado del auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 651/2022, de donde deriva el presente cuaderno; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declinó la competencia para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Eustolia Álvarez Valencia, por su propio derecho, contra actos de la Asociación de Productores Agrícolas del Canal Principal Chaparaco, A.C. Módulo de Riego II, en Zamora, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 651/2022-I; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. - 1.- LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL CANAL PRINCIPAL CHAPARACO, A.C. MODULO DE RIEGO II, con domicilio en Av. Juárez Ote. #337, Colonia Ejidal Norte de la Ciudad de Zamora, Michoacán. 2) Presidente Municipal de la ciudad de Zamora Michoacán. 3) Director de la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento Municipal dé la ciudad de Zamora, Michoacán. 4) Oficial Mayor del Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, Michoacán. 5) Tesorero Municipal de la ciudad de Zamora, Michoacán. Como autoridades ejecutoras señalo: A) C. Inspector de la Policía Municipal de la Ciudad de Zamora, Michoacán; y, B) C. Comandante de la misma Policía Municipal de la Ciudad de Zamora, Michoacán.". "IV.- ACTOS RECLAMADOS. 1.- De las autoridades señaladas como decisorias, pretender perturbar la posesión que me fue otorgada en relación a un área que me fue otorgada en resguardo que se ubica al lado Norte del Fraccionamiento San Joaquín, camino al predio San Fermín, en el ejido de Villa Fuerte, donde anteriormente pasaba un canal de riego denominado "Jericó" el cual está en desuso desde hace mucho tiempo; si bien es cierto, que el Consejo Directivo del módulo de riego II, con residencia en la ciudad de Zamora, Michoacán, me otorgo con número de concesión 08MCH406102/12ATGC99, a mi favor por el Ejecutivo Federal con fecha 28 veintiocho de octubre del año 1993 mil novecientos noventa y tres. 2.- Ahora el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Zamora Michoacán, a través de su Presidente, Director de Participación Ciudadana, Oficial Mayor y Tesorero Municipal, han intervenido para que la Asociación de Productores Agrícolas del Canal Principal Chaparaco, A.C. Módulo de Riego II, pretendan perturbar la posesión que me fue otorgada legalmente, sin base alguna, sin fundamentación ni motivación alguna y en forma verbal la remoción del espacio que tengo en posesión para la explotación de mi puesto de vendimia, invadiendo la competencia de la esfera Federal de la cual goza la Asociación de mérito. 3.- El pretender, fuera de todo procedimiento Legal, sin que se me dé o haya dado la oportunidad de audiencia previa y sin que haya ninguna orden o resolución debidamente fundada y motivada para privarme de mi derecho de dedicarme al ejercicio del comercio que mejor me acomode, y pretender reglamentar el funcionamiento de un espacio Federal. 4.- El pretender en la misma forma, fuera de todo procedimiento legal, sin previa audiencia y sin orden o resolución debidamente fundada y motivada utilizar la fuerza pública para impedirme la continuación del ejercicio de mi vendimia, o en otras palabras la de explotación del giro de comercio que he venido realizando, del cual obtengo los beneficios para la alimentación de mi familia. 5.- El pretender en su caso, revocarme el resguardo de un área Federal que me fue otorgada por la Asociación de mérito en cumplimiento a sus propias disposiciones legales, y sin que, en ningún momento me encuentre violando los reglamentos municipales, ya que me encuentro en una zona federal en donde no tiene ninguna injerencia el Ayuntamiento Municipal; por tal motivo, le solicito a su Señoría, se le haga saber a las autoridades señaladas como decisorias que dejen de intervenir en la competencia Federal.". INCOMPETENCIA. Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa, es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Establecido lo anterior y una vez analizado el acto reclamado, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito determina carecer de competencia legal para conocer del presente juicio por las razones que se expondrán a continuación. Se vuelve necesario precisar que la competencia de los Jueces de Distrito, cuando actúan como jueces de amparo, está determinada en la fracción VII, del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Como se ve del precepto constitucional transcrito, es el criterio de la ejecución del acto reclamado el que preponderantemente determina a qué juez compete el conocimiento de un juicio de amparo. Por lo anterior, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de ese artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia con claridad que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, no es competente, por razón de territorio, para conocer ni resolver el juicio de amparo en que se actúa, pues se estima que ello, conforme a la regla señalada en primer lugar, corresponde a los Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, habida cuenta que la orden de desposesión del área en resguardo que le fue otorgada a la quejosa Eustolia Álvarez Valencia, la cual se ubica al lado Norte del Fraccionamiento San Joaquín, camino al predio San Fermín, en el ejido de Villa Fuerte, Zamora, Michoacán, otorgada a su favor con la concesión número 08MCH406102/12ATGC99, por el Ejecutivo Federal con fecha veintiocho de octubre del año mil novecientos noventa y tres, tiene ejecución en dicha localidad. En ese orden de ideas, se desprende que la ejecución del acto que se reclama, se materializará en Zamora, localidad que se encuentra en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo. Máxime que es la competencia una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado, salvo en los casos en que los actos no tienen ejecución. Cobra aplicación al caso la tesis visible en la página 97, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, Materia Común (registro 805490), sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, con rubro: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." De lo anterior se desprende que, tratándose de la competencia para conocer de la demanda de amparo sobre actos que contienen por sí solos una ejecución, en el caso la orden de desposesión del área en resguardo que le fue otorgada a la quejosa con la concesión número 08MCH406102/12ATGC99, por el Ejecutivo Federal con fecha veintiocho de octubre del año mil novecientos noventa y tres, el Juez de Distrito competente para resolver el asunto será el que tenga jurisdicción en el lugar donde éste se encuentre y se pretenda materializar, es decir, en Zamora, Michoacán de Ocampo. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo; lo anterior, en razón de que el acto reclamado tiene ejecución material en Zamora, Michoacán de Ocampo, localidad que no corresponde a este Distrito Judicial, sino al de Morelia; además de que, la autoridad señalada como responsable no reside en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción; por lo tanto, se declina competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en turno, residente en Morelia, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En este contexto, remítanse los autos del expediente de amparo 651/2022-I, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a efecto de que proceda a su remisión al Juzgado de Distrito, en turno, que corresponda. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese al homólogo federal que conozca del asunto, se sirva ordenar a quien corresponda acuse de recibo. SUSPENSIÓN. Con apoyo en el artículo 48 de la ley de la materia, no ha lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado peticionada por la promovente, en virtud de que el caso que nos ocupa no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas por el numeral referido, así como el diverso 15 del ordenamiento legal en cita y 22 Constitucional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho jurídico ubicado en calle Rio Colorado, número 11, letra B, colonia Jazmín, en esta ciudad. Por otra parte, ténganse como personas autorizadas de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Manuel García Ramos y Armando Hernández Pardo, toda vez que sus cédulas profesional sí se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y con las restricciones del citado numeral a Roque Rafael Rodríguez Ortega, por no contar con tal requisito. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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