Eugenio Reyes Contreras

Expediente 202/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
202/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/05/2019

Partes del expediente

  • Eugenio Reyes Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    De la cuenta secretarial se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de once de abril de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo presentada por Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, en cuanto apoderado legal de Eugenio Reyes Contreras. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    II-RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio 7709/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, al que acompaña el expediente relativo al juicio de amparo 380/2019, formado con la demanda promovida por Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, quien se ostenta apoderado legal del quejoso EUGENIO REYES CONTRERAS, carácter que se le reconoce en términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la copia cotejada del Poder Notarial de veinte se septiembre de dos mil dieciocho, otorgado en su favor y de ostras personas, ante la fe del Notario Público Número Sesenta y Nueve, con ejercicio y residencia en la Ciudad de México; contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, residente en Morelia y otra autoridad, así como siete copias del propio libelo constitucional. Acúsese recibo. Por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 202/2019-II; se comisiona al Secretario la revisión de integración de los expedientes. SE ASUME CONOCIMIENTO. Del contenido del oficio de cuenta, así como de las constancias que integran el expediente de amparo que se recepciona, se advierte que mediante proveído de cinco de abril del presente año, el titular de dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, al considerar que el acto reclamado consistente en la resolución de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca IV-1/2019, que declaró fundada la recusación sin expresión de causa y ordenó el avocamiento del juicio ordinario familiar 383/2014, en favor del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, tendrá ejecución material en este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, lugar en el que este Tribunal ejerce jurisdicción territorial; habida cuenta que dicho juzgador tendrá que continuar con el procedimiento y ocuparse del perfeccionamiento de la prueba pericial en materia de genética molecular, ofrecida por la parte actora en dicho controvertido, accionado por Albina Alvarado Santos, frente al quejoso. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 37, segundo párrafo del precepto 48 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta el conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encuentra. Comuníquese esta determinación al Juez declinante para los efectos legales conducentes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, se advierte como un hecho notorio, que ante este órgano jurisdiccional se tiene promovido el juicio de amparo 188/2019-III, en donde el aquí quejoso Eugenio Reyes Contreras, a través de su apoderado legal Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, reclama actos que atribuye al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, de esta localidad, consistente en: "1. De la autoridad Ordenadora reclamo: La resolución de 13 de marzo del 2019, dictada en el Toca IV-1/2019, del índice de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán. 2. De la autoridad ejecutora reclamo: La ejecución de la resolución de 13 de marzo de 2019." Glósese al presente expediente copia certificada de la demanda que originó la tramitación del referido juicio de amparo 188/2019-III, así como del auto que la admitió a trámite y demás constancias que se estimen necesarias para sustentar la presente determinación. En efecto, de las constancias referidas en el párrafo que antecede, se advierte que el cuatro de abril de dos mil diecinueve, el aquí quejoso Eugenio Reyes Contreras, por conducto de su apoderado legal Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, de la que por cuestión de turno correspondió su conocimiento a este Tribunal, misma que fue admitida a trámite el cinco del referido mes año. Bajo ese contexto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el referido quejoso, al actualizarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción X, de ese ordenamiento legal, en razón de que se encuentra en trámite diversa demanda promovida por la misma persona, en contra de las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, indica que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". La causa de improcedencia contenida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible a foja 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio". El término "litispendencia", se define como la existencia de algún otro juicio pendiente de resolver, y se actualiza cuando un Juez conoce ya del mismo negocio. De igual forma, la palabra "mismo" exige que en los dos juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de las mismas personas, que sean iguales las acciones deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea igual, también, la calidad con que intervienen las partes. En el caso, de las copias fotostáticas certificadas obtenidas del diverso juicio de garantías 188/2019-III, se desprende que se admitió a trámite ese asunto, en relación a los actos reclamados ya precisados; lo que implica que los actos que se combaten de las mismas autoridades con la demanda de amparo en estudio, se encuentran inmersos en aquél juicio de garantías 188/2019-III, asimismo, que la admisión de la demanda aconteció el cinco de abril de dos mil diecinueve. De igual manera, de las propias copias certificadas del juicio de amparo 188/2019-III, se obtiene que ese procedimiento constitucional aún se encuentra en trámite, pues se encuentran programadas las diez horas con veinte minutos del ocho de mayo próximo, para la celebración de la audiencia constitucional; lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, que incide de manera determinante para argumentar en los términos del presente proveído. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Por consiguiente, se advierte de forma manifiesta que el juicio de amparo que ahora promueve el quejoso Eugenio Reyes Contreras, a través de su apoderado legal Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, es improcedente, si se considera que en él reclama los mismos actos que atribuyó a iguales autoridades responsables, respecto de los cuales se tramita el diverso juicio de amparo 188/2019-III, del índice de este juzgado, el que actualmente se encuentra en trámite. Por lo anterior, es indudable que la demanda de amparo que origina el presente juicio es notoriamente improcedente, en razón de que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apoyo en el referido precepto 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano por manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por Eugenio Reyes Contreras, a través de su apoderado legal Gabriel Enrique Montiel Valenzuela. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. PUBLICACIÓN DATOS PERSONALES Téngase a la parte quejosa manifestando su oposición a la publicación de su nombre y datos personales. Por tanto, de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción II, del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, omítanse publicar en las listas de este Juzgado, así como en el sistema electrónico de publicación de esas listas, los datos personales relacionados con el presente asunto; tómense las medidas pertinentes para tal efecto. Asimismo, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el usuario "gabrielenriquemontiel", con efectos únicamente de autorización para consultar vía electrónica el juicio de amparo en que se actúa. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Ténganse como personas autorizadas del promovente para efectos de oír y recibir notificaciones personales, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabriel Joaquín Montiel Aguilar y Carlos Gustavo Cortes Guerra, toda vez que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que se encuentran registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho, con los consecutivos 76749 y 112902, respectivamente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del tenor literal siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada (Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, toda vez que el domicilio procesal proporcionado por el promovente del amparo para recibir notificaciones personales no pertenece a esta ciudad; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto, vía electrónica, al Juez de Distrito en el Estado, en turno, residente en Morelia, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda notifique el presente auto al quejoso Eugenio Reyes Contreras, por conducto de su apoderado legal Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, en el domicilio ubicado en calle Prolongación Finlandia, número 954, Fraccionamiento Los Fresnos, de esa ciudad capital. De igual manera, lo prevenga para que en ese acto, o bien, dentro de los tres días siguientes, contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcione domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones personales; bajo apercibimiento de no hacerlo, las subsecuentes le serán ordenadas por medio de lista, como lo establece el precepto legal 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En el entendido de que se faculta al juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para la realización de la diligencia encomendada. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación de dicho exhorto. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa por medio de exhorto.

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