Eusebio Paz Ornelas

Expediente 453/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
453/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Eusebio Paz Ornelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diez de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO AUTO QUE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la legislación en comento, contra el proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". ARCHIVO En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental único. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Documentos: No obran documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, así como 20, fracciones I y III, del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). SE SOLICITA NO ACUSAR RECIBO Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica al fiscal adscrito.

  2. Incidental

    SE DICTÓ INTERLOCUTORIA EN LA QUE SE DETERMINÓ: PRIMERO. Se niega a *****, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos señalados en el considerando quinto, inciso a), de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a *****, la suspensión definitiva de los actos reclamados para los efectos precisados en el considerando séptimo, de la presente interlocutoria. Notifíquese, y vía electrónica a la representación social adscrita.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, ocho de junio de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Téngase por recibido el oficio suscrito por la Juez de Partido Cuarto Civil de Celaya, Guanajuato, mediante el cual rinde informe justificado, en ese sentido, se tiene por rendido el informe de mérito. PRUEBAS Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase anunciando como prueba, en apoyo a su informe de ley, las documentales descritas en la certificación de cuenta. TOMO Debido al volumen de las constancias exhibidas por la autoridad oficiante citada, fórmense dos tomos de pruebas por separado, con los consecutivos I y II. SE DECRETA SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En el informe justificado rendido, la Juez de Partido Cuarto Civil de Celaya, Guanajuato, informa que el aquí quejoso se apersonó al juicio de origen *****, el treinta de agosto de dos mil veintiuno, lo cual se verifica en las constancias remitidas por la responsable (foja 220, tomo I de pruebas). En razón de lo anterior, este órgano advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se advierte que el juicio de amparo debe considerarse improcedente si se advierte que el acto reclamado fue consentido de manera tácita por la parte quejosa; esto es, se entenderá consentido tácitamente un acto cuando no se impugne dentro del plazo de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, por lo que el juicio de amparo promovido en su contra será improcedente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Lo resaltado es propio) Así es, del último de los preceptos legales invocados se desprende que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o c) Al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de éstos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma genérica establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. De modo que, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que se advierta en autos la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ***** tramitado en el Juzgado Cuarto Civil de Partido de la ciudad de Celaya, Guanajuato y en vía de consecuencia todo lo actuado en ese juicio como lo es el remate de una trilladora que refiere es de su propiedad, del que refirió bajo protesta de decir verdad en los antecedentes narrados en su demanda de amparo que en fecha veintiuno de abril del dos mil veintitrés tuvo conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, de las constancias anexas al informe justificado remitido por la responsable se desprenden lo siguientes antecedentes: 1. *****, por conducto de su endosatario en procuración demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a ***** y a *****, aquí quejoso, de quienes reclamó el pago de la suerte principal de un pagaré, entre otras prestaciones. 2. En auto de ocho de enero de dos se emitió el auto de exequendo con efectos de mandamiento en forma para que los demandados fueran requeridos de pago de las prestaciones reclamadas y de no hacerlo se le embargaran bienes suficientes para garantizar el pago de lo reclamado; asimismo, ordenó emplazar a los demandados por medio de exhorto. 3. En veintitrés de octubre de dos mil dieciocho se levantó acta de emplazamiento del hoy quejoso y se embargó la trilladora marca *****, mediante el exhorto 134/2018, del índice del Juzgado Primero Civil de Pénjamo, Guanajuato; diligencia que aprobó el juzgado de origen en acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. 4. En acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó seguir el juicio de origen en rebeldía, dado que los demandados no dieron contestación a la demanda instada en su contra. 5. El veinte de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó la sentencia correspondiente en el juicio ejecutivo mercantil *****, en la que se condenó a los demandados (el quejoso y otro) al pago de las prestaciones reclamadas, la que causó ejecutoria el trece de marzo de dos mil diecinueve. 6. En ejecución de sentencia, en acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se autorizó la ampliación de embargo hasta por la cantidad de *****, ordenándose requerir tal suma a los demandados (quejoso y otro), para lo cual se ordenó girar exhorto al juez civil de Pénjamo, Guanajuato. 7. En diligencia de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el requerimiento de pago y embargo, autorizado en el acuerdo indicado en el punto anterior, la cual fue atendida personalmente por los demandados, ***** y *****, embargándose los derechos de copropiedad de un bien inmueble ubicado en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. 8. Posteriormente, mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito presentado un día antes, por el aquí quejoso *****, quien se apersonó al juicio de origen, autorizó a diversas personas para consultar el expediente, señaló domicilio electrónico para recibir notificaciones y solicitó que se decretara la caducidad de la instancia; sin embargo las dos cuestiones últimas no le fueron acordadas de conformidad. En el caso concreto, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado la demanda que dio origen a éste después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello, porque el quejoso acude a esta instancia constitucional como tercero extraño por equiparación, doliéndose del ilegal emplazamiento que se le practicó en el juicio de origen y en consecuencia, todo lo actuado en éste, dentro de ello el embargo de una trilladora de su propiedad, al sostener que no fue debidamente emplazado a dicho asunto y el juicio se llevó a sus espaldas, enterándose hasta el veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Sin embargo, del juicio de natural, se advierte que en realidad conoció del juicio, por lo menos, desde el treinta de agosto de dos mil veintiuno, pues se advierte que en la mencionada fecha compareció al juicio de origen ***** lo que se desprende de la constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado En tal virtud, a pesar de que en la demanda de amparo, manifestó que fue hasta el veintiuno de abril del año que transcurre, que tuvo conocimiento del acto que reclama en el presente juicio; esto queda desvirtuado lo antes relatado, pues es evidente que con su intervención, supo de la instauración del juicio del cual dijo no haberse enterado hasta años después. De ahí que para efectos del presente juicio de amparo es factible concluir que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el treinta de agosto de dos mil veintiuno, pues se advierte que en la mencionada fecha compareció al juicio de origen ***** lo que se desprende de la constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado Por tanto, se advierte que por lo menos, desde el treinta de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama; por lo que es la fecha que debe tomarse como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, el cual, comenzó a correr a partir del día siguiente a la fecha en la que tuvo conocimiento del acto impugnado, esto es, a partir del treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno. Por tanto, el plazo que tuvo para promover la demanda de amparo fue desde el día siguiente, treinta y uno de agosto al veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, sin contar por ser inhábiles los días, cuatro, cinco, once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho y diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Por ello, es inconcuso que para el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en que presentó su escrito de demanda que ahora se recibe, había fenecido en exceso el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 232213, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto enseguida transcrito: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese, personalmente al quejoso y vía electrónica al Fiscal adscrito.

  4. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, cinco de junio de dos mil veintitrés. EXPEDITA JURISDICCIÓN Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que al día de hoy la parte quejosa no ha exhibido la garantía que se fijó, a fin de que continúe surtiendo efectos la suspensión provisional concedida mediante proveído de once de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, se ordena hacer del conocimiento de las autoridades responsables que tienen expedita su jurisdicción para ejecutar los actos reclamados. En el entendido que dicha circunstancia sólo impide que la suspensión surta plenamente sus efectos ante la falta del cumplimiento del requisito que se fijó para su efectividad, pues hasta en tanto no se emita la suspensión definitiva en el presente cuaderno incidental, se está en aptitud de allegar la respectiva garantía a fin de que vuelva a surtir efectos la medida cautelar, siempre y cuando no se haya ejecutado el acto reclamado. Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. INFORME PREVIO Téngase por recibido el oficio signado por la Juez Segundo Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato mediante el cual rinde su informe previo, en ese sentido, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia respectiva. Notifíquese, vía electrónica al fiscal adscrito.

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