Eunice Montesinos López

Expediente 187/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
187/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
06/04/2016

Partes del expediente

  • Eunice Montesinos López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido y como lo solicita, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágasele la devolución de las documentales a que alude, una vez que allegue a este Juzgado las copias simples de los documentos que refiere, a fin de que se pueda realizar la compulsa correspondiente, previa razón de recibido que se deje en autos .

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto dictado el catorce de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por ------------------, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por ****, a través del cual solicita la devolución de los documentos que fueron anexados al escrito inicial de demanda; en tales condiciones, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, por lo que una vez que quede firme el auto dictado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, se acordará lo conducente previa solicitud que haga al respecto.

  4. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al AVISO de quince de marzo del año en curso, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA el proveído de catorce de marzo del año en curso, en atención a que no compareció los días dieciséis ó diecisiete de los actuales, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito de cuenta signado por ****, a través del cual da cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional en auto de diez de marzo del año en curso, aclarando que el acto reclamado, consiste únicamente en la violación al derecho de petición contemplado en el artículo 8 Constitucional, por parte de la autoridad responsable Jefe de la Oficina Recaudadora de Irapuato, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, asimismo, que su nombre correcto es como ha quedado escrito y, exhibe las copias de su escrito aclaratorio, necesarias para distribuir entre las partes. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. De la lectura integra de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa hace consistir el acto reclamado de manera esencial en la omisión de la responsable Jefe de la Oficina Recaudadora de Irapuato, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, de dar contestación al escrito presentado el uno de marzo de dos mil dieciséis, que constituye violación al artículo 8 Constitucional, dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Ahora bien, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación; por ende, al no vulnerar en forma inmediata derechos sustantivos es improcedente el amparo indirecto, y los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. Como se mencionó, en la especie, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado lo constituye de manera esencial la omisión de la responsable Jefe de la Oficina Recaudadora de Irapuato, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, de dar contestación al escrito presentado el uno de marzo de dos mil dieciséis, que constituye violación al artículo 8 Constitucional, dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. De ahí que, como se adelantó, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, pues fue dictado durante el trámite de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que dicha resolución no constituye un acto procesal que afecte a la inconforme en grado predominante o superior, de manera exorbitante. De donde se desprende, que la quejosa por ese conducto, y en relación al acta de embargo fiscal número *****., solicitó a la autoridad responsable Jefe de la Oficina Recaudadora de Irapuato, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, le informara si la misma, está o no apegada a derecho en virtud de no señalarse en ella, que los bienes embargados ahí señalados se tuvieron a la vista; y toda vez que sin fundar ni motivar dicha resolución, fue nombrada como depositaria de los bienes supuestamente embargados, lo que pone de relieve no una petición, sino la inconformidad contra la diligencia de embargo dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Por ello, el acto aquí reclamado no trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, pues cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, en razón de ello, el amparo indirecto es improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Además, cabe señalar que la quejosa tiene a su alcance los recursos previstos en las leyes secundarias, como lo son, el recurso de revocación, que contempla el Código Fiscal de la Federación en su artículo 116; así como, el juicio de nulidad, previsto en el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para inconformarse contra la resolución que aduce es ilegal en el escrito de petición que formuló ante la responsable. En suma, toda vez que el acto que por esta vía combate la impetrante del amparo, constituye un acto que, en dado caso, afectaría derechos adjetivos que no trascienden en grado predominante o superior y que tampoco afectan los derechos fundamentales que tutela la constitución, pues dicha afectación se materializará en su caso, una vez que se dicte la resolución que decida el fondo del asunto; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación.

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