Eusebio Guzman Amaro

Expediente 775/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
775/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Eusebio Guzman Amaro
  • Richard Hernandez Aleman

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 34003/2019-II del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit y, en atención a su contenido, téngasele devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 250/2019, número de orden 896/2019, del índice de este juzgado, del que se advierte que el quince de agosto del presente año, el Actuario judicial adscrito a dicho órgano jurisdiccional notificó personalmente en el lugar de su reclusión, a los quejosos Eusebio Guzmán Amaro y Richard Hernández Alemán, así como a su Defensora Pública Federal Lourdes Sinai Navarrete Larios, el acuerdo dictado el doce de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente en que se actúa. Dese de baja el exhorto 250/2019, número de orden 896/2019 del índice de este juzgado, tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, pues como la autoridad exhortada lo manifestó, éste se generó automáticamente vía electrónica.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito signado por Lourdes Sinaí Navarrete Larios, Defensora Pública Federal de los quejosos Eusebio Guzmán Amaro y Richard Hernández Alemán y, visto su contenido, se provee: En primer término, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el que señaló en el escrito de cuenta; sin que haya lugar a tener como medio de notificación, el correo electrónico que proporcionó, toda vez que la ley de la materia no lo prevé con tal carácter. Ahora bien, respecto de su manifestación en el sentido de "aceptar y protesta el cargo", no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud que por auto de doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 731 a 736), se le reconoció su personalidad como representante de los quejosos Eusebio Guzmán Amaro y Richard Hernández Alemán, para que intervenga en el presente juicio de amparo. Por otro lado, toda vez que solicita que se le autorice el acceso al expediente electrónico, para lo cual con fundamento en el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal proporcionó el usuario "Isnavarrete", se provee: En atención al artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acredita que Lourdes Sinaí Navarrete Larios es titular del usuario "Isnavarrete", el cual se encuentra vigente, con fundamento en el referido artículo 3 de la Ley de Amparo y en los artículos 77, 78, 93 y 94 del también mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por lo que se concede a Lourdes Sinaí Navarrete Larios, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Signifíquese a la signante que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, Hugo Mercado Bautista, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. Finalmente, atendiendo a que Lourdes Sinaí Navarrete Larios solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición únicamente hasta este momento, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y FORMACIÓN. Agréguese a los autos el oficio 340/2019-E, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al cual se adjuntó copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 1015/2018-E, promovido por Eusebio Guzmán Amaro y Richard Hernández Alemán; con motivo de la separación de juicios ordenada el siete de agosto de dos mil diecinueve, en el referido sumario constitucional, y veintiocho anexos. Fórmese expediente y regístrese con el número 775/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. Ahora bien, conviene precisar que en razón de lo ordenado mediante auto de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 1015/2018-E, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, respecto de la separación de juicios que dio origen al presente expediente, el sumario constitucional en que se actúa únicamente versará respecto del acto reclamado por Eusebio Guzmán Amaro y Richard Hernández Alemán, consistente en la omisión de dictar sentencia en la causa penal 47/2017, del índice de la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR CUANTO HACE AL QUEJOSO EUSEBIO GUZMAN AMARO. Ahora, atinente al acto reclamado por el promovente Eusebio Guzmán Amaro al Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, que se analizará en este juicio, consistente en: - La omisión de dictar sentencia en la causa penal 47/2017. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, en relación con la diversa X, ambas del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.) De la lectura del artículo transcrito se infiere que el juicio de garantías resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo que causó ejecutoria, lo cual en términos del artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles constituye cosa juzgada, de modo tal, que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio de amparo, pues de hacerlo atentaría no sólo contra la técnica que rige esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República. Para que exista cosa juzgada resulta necesario que, con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas pretensiones y el propio acto reclamado, en que exista, por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se hizo valer en ambas demandas. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia XX.95 K sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Así, en la especie, el promovente reclama la omisión de dictar sentencia en la causa penal 47/2017 del índice del Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla; sin embargo, es un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 857/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla ya se analizó dicho acto reclamado por el mismo quejoso, en contra de idénticas autoridades. Para acreditar lo anterior, se ordena glosar la impresión certificada recabada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de la captura de información de tal expediente; documental que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis I.10o.C.2 K del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y I.1o.A.14 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y texto son los siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda". "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo" Sentado lo anterior, como se puede apreciar de las referidas documentales, en el citado juicio de garantías 857/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el hoy quejoso reclamó el mismo acto, de la misma autoridad responsable, y respecto del cual ya se emitió sentencia el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, resolución en contra de la cual el quejoso interpuesto recurso de inconformidad, mismo que se declaró infundado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve y, se dictó su archivo el nueve de julio del año que transcurre, por lo que es incuestionable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Máxime que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en dicho amparo, se dictó sentencia definitiva en la causa penal 47/2017 del índice del Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Esto es así, pues la finalidad que se busca en la citada hipótesis es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa en contra de un mismo acto, lo cual resulta contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Así, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Por tanto, de un análisis comparativo entre el juicio de amparo en nos ocupa (775/2019-B) y el diverso 857/2018 de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, se advierte que existe identidad de partes, de autoridad responsable y de acto reclamado. En ese sentido, en la especie se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues resulta evidente que la resolución que por esta vía pretende reclamar el promovente, así como su ejecución, fueron materia de estudio en la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 857/2018 del índice Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla. Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA POR CUANTO HACE AL QUEJOSO EUSEBIO GUZMAN AMARO. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DEL QUEJOSO RICHARD HERNÁNDEZ ALEMÁN. Ahora bien, respecto al acto reclamado por el promovente Richard Hernández Alemán al Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, que se analizará en este juicio, consistente en: - La omisión de dictar sentencia en la causa penal 47/2017. Se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6, del ordenamiento legal en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita" Se explica, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma autógrafa o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez que conoce del amparo. En ese sentido como en diligencia de quince de mayo de dos mil diecinueve (foja 631), Richard Hernández Alemán, precisó que se desistía del juicio de amparo 1015/2018-E, mismo que dio origen al presente sumario constitucional, resulta claro que no está manifestada la voluntad de su autor en comprometerse con el contenido de la demanda de garantías. Motivo por el cual es clara la actualización de la causa de improcedencia invocada, al no existir la voluntad del gobernado en accionar esta instancia constitucional. En ese contexto, como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por lo que, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA POR CUANTO HACE AL QUEJOSO RICHARD HERNÁNDEZ ALEMÁN. SE RECONOCE LA PERSONALIDAD A LA DEFENSORA PÚBLICA LOURDES SINAÍ NAVARRETE LARIOS, EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que mediante auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (foja 26), dictado por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en el juicio de amparo 945/2018-IV, se tuvo como defensora pública de los aquí quejosos a Lourdes Sinaí Navarrete Larios. Por tanto, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6, fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, se tiene como representante de los quejosos a Lourdes Sinaí Navarrete Larios, para que intervenga en este juicio de amparo como Defensora Pública, quien señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit. DOMICILIO Y NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSO, ASÍ COMO A SU DEFENSORA PÚBLICA LOURDES SINAÍ NAVARRETE LARIOS. Se tiene como domicilio para para oír y recibir notificaciones de los quejoso el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro, con residencia en Tepic, Nayarit y, atento a que dicho centro penitenciario se encuentra ubicado fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos Eusebio Guzmán Amaro y Richard Hernández Alemán, así como a su defensora pública Lourdes Sinai Navarrete Larios, y se cerciore de su identidad; Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 775/2019-B-; Notifique a los antes citados el presente proveído; Les corra traslado con copia autorizada del presente auto; Asiente razón en el sentido de si quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen dicha notificación aún en horas y días inhábiles. Así de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. AUTORIZADOS. Se hace constar, para los efectos legales a que haya lugar, que el quejoso no designó autorizado alguno en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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