Eusebio Guzman Amaro

Expediente 618/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
618/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Eusebio Guzman Amaro

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en el Estado de Nayarit, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 7/2018 de su índice, suscitado por este Juzgado de Distritito y el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, dentro del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, en el que la superioridad resolvió: "PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit y el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla . SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado Nayarit es el legalmente competente para conocer de la demanda promovida por Eusebio Guzmán Amaro. TERCERO. Remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, para su conocimiento." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de alzada, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, a través del cual informa que por acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, admitió a trámite el conflicto competencial suscitado por este Juzgado de Distritito y el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, dentro de los autos del presente asunto, radicándolo bajo el número 7/2018 de su índice de lo que la suscrita toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, a través del cual informa que remitió los autos del juicio de amparo 754/2018-II de este índice, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial suscitado en el presente asunto; de lo que la suscrita toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil dieciocho. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese el oficio 17438-II del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, con el que remite la demanda de amparo promovida por Eusebio Guzmán Amaro, registrada bajo el juicio de amparo indirecto 754/2018-II de su índice; de cuyo contenido se advierte que la autoridad federal se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo citado y lo envía para que esta Juzgadora se avoque a su conocimiento; al respecto se provee. RADICACIÓN. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 618/2018-D. Acúsese recibo. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA PLANTEADA. En ese tenor, vista la comunicación de cuenta se advierte que la autoridad oficiante declina competencia territorial, por estimar que, respecto del acto reclamado, consistente en la inactividad procesal dentro de la causa penal 47/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla, se actualiza la primera de las hipótesis establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, pues aduce lo siguiente: "(.) En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo y tomando en consideración lo señalado en el artículo 37 de la ley de la materia, se advierte que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para su conocimiento y se considera que le corresponde al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, por las siguientes razones. Ahora, es necesario establecer la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues ello daré pauta para identificar qué regla de competencia dispuesta en el artículo 37 de la ley de la materia, es aplicable al caso en concreto. Al respecto, se tiene que el acto reclamado que la parte promovente hizo consistir es la inactividad procesal dentro de la causa penal 47/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Penal, con residencia en el Estado de Puebla y la omisión de remitir los procesos que se le siguen al Juez correspondiente para el dictado de la sentencia. Además, del libelo de demanda se desprende que el promovente refirió, bajo protesta de decir verdad que, ha transcurrido un año siete meses desde que las autoridades judiciales responsables, aceptaron la competencia planteada por lo que hace al delito de secuestro. En ese tenor, de acuerdo con lo plasmado en el escrito inicial de demanda se advierte que el reclamo de la parte promovente no es contra un acto de los que doctrinariamente se conocen como "declarativos", esto es, de aquello que solo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; sino que versa en un "no hacer" de las atondadas respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de realizar, es decir, continuar con el procedimiento en cada uno de los expedientes penales de origen, y, de ser el caso, dictar un acuerdo en el que ordene el cierre de instrucción, a fin de continuar con las siguientes fases procesales que culminen con el pronunciamiento de la resolución que en derecho corresponda y que dilucide la situación legal del promovente, de acuerdo con lo que manifiesta el agraviado en el escrito de demanda. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Motivo por el cual, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado en la demanda de amparo, puede aseverarse que tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, dentro del trámite de los procesos que se siguen al quejoso, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien el quejoso reclama la omisión de dictar sentencia dentro de la causa penal 47/2017, del índice del juzgado responsable, así como la omisión de remitir los diversos procesos que se le siguen al juez correspondiente para el efecto indicado, lo anterior a fin de resolver conforme a derecho y en el plazo legal, los juicios seguidos al promovente, lo cual, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo; lo cierto, es que ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras las autoridades responsables continúen con la abstención que se les impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos del impetrante, como es el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita); ya que a demorarse en emitir la sentencia correspondiente, está en juego su libertad personal en tanto las autoridades no hagan lo que las leyes les ordenan; esto, porque mientras persista esa abstención el accionante seguirá privado de su libertad, sin haber sido sentenciado. En suma, la autoridad judicial al actuar como lo hace retarda la decisión final en la causa penal que se le sigue y con ello se trasgrede, como ya se dijo, de manera directa se traduce en la violación al derecho fundamental de acceso a la justicia y en general al debido proceso. (.) En efecto, se considera que, en la especie, se actualiza la primera regla de competencia, en la hipótesis de que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto se esté ejecutando, porque si bien es verdad que en el presente asunto se está frente a una omisión, también es cierto que ese "no hacer" por parte de las responsables con residencia en el Estado de Puebla, provoca que continúe ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es, el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita) y, por consiguiente, su libertad; ya que al dilatarse en el dictado de la resolución que dirima su situación jurídica, está en juego su Iibertad personal en tanto las autoridades no hagan lo que las leyes le ordenan." Sin embargo, la suscrita jueza Federal, muy respetuosamente, no comparte las consideraciones que tuvo la jueza oficiante para declinar su competencia en favor del Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, con residencia en esta ciudad, por lo siguiente: En principio, es conveniente mencionar que tratándose de la competencia por territorio, para conocer del juicio de amparo en la vía indirecta, el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, dispone: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito, se advierte la existencia de tres reglas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: 1. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. En caso de que el acto reclamado pueda ejecutarse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, entonces será competente ante el Juez que se haya presentado la demanda; y, 3. Cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas de competencia se refieren al acto o resolución reclamados que requieren de ejecución material, mientras que la última se refiere a actos que no requieren ejecución material. Ahora, el punto a dilucidar, consiste en determinar si la obstrucción de acceso a la justicia pronta y expedita, con motivo de la dilación en el dictado de la resolución que dirima la situación jurídica de la parte quejosa, requiere o no una ejecución material, para efectos de determinar la competencia en amparo para conocer de la demanda promovida por una persona recluida en un lugar diverso al en que se le instruye un proceso penal. En ese sentido, es pertinente transcribir el contenido del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano que establece lo siguiente: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (...)" Así, el análisis de la porción normativa transcrita, permite arribar al conocimiento que los tribunales en la República Mexicana, estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, mismos que deberán emitir sus resoluciones de manera pronta (dentro de los plazos legales establecidos), completa, gratuita e imparcial, ya que toda persona tiene derecho a la administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se invoca: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En ese contexto, la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto de naturaleza negativa, ya que implica un 'no hacer' de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales del gobernado. Una vez que se ha establecido que la violación al artículo 17 Constitucional, constituye un acto de naturaleza negativa, resulta pertinente establecer si éste trae aparejados actos que requieran de ejecución material. Sobre dicho tópico, esta juzgadora estima que la omisión de dictar sentencia dentro de los plazos razonables que la ley establece, constituye un acto negativo carente de ejecución material, ya que no puede tomarse en consideración el sentido de la resolución que, en su caso, se llegue a emitir en el juicio constitucional, pues dicho resultado, frente a la omisión reclamada, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión. En ese tenor, la dilación para desahogar un procedimiento en los plazos de ley y, por consiguiente, la omisión de dictar la sentencia respectiva, por sí, no tiene un efecto distinto que el de la inhibición de la autoridad de actuar y, por tanto, no requiere de ejecución material alguna, por lo que, el competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra esa omisión, es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, sin que sea factible considerar la posibilidad de que la omisión citada tenga efectos positivos si se otorga al quejoso el amparo solicitado, pues esa es una interpretación que escapa a la literalidad contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, anteriormente transcrito. Al respecto, es conveniente mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), determinó en lo conducente, que el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior, lo consideró la citada Primera Sala, para evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia en comento es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." En suma, de conformidad con los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se concluye que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues en la condiciones anotadas, la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Las consideraciones anteriores permiten establecer que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por una persona recluida en un lugar diverso al en que se le instruye un proceso penal, contra la omisión de dictar sentencia en la causa penal respectiva, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda relativa. Ello es así, pues dicho acto no requiere de ejecución material alguna; y, por ende, la suscrita juzgadora Federal estima que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, esta juzgadora muy respetuosamente, no comparte las consideraciones que tuvo la jueza oficiante para declinar competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Eusebio Guzmán Amaro, contra la omisión por parte de las autoridades responsables de dictar la sentencia correspondiente en la causa penal que se lleva en su contra, pues a juicio de la suscrita, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo es aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, devuélvase la demanda relativa; solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso señaló como domicilio para para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Playa Miramar número treinta y ocho, colonia Fovissste, Primera Etapa, código postal seis mil ciento diecinueve, Tepic, Nayarit, en consecuencia, y, atento a que el referido domicilio se encuentra ubicado fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Notifique este auto al quejoso Eusebio Guzmán Amaro, en el domicilio antes mencionado. b) Le corra traslado con copia autorizada del presente proveído. c) Lo requiera en el acto de la diligencia o le haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla. Apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a la licenciada María del Carmen Ortega Reguera, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. AUTORIZADO. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Luis Alberto Aguilar García, designado, atento a que de los datos proporcionados acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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