Eusebio Fernando Zequeida Ruiz
Expediente 705/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eusebio Fernando Zequeida Ruiz
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que alude el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el que se actúa, en términos del numeral 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Archivo Toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que no existe actuación alguna por cumplimentar; remítase el presente cuaderno al archivo como asunto definitivamente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Valoración Conforme a los artículos 14 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es destruible, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, transcurridos tres años a partir del presente acuerdo de archivo, procédase a su destrucción. Digitalización Ahora bien, conforme a la normativa invocada resulta necesario que el expediente electrónico se encuentre integrado en su totalidad; en consecuencia, se instruye a los Actuarios y Oficiales Judiciales "C", que tengan a su cargo el presente asunto, para que verifiquen que todas las constancias y documentos del expediente físico estén digitalizados e incorporados al expediente electrónico, o en su caso, digitalicen las constancias de notificación, promociones y determinaciones que se encuentren pendientes, en tanto que a la persona Secretaria responsable le corresponde cerciorarse que tal circunstancia se cumpla; lo anterior, con la finalidad de estar en condiciones de materializar el destino que corresponda a este expediente. Incidente de suspensión Sin que sea dable realizar pronunciamiento en torno al incidente de suspensión, en razón de que en este asunto no se tramitó por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni tratarse de alguno de los supuestos en los que debía proveerse de manera oficiosa. Devolución de documentos De igual forma, no resulta necesario proveer sobre la devolución de documentos originales a las partes, en tanto que conforme a la certificación de cuenta, se advierte que no los allegaron a este asunto. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la demanda presentada por Jairo Neri Casarrubias, en su carácter de apoderado legal de Eusebio Fernando Zequeida Ruiz, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por tanto, se provee: Registro de demanda Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 705/2023, y fórmense expediente y electrónico. Desechamiento de la demanda Debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. De modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, se estima de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la misma y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 3.- En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. - - -Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. - - - Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. - - - Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. - - - La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. - - - En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. - - - El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. - - - Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. - - - No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: - - - I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. - - - El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. - - - Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; - - - La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. - - - Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: - - - I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De una recta interpretación de los artículos 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona a quien perjudique el acto que se reclame, lo cual podrá realizar por sí, por su representante, por su defensor cuando provenga de una causa criminal y cuando expresamente lo permita la ley, por medio de algún pariente o persona extraña. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de parte quejosa, quien resienta una afectación o lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales es titular y que resulten afectados por el acto de autoridad reclamado, el cual debe ocasionar un agravio personal directo en la esfera jurídica del promovente del amparo. En tanto, el arábigo 3° de la ley de la materia, dispone que los escritos que se presenten en forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información deberán utilizar la firma electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa con la finalidad de presentar promociones a través de los medios electrónicos previstos en la ley de la materia. De lo anterior se extrae que resulta indispensable la signatura autógrafa del promovente para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que su ausencia convierte a la promoción de que se trate en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la ausencia de firma se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, torna patente su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibirse una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgado respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en la inteligencia, que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente, mediante signos distintivos como es la signatura autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma a ruego. De manera que, dada la carencia de esa exigencia fundamental, se concluye que la acción constitucional no se ha ejercido, pues el signo autógrafo, constituye el mecanismo a través del cual las personas expresan su voluntad a realizar determinado acto jurídico y con ella se acredita la autenticidad del documento, por lo que se trata de un elemento indispensable para dotar de eficacia a cualquier actuación escrita. En ese orden de ideas, del análisis del escrito de demanda de amparo, se desprende que Jairo Neri Casarrubias, en su carácter de apoderado legal de Eusebio Fernando Zequeida Ruiz, aparentemente pretende comparecer a esta instancia judicial a reclamar el actuar de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, relativo a la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 86/2018. Sin embargo, dicho ocurso de demanda se presentó sin su firma autógrafa, pues únicamente se asentó el nombre de Jairo Neri Casarrubias, requisito indispensable, ya que como se precisó, que resulta signo inequívoco de la expresión de la voluntad para instar la acción constitucional de que se trata. Por tanto, al no haber estampado la parte peticionaria de amparo su firma autógrafa original, es de estimarse que en ella no se incorpora la voluntad de dicho promovente de presentarla, por lo que, se estima la actualización de la causa de improcedencia invocada. Al respecto resulta oportuno citar la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página dos mil ciento cincuenta y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, mayo de dos mil quince, materia común, con número de registro 2009142 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 20 (10a.)]." Ello, pues la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Quinta Parte, página setenta y uno de rubro y texto, determinó que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda carece de firma autógrafa del promovente; criterio que es de observancia obligatoria en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO." Sin que en el referido criterio, se haya establecido debía requerirse al promovente para subsanar la falta de firma autógrafa; además, si bien el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al peticionario de derechos fundamentales para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión. Lo cierto es que la falta de firma autógrafa del referido quejoso no puede equiparse a una irregularidad subsanable a través de la prevención, pues se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio constitucional. (...) Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE CINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la demanda presentada por Jairo Neri Casarrubias, en su carácter de apoderado legal de Eusebio Fernando Zequeida Ruiz, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por tanto, se provee: Registro de demanda Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 705/2023, y fórmense expediente y electrónico. Desechamiento de la demanda Debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. De modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, se estima de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la misma y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 3.- En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. - - -Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. - - - Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. - - - Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. - - - La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. - - - En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. - - - El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. - - - Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. - - - No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: - - - I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. - - - El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. - - - Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; - - - La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. - - - Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: - - - I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De una recta interpretación de los artículos 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona a quien perjudique el acto que se reclame, lo cual podrá realizar por sí, por su representante, por su defensor cuando provenga de una causa criminal y cuando expresamente lo permita la ley, por medio de algún pariente o persona extraña. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de parte quejosa, quien resienta una afectación o lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales es titular y que resulten afectados por el acto de autoridad reclamado, el cual debe ocasionar un agravio personal directo en la esfera jurídica del promovente del amparo. En tanto, el arábigo 3° de la ley de la materia, dispone que los escritos que se presenten en forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información deberán utilizar la firma electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa con la finalidad de presentar promociones a través de los medios electrónicos previstos en la ley de la materia. De lo anterior se extrae que resulta indispensable la signatura autógrafa del promovente para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que su ausencia convierte a la promoción de que se trate en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la ausencia de firma se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, torna patente su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibirse una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgado respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en la inteligencia, que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente, mediante signos distintivos como es la signatura autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma a ruego. De manera que, dada la carencia de esa exigencia fundamental, se concluye que la acción constitucional no se ha ejercido, pues el signo autógrafo, constituye el mecanismo a través del cual las personas expresan su voluntad a realizar determinado acto jurídico y con ella se acredita la autenticidad del documento, por lo que se trata de un elemento indispensable para dotar de eficacia a cualquier actuación escrita. En ese orden de ideas, del análisis del escrito de demanda de amparo, se desprende que Jairo Neri Casarrubias, en su carácter de apoderado legal de Eusebio Fernando Zequeida Ruiz, aparentemente pretende comparecer a esta instancia judicial a reclamar el actuar de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, relativo a la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 86/2018. Sin embargo, dicho ocurso de demanda se presentó sin su firma autógrafa, pues únicamente se asentó el nombre de Jairo Neri Casarrubias, requisito indispensable, ya que como se precisó, que resulta signo inequívoco de la expresión de la voluntad para instar la acción constitucional de que se trata. Por tanto, al no haber estampado la parte peticionaria de amparo su firma autógrafa original, es de estimarse que en ella no se incorpora la voluntad de dicho promovente de presentarla, por lo que, se estima la actualización de la causa de improcedencia invocada. Al respecto resulta oportuno citar la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página dos mil ciento cincuenta y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, mayo de dos mil quince, materia común, con número de registro 2009142 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 20 (10a.)]." Ello, pues la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Quinta Parte, página setenta y uno de rubro y texto, determinó que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda carece de firma autógrafa del promovente; criterio que es de observancia obligatoria en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO." Sin que en el referido criterio, se haya establecido debía requerirse al promovente para subsanar la falta de firma autógrafa; además, si bien el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al peticionario de derechos fundamentales para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión. Lo cierto es que la falta de firma autógrafa del referido quejoso no puede equiparse a una irregularidad subsanable a través de la prevención, pues se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio constitucional. (...) Notifíquese personalmente.... NOTIFIQUESE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,273 expedientes
- Eulises del Carmen Amaya825/2023
- Eulogia Campuzano Romero1126/2021
- Eulogio García Tecalixto1003/2021
- Eunice Valeria Cipriano Guzman6/2021
- Eusebia Malanga Blancas562/2019
- Eusebio Fernando Zequeida Ruiz478/2022
- Eusebio Fernando Zequeida Ruiz730/2023
- Eusebio Fernando Zequeida Ruiz397/2023
- Eusebio Gómez Duque1167/2016
- Eusebio Gómez Duque1291/2015
- Eusebio Gómez Duque403/2015
- Eusebio Gómez Duque757/2015