Eusebia Malanga Blancas

Expediente 562/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
562/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • Eusebia Malanga Blancas

Actuaciones

  1. Principal

    TÉNGASE POR RECIBIDO VÍA ELECTRÓNICA EL OFICIO SIGNADO POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, MEDIANTE EL CUAL NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, DEL QUE SE ADVIERTE QUE EL JUZGADO DE SU ADSCRIPCIÓN ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA POR ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ... CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y OTRAS AUTORIDADES RESPONSABLES. POR LO ANTERIOR, AL NO HABER NADA MÁS POR CUMPLIMENTAR, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. ASIMISMO, ES PRECISO MENCIONAR QUE, CONFORME AL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009, EMITIDO EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, POR LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE, ESPECÍFICAMENTE EN LO RELATIVO AL CAPÍTULO QUINTO DE LA DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES, ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, SE HACE LA INDICACIÓN DE QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. POR LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO DEL ACUERDO GENERAL ANTES REFERIDO, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SEIS MESES A PARTIR DEL PRESENTE PROVEÍDO, PREVIA ACTA, RELACIÓN QUE SE ELABORE PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE, ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LOS LIBROS RESPECTIVOS, COPIA DIGITAL DE TODAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL SUMARIO DEPURADO Y REGISTRO ELECTRÓNICO ASOCIADO, PROCÉDASE A LA DESTRUCCIÓN DE LOS AUTOS, Y EN SU MOMENTO REMÍTASE UNA COPIA DEL ACTA MENCIONADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; diez de junio de dos mil diecinueve. Visto el oficio signado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, turnado a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con el cual remite con motivo de la separación de juicios decretada en el juicio de amparo indirecto 315/2019-I, de ese índice, la demanda de amparo promovida por Eusebia Malagon Blancas, quien se ostenta como responsable de la Estancia Infantil "Cosquillitas", contra actos del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades responsables; por consiguiente, se provee: Registro de demanda, y acuse de recibo. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 562/2019, fórmese expediente, y acúsese recibo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Incompetencia por razón del territorio. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en la emisión de las reglas de operación del programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio Fiscal dos mil diecinueve (2019), que se traduce en la entrega de recursos a estancias infantiles en apoyo a madres trabajadoras; sin embargo, esta juzgadora estima que no es legalmente competente para conocer de la demanda, por las siguientes razones. En principio, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;". Por su parte, el precepto 37 de la Ley de Amparo, estatuye: "ARTICULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los normativos transcritos, se aprecian los supuestos que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer, y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: "1.- Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo expuesto se advierte que, conforme al precepto anotado, para definir la competencia de un Juez de Distrito, debe atenderse al ámbito de ejecución material del acto reclamado, y en el caso concreto, la emisión de las reglas de operación del programa de Estancia Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio Fiscal dos mil diecinueve (2019), se traduce en la entrega de recursos cuya circunstancia se verifica en el domicilio donde se ubica la estancias que defiende la quejosa. Resulta importante señalar que el acto que reclama la impetrante del amparo, se considera como aquellos actos negativos porque se vincula con un "no hacer" de la autoridad, pero lo cierto es que tiene efectos positivos. Al respecto, conviene recordar que para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo es necesario establecer, en primer lugar, si el acto reclamado tiene una ejecución material, es decir, si trae aparejada alguna ejecución. En el caso concreto, esta Juzgadora estima que el acto reclamado sí tiene aparejada ejecución material, que consiste en la entrega de los recursos para la estancia infantil que representa la quejosa. Consecuentemente, tales circunstancias conllevan a concluir que en el caso, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda que se provee, es aquél en cuya jurisdicción se encuentra la estancia infantil, esto es Chilpancingo, Guerrero, pues lleva consigo aparejada ejecución en dicha localidad, por lo que la competencia por razón de territorio para conocer y resolver el asunto recae en el Juez de Distrito con jurisdicción en dicho municipio. En efecto, se advierte que la pretensión de la quejosa está encaminada a impugnar un acto reclamado que por su naturaleza jurídica es de carácter negativo, porque la autoridad responsable se ha negado a entregar el recurso en relación con la estancia infantil que defiende, pero con efectos positivos, toda vez que la conducta asumida afecta materialmente la esfera de derechos fundamentales vinculados con la operatividad de dicha estancia, cuya consecuencia consiste en la restricción de recursos contemplados por el presupuesto de egresos de la Federación. Es aplicable, por las razones que la informan, la tesis aislada sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO NEGATIVO CON EFECTO POSITIVO. La declaración de la autoridad responsable, en el sentido de que es inadmisible el recurso de la apelación extraordinaria hecha valer por el quejoso, en contra de la resolución de la autoridad inferior, como lo afirma el Juez de Distrito, aunque es acto negativo, puesto que se rehusa a admitir ese recurso de apelación extraordinario, tiene el efecto positivo de permitir que se ejecute la sentencia del Juez" . En ese orden de ideas, al definirse que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo con efectos positivos, ello conlleva a que, en la especie, aplique la primera regla de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, tocante a que debe conocer del asunto el órgano constitucional que ejerce jurisdicción en el lugar donde se esté ejecutando la conducta reclamada, porque al ubicarse la estancia relacionada la consecuencia es que se siga vulnerando la esfera de derechos de la quejosa vinculada con la restricción de un recurso que refiere estar contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación. Bajo esa óptica, toda vez que la estancia infantil se ubica en Calle Real, número 11, Colonia Galeana, código postal 39010, Localidad de Chilpancingo de los Bravo, Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esta juzgadora no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo de cuenta, por lo que ordena su remisión al Juez de Distrito en el Estado, con residencia en Chilpancingo, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Se solicita al citado juzgador que una vez que lo reciba, dentro del término que señala el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de la materia, informe si acepta o no la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO EN EL MISMO ESTADO EN MATERIA DE AMPARO, CUANDO CORRESPONDE AL QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE PRETENDE REALIZARSE EL ACTO RECLAMADO, AUNQUE NO EXISTA SEÑALAMIENTO DE AUTORIDADES EJECUTORAS RADICADAS EN ESE SITIO. La circunstancia de que no se haya señalado como autoridad responsable ejecutora una residente en la circunscripción territorial en que ejerce su jurisdicción un juez de distrito, no significa que éste sea incompetente legalmente para conocer de la demanda de amparo interpuesta contra una orden de aprehensión y su cumplimentación cuando de los hechos narrados en la demanda de garantías se desprende que los Agentes de la Policía Judicial, se presentaron en el domicilio del quejoso con la intención de aprehenderlo, ubicado precisamente en un lugar en que ejerce jurisdicción el juez de Distrito que se dice incompetente, toda vez que el artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres hipótesis para determinar la competencia de un juzgado de Distrito que son: primera, es competente el juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; segunda, cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención y, tercera, cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. De esta manera se advierte que el caso concreto encuadra en la primera de las hipótesis que alude a la competencia del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de cumplimentación del acto, aunque no se hayan señalado autoridades ejecutoras en el juicio de amparo" . Se autoriza la expedición de copias. Hágase saber a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autorizan copias simples y certificadas de las actuaciones, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa firma de recibido que se agregue a los autos para constancia legal. Uso de medios electrónicos. Tal y como lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la circular 12/2009, no existe inconveniente en que al momento de consultar el expediente en que se actúa las partes hagan uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; asimismo, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Ezequiel Castro Vázquez, Miguel Ángel Pantoja Bedolla y Ernesto Martínez Abarca, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir a Luis Antonio Adame Ignacio, Javier Sánchez Alemán y Yovani Rafael Alcaraz Arroyo, dado que no cuentan con dicho registro. De las notificaciones de las partes. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Marlon Iván López Ríos, secretario que da fe.

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