Eulogio Pablo Coyotzi Vázquez

Expediente 976/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
976/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
20/08/2015

Partes del expediente

  • Eulogio Pablo Coyotzi Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guarda los autos, se difiere la audiencia constitucional para las once horas cuarenta minutos del cuatro de septiembre de dos mil quince.

  2. Principal

    Visto el escrito del signado por el quejoso Eulogio Pablo Coyotzi Vázquez, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como autorizado en términos amplios a la persona que señala en su escrito, por estar registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

  3. Principal

    Agréguense los oficios signados por la Juez y Diligenciaria, ambos del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendidos sus respectivos informes justificados. Asimismo, se tiene a dichas autoridades responsables, informando que mediante oficio 625, remitieron los autos originales del expediente 54/2003 de su índice, a este órgano jurisdiccional dentro del diverso juicio de amparo 710/2015-IV del índice de este juzgado; en tales condiciones, como un evidente hecho notorio téngase a la vista el citado expediente 54/2003 del cual emana el acto reclamado, al momento de dictar la sentencia en el presente juicio de amparo. Con el contenido de los informes de mérito con anexos y expediente 54/2003, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, en relación a la acumulación que plantean dichas autoridades oficiantes, en el sentido de que el presente juicio de amparo se acumula al diverso juicio de garantías 710/2015-IV del índice de este órgano jurisdiccional, dígaseles que tal situación ya se proveyó en el juicio de amparo señalado en último término.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado Ocotlán Adrián Coyotzi Vázquez; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que expresa los cuales podrán ser tomados en consideración al dictarse el fallo respectivo. Por otra parte, con fundamento en el precepto 119 de la ley de la materia, se le tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas consistentes en las placas fotográficas, pasaporte y documental que adjunta a su ocurso de mérito, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de que se relacionen nuevamente en la audiencia constitucional. En otro aspecto, en relación a la prueba de inspección judicial, que refiere en su ocurso de cuenta, debe decirse que ésta consiste en una prueba que tiene un propósito definido durante el trámite del juicio de amparo, consistente en que el juzgador compruebe, por medio de los sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que, en un momento, se dicen existentes. Asimismo, cabe apuntar que la inspección judicial constituye un examen sensorial directo realizado por el juez en cosas u objetos que están relacionados con la controversia, tendente a formar en éste convicción sobre su estado, situación o circunstancias que tengan relación con el proceso; en tal virtud, se tiene que la inspección judicial es un medio de prueba que lleva a cabo el juez y que consiste en someter las cosas, lugares o inclusive personas al examen adecuado de todos los sentidos, dado que no sólo se concreta a lo apreciable por la vista, sino que puede abarcar el examen directo a través de los otros sentidos, como son olfato, oído, gusto y tacto. Atento a lo anterior, puede concluirse que la inspección judicial tiene como finalidad aclarar o fijar hechos relativos a la contienda establecida en el asunto de que se trate y que no requieran, para su desahogo y valoración, conocimientos técnicos especiales, tal como se desprende de la simple lectura del artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al diverso 2 de la Ley de Amparo: "Artículo 161. La inspección judicial puede practicarse, a petición de parte o por disposición del tribunal, con oportuna citación, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales. Precisado lo anterior, también conviene traer a colación lo establecido en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo vigente, que son del tenor siguiente: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia." "Artículo 120. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que deberá hacer dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el órgano jurisdiccional de amparo deberá excusarse de dictaminar cuando exista alguna de las causas de impedimento a que se refiere el artículo 51 de esta Ley. Al aceptar su nombramiento manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis de esos impedimentos." El contenido de los preceptos legales transcritos pone de manifiesto las siguientes notas respecto de las pruebas en el juicio de amparo: a) En el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho. b) Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia. c) En el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. En ese orden de ideas, es oportuno señalar que el principio de la idoneidad de la prueba, aunque no aparece detallado en la Ley de Amparo, es recogido por el supletorio artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el que interpretado en forma sistemática con el diverso numeral 119 de la ley de la materia, permite concluir que cualquiera de las pruebas cuya admisión está proscrita por el legislador, para ser aceptada por el juzgador, debe además tener relación inmediata con los hechos controvertidos, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común, que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos a certificar que deben acompañarse desde el ofrecimiento se advirtiera, desde luego y sin dudas, que ninguna relación guardan con la litis, o que su desahogo no creara convicción alguna en el juzgador respecto de los hechos a probar. Este razonamiento jurídico, que está íntimamente ligado con el objeto de la prueba, procura que el juzgador señale con certidumbre cuáles son las proposiciones de las partes que deben probarse y cuáles no requieren demostración, disposición que se complementa con el principio de que sólo requieren demostración los hechos controvertidos y no se admitirá prueba, en caso alguno, sobre los que no son objeto de contradicción; por lo que irremediablemente debe desecharse al resultar ocioso su desahogo. Zor consiguiente, la facultad de que goza el tercero interesado para ofrecer pruebas en el juicio de amparo no es plena, sino que debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos "controvertidos", como lo dispone el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles antes transcrito, de tal manera que si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla y esperar a su valoración al dictar sentencia, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la pericial, puede y debe desecharla sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional o incidental. Entonces, considerando que únicamente serán objeto de prueba en el juicio de amparo los hechos controvertidos contenidos en los escritos que fijan la litis, constituye una regla jurídica y lógica para la admisión y valoración de cualquier elemento probatorio que deba tener relación inmediata con los hechos litigiosos, lo cual es acorde a los principios de pertinencia o idoneidad de la prueba y de economía procesal, previstos en los preceptos legales en consulta y que, incluso, son inherentes a todo proceso. Por lo tanto, cuando sea ofrecido alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como lo es la testimonial, pericial o la inspección judicial, ha de analizarse inmediatamente si dicha prueba guarda íntima relación con los hechos discutidos en el juicio de amparo; es decir, si es idónea para acreditar las pretensiones constitucionales, para estar en posibilidad de que, en caso de que vaya a ser admitida, se prepare su desahogo y, en su defecto, de no estimarse eficaz para dilucidar lo pretendido por su oferente, desecharla desde su anuncio e, inclusive, si se estima que no se cuentan con datos suficientes para calificar la idoneidad de tal probanza, de todas formas se debe ordenar su preparación y en la audiencia constitucional o incidental, determinar lo procedente, todo lo anterior en aras de la economía procesal, así como de una pronta administración de justicia garantizada por el artículo 17 constitucional. Una vez precisado lo anterior, es conveniente destacar que del contenido del escrito de puntos concretos sobre los cuales versaría la inspección judicial ofrecida por el tercero interesado, se advierte, en síntesis que el ofrecimiento de tal medio probatorio lo ofrece a efecto de que el personal judicial adscrito a este Juzgado Federal dé fe, esencialmente quien es el poseedor y/o propietario; el tiempo de su posesión y/o propiedad y, habitación; así como, la descripción física, respecto de una fracción del predio denominado "LA ROSA", ubicado en calle Agricultura número noventa y cuatro y/o noventa y cuatro "A", de la población de Tlatempan, Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, así como, de la construcción que se encuentre en dicho bien inmueble; sin embargo, dichas circunstancias resultan irrelevantes para demostrar la certeza e inconstitucionalidad de los actos reclamados, toda vez que lo constituyen en esencia: La falta de emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario seguido a bienes de Felipe Coyotzi Vázquez y/o Felipe Coyotzi y de Ma. Bárbara Sabas Vázquez Trujillo y/o Bárbara Vázquez Trujillo y/o Bárbara Vázquez de Coyotzi y/o Bárbara Vázquez, dentro del expediente 54/2003 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala. En esas condiciones, es evidente que el desahogo de la inspección judicial no arrojaría ningún resultado práctico al desarrollo de la presente acción constitucional, de ahí que no se justifique el desahogo de tal medio de convicción, puesto que, dar fe de quien es el poseedor y/o propietario, el tiempo que lo habitan, así como, la descripción física del raíz materia del juicio de origen, no son la prueba idónea para desvirtuar la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio natural material del acto reclamado. En base a las consideraciones previamente expuestas y considerando la falta de idoneidad de la prueba de inspección judicial, lo procedente es desecharla de plano.

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