Eulalia García Vázquez
Expediente 934/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eulalia García Vázquez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos Interino adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; visto su contenido, se tiene a la autoridad oficiante acusando recibo del expediente relativo al Toca Civil de Queja 236/2017 de su índice.
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 103 a la 112), por el que se DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes, así como en la carátula del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurrido el plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, devuélvase a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Toca Civil de Queja 236/2017, previa certificación de desglose que obre en autos, mismo que remitió la citada autoridad a petición de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. ...
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veinticinco de opctubre de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Eulalia García Vázquez y su autorizado en termino amplios, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de diez de octubre de este año, dado que señaló la fecha en que tuvo conocimiento, amplió sus antecedentes del acto reclamado, asimismo, manifiesta que no señala como autoridad responsable a la Jueza Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y que no ha habido otro diverso juicio de amparo que derive del juicio natural. Expuesto lo anterior, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida contra actos de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del Toca de Queja número 236/2017; la cual, no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: ... De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esa línea, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis, con número de registro 2011428, estableció: ... Con base en la jurisprudencia transcrita los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En síntesis, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio: La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que los "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Bajo ese contexto, resulta relevante en este asunto, traer a la vista las constancias remitidas por el Secretario de Acuerdos Interino Adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las que se desprende que el acto reclamado en el presente juicio deriva del incidente penal 799/20112 y su acumulado 1281/2010, en el que se resolvió dejar insubsistente la interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y por la que le requirió a dicha autoridad para que una vez que recibiera el testimonio de la resolución antes citada, remitiera todo lo actuado dentro del incidente penal, así como las constancias necesarias del recurso de queja 147/2017, del que derivo del incidente 799/20112 y su acumulado 1281/2010, para el efecto de realizar el estudio específico sobre la autenticidad o no de la firma que calza en el recurso de queja de tres de marzo de dos mil diecisiete, ello, en virtud de ser la autoridad correspondiente para determinar su admisión o desechamiento y no el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc como aconteció. En razón de lo anterior, la resolución reclamada tiene como efecto la continuación del juicio de origen, ello porque solo resolvió parte del recurso de queja esto es, solo dejo insubsistente la interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, quedando pendiente el estudio específico sobre la autenticidad o no de la firma que calza el recurso de queja de tres de marzo de dos mil dieciséis, por tanto, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una sentencia adversa a los intereses de la parte aquí promovente, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, ya que sólo dejó insubsistente la resolución de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, sin entrar al estudio de dicha queja en virtud que la Juez de origen se pronunció respecto de la procedencia del recurso de queja sin ser la autoridad competente para ello, que bien podría repararse si la resolución de dicha queja resulta favorable a las pretensiones del inconforme. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable en amparo directo, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." ... En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Sirven de apoyo a lo anterior jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 640, Tomo II, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Finalmente, por lo que hace a su petición de tomar fotografías de las actuaciones que existan en el juicio en que se actúa; en atención a ello, dígasele que se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos Interino adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Civil -Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete, remite los autos del Toca Civil de Queja 236/2017 de su índice. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en auto de diez de octubre de dos mil diecisiete.
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