Eulogio Martinez Grajeda

Expediente 56/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
56/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/02/2021

Partes del expediente

  • Eulogio Martinez Grajeda

Actuaciones

  1. Principal

    pral.56/2021 mesa 7 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de febrero de dos mil veintiuno. 1. Causa estado resolución. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, promovida por *** sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Considerando que en proveído de veintisiete de enero del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso d), del referido acuerdo general, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento), este expediente es destruible, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste que este último es destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    PRAL.56/2020 MESA 7 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el veintiséis de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, promovida por ***, por propio derecho, contra un acto de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 56/2021. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, ***con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, **** "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". ****** En el caso, el quejoso reclama de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca: La falta de contestación al escrito de seis de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó su inclusión en el proyecto de la industria del mezcal. ***** Es decir, el referido precepto no establece un plazo en el que las autoridades (federales, locales o municipales) deben dar contestación a las solicitudes ****Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que, en su artículo 13, señala: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y *** Como se advierte, la Constitución local establece un plazo genérico de diez días para que las autoridades del Estado de Oaxaca contesten las peticiones de los gobernados, siempre y cuando la ley de la materia no fije otro. En la especie, en este juicio de amparo se señala como autoridad responsable a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca, la cual es una dependencia centralizada del Ejecutivo Estatal, por tanto, su actuar se rige por la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en términos de su artículo 1°. Bajo ese contexto, de los artículos 23 y 26 de esa Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se advierte que la *****a su derecho de petición establecido en el artículo 8° constitucional. Resulta aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia XIX1o5 K, visible en la página 633, tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época, cuyo texto es como sigue: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, la demanda de amparo promovida por Eulogio Martínez Grajeda, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Con la precisión que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión al peticionario de amparo, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no atienda la solicitud de seis de enero de dos mil veintiuno en el plazo legal para ello, el quejoso podrá promover de nueva cuenta el juicio constitucional, en caso de que lo estime conveniente. 4. Domicilio y autorizados. Toda vez la parte quejosa señaló en su escrito de demanda como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, se ordena que las notificaciones que deriven de este juicio, aun las que tengan el carácter de personal, se realicen mediante lista, conforme lo dispuesto por la fracción II, del numeral 27 de la Ley de Amparo; hasta en tanto no se designe diverso domicilio para tal efecto. Asimismo, se tiene por autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Eduardo Hernández Cruz, por no encontrarse cédula profesional a su favor que la faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciada en derecho, como se hizo constar en la certificación de cuenta, aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que tal persona acredite su profesión de licenciado en derecho o abogado. 5. Correo electrónico y teléfono. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020, se tiene a la parte quejosa *****. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 6. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del acuerdo general invocado, se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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