Eulalia López Ortiz
Expediente 368/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Eulalia López Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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CR.PRAL.368/2018-6A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, por el que acusa recibo del juicio de amparo 931/2018, de su índice, e informa que se avocó al conocimiento del citado asunto. Se forma cuaderno provisional. Finalmente, toda vez que el juicio de amparo 368/2018 se encuentra en la Actuaría de este Juzgado; fórmese el cuaderno provisional respectivo para proveer lo correspondiente y, en su oportunidad, sin previo acuerdo, agréguese a ese expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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PRAL.368/2018-6A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. ... Notifíquese personalmente. ...
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. 1. Recepción de los autos. Agréguese el oficio 37513/2018, signado por la jueza Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 931/2018, promovido por Eulalia López Ortiz, por propio derecho, contra actos del juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; toda vez que dice se encuentra relacionado con el juicio de amparo 368/2018, del índice de este Juzgado; en consecuencia, a fin de que no se vea afectada la estadística judicial y al no poder registrarlo como asunto nuevo, se ordena dictar el acuerdo respectivo en las constancias que conforman el último juicio en cita. 2. Antecedentes. De acuerdo al oficio de cuenta, se advierte que el Juzgado declinante dice carecer de competencia para conocer de la demanda promovida por Eulalia López Ortiz, contra actos del juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y otras autoridades, porque se actualiza el criterio de relación, por turno, previsto en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, vigente a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis. Lo anterior, sustentado en los siguientes argumentos: a) Que ante este Juzgado, la quejosa Eulalia López Ortiz promovió demanda de amparo contra la orden de detención, presentación, aprehensión, comparecencia o arresto, atribuida al juez de Control del Circuito de Valles Centrales con sede en Tanivet, Oaxaca, así como su ejecución al coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. b) Además, la demanda que originó este juicio (368/2018) se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, el seis de abril de este año, radicándose el nueve de ese mismo mes y año, fechas anteriores a la presentación del juicio de amparo 931/2018 mismo que ingresó el veinticuatro de septiembre de esta anualidad; por lo que constituye el último antecedente del juicio que envía (931/2018). c) Asimismo, que no era obstáculo que en el juicio de amparo 368/2018, se hubiera sobreseído por inexistencia del acto ahí reclamado, orden de aprehensión, pues los dos deben su origen al mismo acto de autoridad, como en la especie era la orden de aprehensión que reclamaba la quejosa Eulalia López Ortiz. 3. Motivos para no aceptar la competencia. En principio, debe destacarse que el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal indica los datos que debe contener la boleta de turno, entre los que destacan: Artículo 40. La boleta de turno contendrá, según el caso, los datos siguientes: I. Fecha y hora de presentación o depósito en el buzón judicial; II. Fecha y hora de turno; III. Número de registro consecutivo que corresponda; IV. Número de folio del comprobante o contraseña que se otorga en el supuesto del artículo 41 de este Acuerdo; V. Nombre del quejoso, inculpado, actor, recurrente o promovente; VI. Nombre del defensor, persona de confianza, autorizado o representante; VII. Nombre del demandado y tercero interesado; VIII. Tipo de juicio, recurso que se interpone o procedimiento que se promueve; IX. Acto reclamado; X. Materia; XI. Número de expediente que sirva como antecedente; XII. En amparo, las autoridades responsables; XIII. El delito por el que se ejerce acción penal y el número de la averiguación previa de la que deriva; XIV. Órgano jurisdiccional al que se turna el asunto; XV. Número de copias y anexos que se reciben; y el señalamiento de si cuentan con firma; XVI. El asunto o asuntos con el cual el sistema de turno relaciona, en los casos señalados en este Capítulo; y XVII. Nombre y firma del servidor público que recibió el asunto y del que lo entregue al órgano jurisdiccional. (Énfasis añadido). Ese precepto dispone, en lo que interesa, que es obligación asentar en la boleta de turno el número de expediente que sirva como antecedente, con el fin de que se vincule con otro registrado con anterioridad. Por otro lado, el precepto 45 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. (Énfasis añadido). De lo anterior puede deducirse: 1) Que el turno de forma aleatoria se da cuando no se cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado y será distribuido de forma equilibrada, entre los órganos jurisdiccionales. 2) Por el contrario, el turno relacionado se actualiza, si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Por otro lado, el artículo 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establecen: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; (.) IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas;." Al respecto, conviene precisar que en cuanto a la fracción primeramente invocada, para que se actualice la competencia por turno, se requiere lo siguiente: a) Que el acto provenga de un mismo expediente administrativo, jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal; Respecto a la segunda fracción, para que se vea actualizada, es necesario b) que se promuevan demandas que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad. En el caso, a estimación de este Juzgado, tratándose de amparos en materia penal, lo que determina el antecedente es el número de expediente que sirva para vincular un juicio y otro; y no el acto de autoridad, por lo que, si desde la oficina de correspondencia común, al recibir la demanda, no consta el número de expediente que sirva como antecedente, se turnará de forma aleatoria, a fin de distribuirlos de forma equilibrada, entre los órganos jurisdiccionales. Lo anterior es así, pues si bien es cierto la fracción IV no expresa el tipo de materia en el que deba darse este supuesto, también lo es que las órdenes privativas de libertad no pueden tomarse como un mismo "acto de autoridad"; de ser así, se vulneraría el principio de seguridad jurídica, que impide que alguien pueda estar indefinidamente sujeto a persecuciones litigiosas en una misma causa; por ello, en el caso, para que se vea actualizado el returno, como en ambos juicios de amparo, la autoridades aceptaron la existencia de ciertos actos reclamados, debe atenderse al expediente jurisdiccional o averiguación previa de donde emane el acto, tal como lo dispone la fracción II del referido artículo 46. Pero más allá, si se toma como parámetro que en todos los casos donde existan actos privativos de la libertad, se debe atender al acto de autoridad, como se pretende en la determinación donde se declina competencia por turno, implicaría lo siguiente: a) Que un solo juzgado conociera en distintos años, la infinidad de asuntos que promoviera un mismo quejoso contra un mismo acto de autoridad (ejemplo: la orden de aprehensión), aunque la causa penal de la que derive el acto que reclama sea distinta y por diversos delitos; es decir, estaría a elección del quejoso escoger qué juzgado debe conocer de su asunto, con sólo señalar como responsables a todos los que conforman el circuito y excluir a la autoridad que pretenda dirigir su asunto. b) Se estima que sería nula la disposición establecida en la fracción II del precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, si sólo se toma como base el acto de autoridad, ya que contravendría la forma aleatoria de distribución de asuntos, lo cual permite la distribución de forma equilibrada, entre los órganos jurisdiccionales. Máxime que el relacionar por turno asuntos penales, sólo porque se trata del mismo acto de autoridad (actos privativos de libertad), generaría descontrol en el turno de asuntos y desequilibrio en la carga laboral, que ya está plenamente determinada por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Además, conforme al artículo 48 del citado acuerdo, la calificación del turno sólo tiene carácter administrativo para su atención oportuna, distinta de la legal del trámite, ya que el artículo 49 de la Ley de Amparo establece el supuesto y trámite a seguir, para el caso de que el mismo quejoso promueva amparo contra las mismas autoridades y acto de autoridad. Así que de la interpretación sistemática de la fracción IV del numeral 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se deduce que aunque está establecido que son criterios generales de relación, cuando se promuevan demandas que se refieran a un acto de autoridad, se estima que ello no debe aplicarse de forma genérica en los amparos en materia penal, porque, se insiste, una orden privativa de libertad no puede dictarse dos veces en una misma causa penal y por la misma autoridad; caso en el cual sí actualizaría que se trate del mismo acto de autoridad. Así, en concepto de este Juzgado, para la relación por turno que se pretende debió atenderse a lo establecido en la fracción II del precepto 46, para así determinar si se trataba de los mismos actos y si derivaban de la misma causa penal, tal como se aprecia en el recuadro siguiente: Juicio de amparo indirecto 368/2018, promovido por Eulalia López Ortiz. Juicio de amparo indirecto 931/2018, promovido por Eulalia López Ortiz. ACTO RECLAMADO: Orden aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto. ACTO RECLAMADO: Orden aprehensión. AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, en Tanivet, Oaxaca y otra autoridad. AUTORIDADES RESPONSABLES: Jueces de Control del Circuito de Valles Centrales, sedes Tanivet, Ejutla, Etla y otras autoridades. EXISTENCIA DEL ACTO. Detención en flagrancia de siete de abril del año en curso; y el diez de ese mismo mes y año, se le vinculó a proceso dentro de la causa 229/2018, del índice del Juzgado de Control del Circuito de Valles Centrales, en Tanivet, Oaxaca, por el delito de sustracción de menores. EXISTENCIA DEL ACTO. Orden de aprehensión librada el veintiocho de abril de dos mil dieciocho, dentro de la causa 272/2018, por el delito de homicidio calificado. No es inadvertido que el criterio que se adopta por la autoridad declinante está basado en el oficio SECNO/643/2018, de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 56 a 61), signado por el secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunque esta autoridad es respetuosa de los criterios que se emiten, el caso específico de la determinación ahí adoptada pudo ser distinto a la que ahora se actualiza; y, tomarlo como base en todos los juicios, implicaría que desde la oficina de correspondencia común todos los asuntos que promoviera la ahora quejosa o algún otro, contra actos privativos de libertad, se turnaran directamente a este juzgado, o al que tuviera el último antecedente; con lo cual se rompería esa distribución equitativa a que se ha hecho referencia y sin atender a las reglas del turno de forma aleatoria. Aunado a que hasta el momento no se tiene dato alguno que la secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, hubiera emitido indicación alguna a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común, para que las demandas ´de amparo que promueva determinado quejoso por el mismo acto privativo de libertad, se turnen directamente a quien tenga el último antecedente. Por tal motivo, de manera atenta y respetuosa, hágase saber al órgano jurisdiccional declinante que este Juzgado no acepta la competencia que, por razón de turno, se declina; por lo cual, se ordena devolver el expediente al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, para los efectos legales que estime conducentes, debiendo anexar copias certificadas relativas al juicio 368/2018, del índice de este Juzgado, para esos efectos y, en su caso, tenga a bien comunicar lo que se determine. 4. Domicilio y personas autorizadas. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Juana Linares Navarrete (foja 44), por haberse encontrado registro de su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático a la página ciber.cjf.gob.mx/RegProf/. Es aplicable al respecto, la tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1384, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". En tanto que a las restantes personas, por autorizados en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.368/2018-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. 1. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de abril de esta anualidad (fojas 19 a 24), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Eulalia López Ortiz; sin que las partes lo hubieren hecho en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 5. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico. 7. Devolución de documentos. Devuélvanse a la autoridad judicial dos discos compactos certificados que contienen: a) registro de audio y video de la audiencia de control de detención en el supuesto de flagrancia, de ocho de abril de dos mil dieciocho; b) archivos en formatos PDF de la transcripción de las resoluciones de control de detención y medida cautelar provisional, auto de vinculación a proceso y medida cautelar definitiva, c) así como registro de audio y video de audiencia de término constitucional, de fechas ocho y diez del actual, respectivamente, que remitió en apoyo a su informe justificado la autoridad judicial responsable en apoyo a su informe justificado, previa foja de sustitución que se deje en autos (foja 17). Finalmente, del auto inicial se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, como en esta fecha se está ordenando el archivo de este expediente, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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