Eulalia Lara Garcia

Expediente 1761/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1761/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2018

Partes del expediente

  • Eulalia Lara Garcia
  • Hugo Bonifacio Jimenez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ii)Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Por recibido el escrito signado por las quejosas ********************, a través del cual solicitan la devolución de los documentos que exhibieron a su escrito inicial de demanda y autorizan para recoger los mismos a los abogados nombrados en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvanse a las promoventes los documentos solicitados, en el entendido de que quien comparezca y se encuentre autorizado para tal efecto, deberá exhibir copia fotostática de su identificación oficial vigente, para que se glose para debida constancia legal, así como de los documentos a devolver. Notifíquese.

  2. Principal

    II) Toluca, Estado de México; once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Eulalia Lara García y otros, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    II. Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Radicación. Por recibida demanda de amparo promovida por Eulalia Lara García, Guarina Rivera Pedraza, Hugo Bonifacio Jiménez, Francisco López Flores, Gregorio Ángeles López. María Candida Contreras González, Ricardo García Cruz, Guadalupe García Cruz, Juan López Peña, Gilberto Clemente Miguel, Arturo José Álvarez Díaz, Florentino Jiménez Antonio, Ismael García García, Brijida Díaz Garduño, Francisco Flores Nepomuceno, Cirilo García Cruz, Samuel Ángeles López, Artemio Jiménez Bonifacio, María de Jesús Díaz Garduño, Víctor Hugo Ángeles Lara, Amalia Díaz Garduño, Teresa Díaz Garduño, Néstor de la Cruz Felipe, Cecilia Reyes Reyes, María Isabel Reyes Reyes, Aron Reyes Reyes, Juventino Reyes Reyes, Demetria Díaz Rebollo, Martina López Matías, Honorio Martínez Roberto, Amado de la Cruz Clemente, José Carrillo Domínguez, Epifanio Martínez García, Salomón Barrios Antonio, Hilario Rodríguez Martínez, Constantino Bonifacio Martínez, Montalvo González Domingo, Honorio Martínez Roberto, Amado de la Cruz Clemente, José Carrillo Domínguez, Epifanio Martínez García, Ignacio Jiménez García, Valentín Reyes Mondragón, Antonio García Balderas, Eulalio López Cruz, Santos García Catarino, Mariana García Rodríguez, Olegario García Balderas, Irineo López Cruz, Donaciano Díaz Rebollo, Verónica Díaz Reyes, Agueda Díaz Reyes, Leticia Díaz Reyes, Enrique Cruz Toribio, Anastacia López Flores, Enrique Díaz Reyes, Alberto Martínez Salazar, Antonio Felipe Molina, Teresa Margarita Martínez Rodríguez, Margarito García Carrillo, César García Martínez, Román García García, Nicodemus García Martínez, Abel García Martínez, Orlando Campos Juárez, Guadalupe Martínez Roberto, Guarina Rivera Pedraza, Antonio García Martínez, María de Jesús González Aguilar, María del Rosario González Aguilar, Hilario García Flores, Salustio Díaz Reyes, Macrina Díaz Rebollo, María Guadalupe Ángeles López, Sofía Catarino Martínez, María de la Luz García Peñaloza, Víctor Rodríguez Toribio, Genaro Martínez Toribio, Odilón Flores Martínez, Candido Flores Garduño, Luis García Catarino, José García Balderas, Miguel García Peñaloza, Araceli Crisantos Salinas, Angélica García Peñaloza, Bonifacio Flores Cruz, Braulio Cruz López, Olga Lidia Cruz Cruz, Juan García Carrillo, Tomas García Martínez, María García Nepomuceno, Demetria León Jiménez, Joaquina Martínez Jiménez, Plácido López Peña, Agustina Flores Darío, Josefina García Martínez, Adrián García Balderas, Clemencia Flores Julián, Andrés López Flores, Agustina Ángeles Juan, Javier Pérez Antonio, Laura Barrios Martínez, Felisa León González, Daniel Nepomuceno Trujillo, Demetrio González Martínez, Daniel de la Cruz Clemente, Benita de la Cruz Clemente, Verónica Ángeles López, Evaristo Rodríguez Martínez, Justino Clemente Miguel, Salvador Carrillo López, Celestino Miguel Carrillo, Antonio López Matías, Adrián Barrios Antonio, Guadalupe Martínez Peña, Alfonso Martínez García, Pedro Martínez García, Flavia Carrillo Miguel, Gregorio Jiménez García, Alberto Hernández Cruz, Alejandra Peñaloza Cruz, Benita Peñaloza Cruz, Victoriano García Peñaloza, María Cristina Reyes Molina, Emeterio García Martínez, Antonio García Jiménez, Demetrio López Castillo, Angélica García Peñaloza, Félix Bonifacio García, Miguel García Peñaloza, Julián Antonio Cruz, Adán Graciano Reyes Mondragón, Galdino Gabino Toribio, Galdino Reyes Mondragón, Evelia López Peñaloza, Alicia Antonio Pérez, Manuel Barrios Antonio, Araceli Barrios Antonio, Regina Martínez Becerril, León González Estanislao, Roberto García Jiménez, Pedro Reyes Mondragón, Isabel García Peñaloza, Celestino Miguel Carrillo, Alberto Hernández Cruz, Jorge Nepomuceno Jiménez, Melitón López Carrillo, Reyna Reyes López, María Cristina Reyes Molina, Benancio Jiménez Flores, Guadalupe Álvarez López, Pedro Colín Escobar, Rosa Serralde Contreras, María López Martínez, Carlos Gabino Toribio, Alfonsa Torres López, Victorina Flores López, David Suárez Reyes y Juvencio Suarez Becerril. por su propio derecho, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 24, con residencia en Toluca, Estado de México y otra; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1761/2018-II. Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias adjuntas por la parte quejosa, para un mejor manejo y estudio, consérvense por separado Desechamiento. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, según el numeral 62 del ordenamiento en cita, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por tanto, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda promovida por Hugo Bonifacio Jiménez, Francisco López Flores, Gregorio Ángeles López. María Candida Contreras González, Ricardo García Cruz, Guadalupe García Cruz, Juan López Peña, Gilberto Clemente Miguel, Arturo José Álvarez Díaz, Florentino Jiménez Antonio, Ismael García García, Brijida Díaz Garduño, Francisco Flores Nepomuceno, Cirilo García Cruz, Samuel Ángeles López, Artemio Jiménez Bonifacio, María de Jesús Díaz Garduño, Víctor Hugo Ángeles Lara, Amalia Díaz Garduño, Teresa Díaz Garduño, Néstor de la Cruz Felipe, Cecilia Reyes Reyes, María Isabel Reyes Reyes, Aron Reyes Reyes, Juventino Reyes Reyes, Demetria Díaz Rebollo, Martina López Matías, Honorio Martínez Roberto, Amado de la Cruz Clemente, José Carrillo Domínguez, Epifanio Martínez García, Salomón Barrios Antonio, Hilario Rodríguez Martínez, Constantino Bonifacio Martínez, Montalvo González Domingo, Honorio Martínez Roberto, Amado de la Cruz Clemente, José Carrillo Domínguez, Epifanio Martínez García, Ignacio Jiménez García, Valentín Reyes Mondragón, Antonio García Balderas, Eulalio López Cruz, Santos García Caritino, María García Rodríguez, Olegario García Balderas, Irineo López Cruz, Donanciano Díaz Rebollo, Verónica Díaz Reyes, Agueda Díaz Reyes, Leticia Díaz Reyes, Enrique Cruz Toribio, Anastacia López Flores, Enrique Díaz Reyes, Alberto Martínez Salazar, Antonio Felipe Molina, Teresa Margarita Martínez Rodríguez, Margarito García Carrillo, Cesar García Martínez, Román García García, Nicomedus García Martínez, Abel García Martínez, Orlando Campos Juárez, Guadalupe Martínez Roberto, Guarina Rivera Pedraza, Antonio García Martínez, María de Jesús González Aguilar, María del Rosario González Aguilar, Hilario García Flores, Salusto Díaz Reyes, Macrina Díaz Rebollo, María Guadalupe Ángeles López, Sofía Catarino Martínez, María de la Luz García Peñaloza, Víctor Rodríguez Toribio, Genaro Rodríguez Toribio, Odilón Flores Martínez, Candido Flores Garduño, Luis García Catarino, José García Balderas, Miguel García Peñaloza, Araceli Crisantos Salinas, Angélica García Peñaloza, Bonifacio Flores Cruz, Braulio Cruz López, Olga Lidia Cruz Cruz, Juan García Carrillo, Tomas García Martínez, María García Nepomuceno, Demetria León Jiménez, Joaquina Martínez Jiménez, Placido López Peña, Agustina Flores Dario, Josefina García Martínez, Adrián García Balderas, Clemencia Flores Julian, Andrés López Flores, Agustina Ángeles Juan, Javier Pérez Antonio, Laura Barrios Martínez, Felisa León González, Daniel Nepomuceno Trujillo, Demetrio González Martínez, Daniel de la Cruz Clemente, Benita de la Cruz Clemente, Verónica Ángeles López, Evaristo Rodríguez Martínez, Justino Clemente Miguel, Salvador Carrillo López, Celestino Miguel Carrillo, Antonio López Matías, Adrián Barrios Antonio, Guadalupe Martínez Peña, Alfonso Martínez García, Pedro Martínez García, Flavia Carrillo Miguel, Gregorio Jiménez García, Alberto Hernández Cruz, Alejandra Peñaloza Cruz, Benita Peñaloza Cruz, Victoriano García Peñaloza, María Cristina Reyes Molina, Emeterio García Martínez, Antonio García Jiménez, Demetrio López Castillo, Angélica García Peñaloza, Félix Bonifacio García, Miguel García Peñaloza, Julián Antonio Cruz, Adán Graciano Reyes Mondragón, Galdino Gabino Toribio, Galdino Reyes Mondragón, Evelia López Peñaloza, Alicia Antonio Pérez, Manuel Barrios Antonio, Araceli Barrios Antonio, Regina Martínez Becerril, León González Estanislao, Roberto García Jiménez, Pedro Reyes Mondragón, Isabel García Peñaloza, Celestino Miguel Carrillo, Alberto Hernández Cruz, Jorge Nepomuceno Jiménez, Melitón López Carrillo, Reyna Reyes López, María Cristina Reyes Molina, Benancio Jiménez Flores, Guadalupe Álvarez López, Pedro Colín Escobar, Rosa Serralde Contreras, María López Martínez, Carlos Gabino Toribio, Alfonsa Torres López, Victorina Flores López, David Suárez Reyes y Juvencio Suarez Becerril, contra actos de la Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, en Toluca, Estado de México y otra. Lo anterior es así, pues en conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Luego, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento legal, pues los preceptos referidos a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. Por tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculte a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 77, del volumen 175-180 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 237468, que establece: "PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." Apuntado lo anterior, del escrito de demanda que nos ocupa, se advierte que carece de la firma autógrafa de los quejosos, Hugo Bonifacio Jiménez, Francisco López Flores, Gregorio Ángeles López. María Candida Contreras González, Ricardo García Cruz, Guadalupe García Cruz, Juan López Peña, Gilberto Clemente Miguel, Arturo José Álvarez Díaz, Florentino Jiménez Antonio, Ismael García García, Brijida Díaz Garduño, Francisco Flores Nepomuceno, Cirilo García Cruz, Samuel Ángeles López, Artemio Jiménez Bonifacio, María de Jesús Díaz Garduño, Víctor Hugo Ángeles Lara, Amalia Díaz Garduño, Teresa Díaz Garduño, Néstor de la Cruz Felipe, Cecilia Reyes Reyes, María Isabel Reyes Reyes, Aron Reyes Reyes, Juventino Reyes Reyes, Demetria Díaz Rebollo, Martina López Matías, Honorio Martínez Roberto, Amado de la Cruz Clemente, José Carrillo Domínguez, Epifanio Martínez García, Salomón Barrios Antonio, Hilario Rodríguez Martínez, Constantino Bonifacio Martínez, Montalvo González Domingo, Honorio Martínez Roberto, Amado de la Cruz Clemente, José Carrillo Domínguez, Epifanio Martínez García, Ignacio Jiménez García, Valentín Reyes Mondragón, Antonio García Balderas, Eulalio López Cruz, Santos García Caritino, María García Rodríguez, Olegario García Balderas, Irineo López Cruz, Donanciano Díaz Rebollo, Verónica Díaz Reyes, Agueda Díaz Reyes, Leticia Díaz Reyes, Enrique Cruz Toribio, Anastacia López Flores, Enrique Díaz Reyes, Alberto Martínez Salazar, Antonio Felipe Molina, Teresa Margarita Martínez Rodríguez, Margarito García Carrillo, Cesar García Martínez, Román García García, Nicomedus García Martínez, Abel García Martínez, Orlando Campos Juárez, Guadalupe Martínez Roberto, Guarina Rivera Pedraza, Antonio García Martínez, María de Jesús González Aguilar, María del Rosario González Aguilar, Hilario García Flores, Salusto Díaz Reyes, Macrina Díaz Rebollo, María Guadalupe Ángeles López, Sofía Catarino Martínez, María de la Luz García Peñaloza, Víctor Rodríguez Toribio, Genaro Rodríguez Toribio, Odilón Flores Martínez, Candido Flores Garduño, Luis García Catarino, José García Balderas, Miguel García Peñaloza, Araceli Crisantos Salinas, Angélica García Peñaloza, Bonifacio Flores Cruz, Braulio Cruz López, Olga Lidia Cruz Cruz, Juan García Carrillo, Tomas García Martínez, María García Nepomuceno, Demetria León Jiménez, Joaquina Martínez Jiménez, Placido López Peña, Agustina Flores Dario, Josefina García Martínez, Adrián García Balderas, Clemencia Flores Julian, Andrés López Flores, Agustina Ángeles Juan, Javier Pérez Antonio, Laura Barrios Martínez, Felisa León González, Daniel Nepomuceno Trujillo, Demetrio González Martínez, Daniel de la Cruz Clemente, Benita de la Cruz Clemente, Verónica Ángeles López, Evaristo Rodríguez Martínez, Justino Clemente Miguel, Salvador Carrillo López, Celestino Miguel Carrillo, Antonio López Matías, Adrián Barrios Antonio, Guadalupe Martínez Peña, Alfonso Martínez García, Pedro Martínez García, Flavia Carrillo Miguel, Gregorio Jiménez García, Alberto Hernández Cruz, Alejandra Peñaloza Cruz, Benita Peñaloza Cruz, Victoriano García Peñaloza, María Cristina Reyes Molina, Emeterio García Martínez, Antonio García Jiménez, Demetrio López Castillo, Angélica García Peñaloza, Félix Bonifacio García, Miguel García Peñaloza, Julián Antonio Cruz, Adán Graciano Reyes Mondragón, Galdino Gabino Toribio, Galdino Reyes Mondragón, Evelia López Peñaloza, Alicia Antonio Pérez, Manuel Barrios Antonio, Araceli Barrios Antonio, Regina Martínez Becerril, León González Estanislao, Roberto García Jiménez, Pedro Reyes Mondragón, Isabel García Peñaloza, Celestino Miguel Carrillo, Alberto Hernández Cruz, Jorge Nepomuceno Jiménez, Melitón López Carrillo, Reyna Reyes López, María Cristina Reyes Molina, Benancio Jiménez Flores, Guadalupe Álvarez López, Pedro Colín Escobar, Rosa Serralde Contreras, María López Martínez, Carlos Gabino Toribio, Alfonsa Torres López, Victorina Flores López, David Suárez Reyes y Juvencio Suarez Becerril, Por lo cual, no se puede considerar que manifiesten su voluntad y consentimiento, y por ende, que a dichas personas les cause un agravio de los actos reclamados. Por su parte, el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." En este orden de ideas, y tomando en consideración que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien agravie la ley o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, por sí o a través de su representante legal o su defensor, de ahí que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resultaría improcedente. En esas circunstancias, debe decirse que la ausencia de firma en la demanda de amparo no constituye una irregularidad en la misma, susceptible de aclaración en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmado constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 315, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, de octubre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, con número de registro 218142, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." De igual forma, es aplicable la tesis I.4o.T.59 L, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1049, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 195012, que establece: "FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE. La falta de firma autógrafa en una promoción o demanda laboral, no es materia de prevención o requerimiento alguno (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo). Lo anterior es así, porque aquélla no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe." Así como, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 508, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 225017, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Asimismo, sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXVI/99, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 373, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con número de registro 193829, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por Hugo Bonifacio Jiménez, Francisco López Flores, Gregorio Ángeles López. María Candida Contreras González, Ricardo García Cruz, Guadalupe García Cruz, Juan López Peña, Gilberto Clemente Miguel, Arturo José Álvarez Díaz, Florentino Jiménez Antonio, Ismael García García, Brijida Díaz Garduño, Francisco Flores Nepomuceno, Cirilo García Cruz, Samuel Ángeles López, Artemio Jiménez Bonifacio, María de Jesús Díaz Garduño, Víctor Hugo Ángeles Lara, Amalia Díaz Garduño, Teresa Díaz Garduño, Néstor de la Cruz Felipe, Cecilia Reyes Reyes, María Isabel Reyes Reyes, Aron Reyes Reyes, Juventino Reyes Reyes, Demetria Díaz Rebollo, Martina López Matías, Honorio Martínez Roberto, Amado de la Cruz Clemente, José Carrillo Domínguez, Epifanio Martínez García, Salomón Barrios Antonio, Hilario Rodríguez Martínez, Constantino Bonifacio Martínez, Montalvo González Domingo, Honorio Martínez Roberto, Amado de la Cruz Clemente, José Carrillo Domínguez, Epifanio Martínez García, Ignacio Jiménez García, Valentín Reyes Mondragón, Antonio García Balderas, Eulalio López Cruz, Santos García Caritino, María García Rodríguez, Olegario García Balderas, Irineo López Cruz, Donanciano Díaz Rebollo, Verónica Díaz Reyes, Agueda Díaz Reyes, Leticia Díaz Reyes, Enrique Cruz Toribio, Anastacia López Flores, Enrique Díaz Reyes, Alberto Martínez Salazar, Antonio Felipe Molina, Teresa Margarita Martínez Rodríguez, Margarito García Carrillo, Cesar García Martínez, Román García García, Nicomedus García Martínez, Abel García Martínez, Orlando Campos Juárez, Guadalupe Martínez Roberto, Guarina Rivera Pedraza, Antonio García Martínez, María de Jesús González Aguilar, María del Rosario González Aguilar, Hilario García Flores, Salusto Díaz Reyes, Macrina Díaz Rebollo, María Guadalupe Ángeles López, Sofía Catarino Martínez, María de la Luz García Peñaloza, Víctor Rodríguez Toribio, Genaro Rodríguez Toribio, Odilón Flores Martínez, Candido Flores Garduño, Luis García Catarino, José García Balderas, Miguel García Peñaloza, Araceli Crisantos Salinas, Angélica García Peñaloza, Bonifacio Flores Cruz, Braulio Cruz López, Olga Lidia Cruz Cruz, Juan García Carrillo, Tomas García Martínez, María García Nepomuceno, Demetria León Jiménez, Joaquina Martínez Jiménez, Placido López Peña, Agustina Flores Dario, Josefina García Martínez, Adrián García Balderas, Clemencia Flores Julian, Andrés López Flores, Agustina Ángeles Juan, Javier Pérez Antonio, Laura Barrios Martínez, Felisa León González, Daniel Nepomuceno Trujillo, Demetrio González Martínez, Daniel de la Cruz Clemente, Benita de la Cruz Clemente, Verónica Ángeles López, Evaristo Rodríguez Martínez, Justino Clemente Miguel, Salvador Carrillo López, Celestino Miguel Carrillo, Antonio López Matías, Adrián Barrios Antonio, Guadalupe Martínez Peña, Alfonso Martínez García, Pedro Martínez García, Flavia Carrillo Miguel, Gregorio Jiménez García, Alberto Hernández Cruz, Alejandra Peñaloza Cruz, Benita Peñaloza Cruz, Victoriano García Peñaloza, María Cristina Reyes Molina, Emeterio García Martínez, Antonio García Jiménez, Demetrio López Castillo, Angélica García Peñaloza, Félix Bonifacio García, Miguel García Peñaloza, Julián Antonio Cruz, Adán Graciano Reyes Mondragón, Galdino Gabino Toribio, Galdino Reyes Mondragón, Evelia López Peñaloza, Alicia Antonio Pérez, Manuel Barrios Antonio, Araceli Barrios Antonio, Regina Martínez Becerril, León González Estanislao, Roberto García Jiménez, Pedro Reyes Mondragón, Isabel García Peñaloza, Celestino Miguel Carrillo, Alberto Hernández Cruz, Jorge Nepomuceno Jiménez, Melitón López Carrillo, Reyna Reyes López, María Cristina Reyes Molina, Benancio Jiménez Flores, Guadalupe Álvarez López, Pedro Colín Escobar, Rosa Serralde Contreras, María López Martínez, Carlos Gabino Toribio, Alfonsa Torres López, Victorina Flores López, David Suárez Reyes y Juvencio Suarez Becerril. Ahora bien, por lo que hace a las quejosas Eulalia Lara García y Guarina Rivera Pedraza, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que las quejosas se duelen de la falta de emplazamiento al juicio 428/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinticuatro en Toluca, Estado de México y como consecuencia reclaman todo lo actuado, ahora, en los antecedentes narrados, se advierte que las quejosas manifiestan tuvieron conocimiento de la existencia del juicio referido en el que se pretende convertir a terrenos comunales sus predios de propiedad privada y de que en este el seis de noviembre de dos mil dieciocho, se iba a llevar a cabo la celebración de una audiencia, en la que asistieron Edgar Rodríguez Lara, Gabino Flores López y Leodegario Bonifacio Martínez, en su calidad de terceros, quienes les informaron que la misma, se reprogramó para las diez horas del veinte de febrero de dos mil diecinueve. Asimismo, manifiestan que tienen conocimiento que diversas personas han comparecido dando contestación a la demanda, interponiendo excepciones y defensas e interponiendo reconvenciones. A demás, de la lectura de demanda se advierte que señalan que en caso de que se cumplen los extremos de la sentencia que se llegue a dictar les causaría daños de imposible reparación. Tal manifestación se considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la cual hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Además, es un hecho notorio para este Juzgado, el contenido de la demanda que obra en el juicio de amparo 1762/2018-III, de la que se advierte que los ahí quejosos, manifestaron bajo protesta de decir verdad que comparecieron ante la autoridad responsable, percatándose que se encontraba en trámite el expediente, tan es así que solicitaron ser llamados a juicio y se les previno para que presentaran diversa documentación. Una vez precisado lo anterior, es dable aclarar que las quejosas acuden al presente juicio en su carácter de terceras extrañas, según lo establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo que dispone que el juicio de constitucional procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él. Ahora, para efectos del amparo, por persona tercera extraña a juicio debe entenderse aquel individuo que sin ser parte material en un procedimiento respectivo resiente una afectación en su esfera jurídica con la ejecución de las resoluciones dictadas dentro de aquél. En ese sentido, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, particularidades diversas que los distinguen, pues mientras en el primer supuesto su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, el segundo es aquella persona que es sujeto de la relación procesal, por ser demandado, pero no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 331, publicada en la página 1790, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En la especie, las quejosas se ostentan como personas terceras extrañas en estricto sentido, pues aducen que aun cuando no son parte en el juicio agrario 428/2017, promovido por Miguel Ángel Flores García y otro; no ha sido oídas ni vencidas en el mismo, y les causa agravio todo lo actuado en el juicio natural. Ahora, si las quejosas se ostentan como terceras extrañas en virtud de una afectación a sus bienes, es necesario probar su interés jurídico con la demostración plena que tiene una afectación a su esfera jurídica, pues de lo contrario, carecerá de un agravio personal directo que apoye dicha afectación para que sea susceptible de ser protegida a través del juicio de amparo. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." (Lo subrayado no es de origen). De la interpretación de los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la ley de la materia, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir que, como requisito para la procedibilidad del mismo, debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, que un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal se vea afectado por un acto de autoridad, ocasionándole un perjuicio a su titular. Así, el interés jurídico resulta de la unión de las siguientes condiciones. Un interés reconocido y tutelado por la ley, y Esta protección legal se resuelva en la actitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. El interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, por esa razón, el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se acredita, el juicio de amparo resulta improcedente. Establecido lo anterior, debe decirse que la afectación al interés jurídico es un presupuesto indispensable para lograr la procedencia del juicio de amparo; de tal manera que si lo reclamado es todo lo actuado en el juicio agrario 428/2017 y su ejecución, para justificar esa afectación o perjuicio, es necesario que, quien pide amparo demuestre que la afectación a su esfera jurídica, es decir, que tenga un acto jurídico válido como causa generadora de ese derecho alegado. Sin embargo, en el caso concreto, todo lo actuado dentro del juicio agrario 428/2017, no lesiona ningún derecho sustantivo de las quejosas, pues no afecta en modo, ni tampoco ha tenido repercusión sobre su esfera jurídica, ya que en dicho juicio, no se ha ordenado ejecución alguna sobre sus propiedad, ni se ha decidido, ni hecho declaración alguna sobre el régimen de dichos inmuebles, pues de los antecedentes previamente narrados se advierte que el juicio se encuentra en trámite por lo que no se ha dictado sentencia en el mismo. En atención a los argumentos antes expuestos, este Juzgado, considera que el acto reclamado, consistente en todo lo actuado dentro del juicio agrario 428/2017 no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica de las quejosas, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es válido concluir que las impetrantes no han sufrido algún real y actual menoscabo en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1o. y 61 de la Ley de Amparo. Por ello, es de considerar que no se demostró el presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, exigido por el artículo 6° de la Ley de Amparo, el que dispone que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se impone desecha la presente demanda de amparo promovida por Eulalia Lara García y Guarina Rivera Pedraza, por notoriamente improcedente. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a Eulalia Lara García. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. En relación con la autorización de Roberto Félix Olivares Gutiérrez, toda vez que cuenta con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se aprecia de la certificación de cuenta, se les tiene por autorizado en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo y a las personas restantes de conformidad con la parte final del párrafo segundo del precepto legal indicado, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones; limitación que se establece hasta en tanto realice el registro respectivo, lo cual deberá comunicar mediante nueva promoción. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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