Eufracio García López

Expediente 1241/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 32 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1241/2016
Año
2016
Actuaciones
32
Última actuación
05/01/2017

Partes del expediente

  • Eufracio García López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    V. Toluca, Estado de México; cinco de enero de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso ********************, solicita copia certificada de la resolución dictada en el presente juicio de garantías, así como la devolución de los documentos originales que exhibió en su escrito de demanda, consistentes en: un contrato privado de compra venta y un plano topográfico. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278, 279 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa de la parte quejosa, la copia certificada que solicita; asimismo devuélvanse al promovente los documentos que anexó a su escrito de demanda y, en su lugar déjese copia certificada del mismo, previa comparecencia que obre en autos. En el entendido que quién se presente a recogerlos, deberá exhibir copia de su identificación para ser certificada por el Secretario. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso Eufracio García López, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, se encuentren gozando del período vacacional correspondiente al segundo semestre del año y por tal motivo hayan suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanuden, entregue los oficios notificatorios sin necesidad de ulterior acuerdo; mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sean entregados a su receptor. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Vista la razón de cuenta, a través de la cual el Actuario de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa la determinación de treinta de diciembre del año en curso (fojas 270 a 275), por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y en atención a las manifestaciones del fedatario judicial, procédase a realizar la notificación de mérito, así como las subsecuentes, incluso las de forma personal, por medio de lista que se fija en este recinto judicial. Notifíquese. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1241/2016-V, promovido por Eufracio Garcia López, contra actos del Gobernador Constitucional del estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, Eufracio Garcia López, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE "A..Gobernador Constitucional del Estado de México. B. Presidente Municipal, Síndico y los diez Regidores que integran el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ocuilan México. C. El Director General del Centro SCT, Estado de México dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. D. Director General de la Junta de Caminos del Estado de México. E. Residente Regional en Ixtapan de la Sala de la Junta de Caminos del Estado de México." ACTO RECLAMADO "De las autoridades responsables, reclamo los actos ilegales y arbitrarios privativos de propiedad sobre una fracción de terreno propiedad y en posesión jurídica y material del suscrito ubicado en el paraje denominado "LA CONDESA", perteneciente a la delegación del Puente, Municipio de Ocuilan México, pues de manera ilegal y arbitraria se metieron al inmueble y colocaron once estacas de madera, y con ello pretenden afectar una superficie de 732.97m2 (setecientos treinta y dos punto noventa y siete metros cuadrados), pues supuestamente ampliaran una curva de la carretera Mexico-Chalma y con ello me privaran ilegalmente de mi posesión y propiedad sobre mi fracción de terreno, sin otorgarme ni respetarme mi respectiva garantía de audiencia, violando con ello las formalidades esenciales del procedimiento que exige la ley para autorizar la anuencia de paso de parte del suscrito." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. El quejoso precisó como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (foja 17 19), se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de las responsables informe justificado, y se fijó fecha para la audiencia constitucional. CUARTO. AMPLIACIÓN de la demanda. Mediante auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo poa ampliada la demanda por lo que hace a las autoridades señaladas como responsables Empresa Consorcio Continental de Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable; Director General del Centro, SCT, Subdirector de Obras del Centro SCT, México y Residente de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT, México (fojas 106 y 107 y de la 137 a la 139). Previo diferimiento de la audiencia constitucional, la misma se llevó a cabo en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta determinación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado se atribuyó a una autoridad con residencia oficial dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa reclama:  Actos privativos de la posesión y la propiedad que tiene sobre una fracción de terreno ubicado en el paraje denominado "LA CONDESA", perteneciente a la Delegación del Puente, Municipio de Ocuilan, México. TERCERO. Inexistencia Del Acto Reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, el Director General Jurídico y Consultivo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de México en representación del Gobernador del Estado de México (foja 28 a la 32); el Primer, Segunda, Tercer, Cuarta, Quinto, Sexta, Séptimo, Octava y Décima Regidora, Sindico y Presidente Municipal todos del ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México (foja 35 a la 66), el Jefe de la unidad de asuntos Jurídicos del Centro SCT México, en representación del Director General del Centro SCT del Estado de México (foja 72 a la 79) y el Jefe de la Unidad de la Junta de Caminos del Estado de México (foja 90 a la 83) y el Residente Regional Ixtapan de la Sal de la Junta de Caminos del Estado de México (foja 88 a la 90); el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT México, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en nombre y representación del Subdirector de Obras del Centro SCT México y del Residente General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT, México, ambos dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (foja 169 a la 178) y Consorcio Continental de Infraestructura sociedad Anónima de Capital Variable (foja 222 a la 224), al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. En ese orden, ante la inexistencia de los actos reclamados y toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar las manifestaciones de inexistencia de los actos vertidas por las responsables, pese a que le correspondía al arrojársele la carga respectiva, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido que la parte quejosa haya objetado el contenido de los informes justificados de las autoridades responsables Director General del Centro SCT, México, así como Jefe de la Unidad de la Junta de Caminos del Estado de México (foja 91), en cuanto a su contenido, pues no desvirtúa las aseveraciones hechas en su informes justificados. Además, si bien es cierto existe una obra de rectificación de curvas y tramos mediante la construcción de las terracerías y obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, obras inducidas, señalamiento horizontal y vertical, en el camino Santiago Tianguistenco - Chalma, tramo del Km t000, ubicado en el municipio de Ocuilan en el Estado de México, también lo es que las autoridades responsables de la Secretaria de Comunicaciones y transportes negaron que pretendieran afectar el supuesto predio de la quejosa y las pruebas ofrecidas por la quejosa (fojas 91 y 95), consistentes en: Impresión del Resumen de convocatoria No 002, publicado el doce de abril del presente año, en el Diario Oficial de la Federación (foja 93). Informes justificados Copia certificada del contrato privado de compraventa de tres de mayo de mil novecientos noventa y seis del inmueble que defiende la quejosa (foja 7). Plano topográfico de la propiedad (foja 8). Presuncional legal y humana. La instrumental de actuaciones. Medios de convicción con valor probatorio en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin embargo insuficientes para demostrar que las autoridades señaladas como responsables afectaron o pretendan afectar el supuesto predio que defiende la amparista. Asimismo, si bien la autoridad responsable Noveno Regidor del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, no rindió su informe justificado y por ende, debiera estar en los supuestos que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin embargo no es procedente presumir cierto el acto reclamado, pues como se destaca de actuaciones quienes llevan las obras que refiere el promovente del amparo, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de las autoridades responsables, no así a través del Regidor responsable, por ende sigue imperando el sentido de la presente resolución. Cabe precisar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número de registro 211352, se consulta en la página 544, tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Eufracio Garcia López, contra los actos, autoridades y motivos expuestos en la presente sentencia.

  4. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1241/2016-V, promovido por Eufracio Garcia López, contra actos del Gobernador Constitucional del estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, Eufracio Garcia López, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE "A..Gobernador Constitucional del Estado de México. B. Presidente Municipal, Síndico y los diez Regidores que integran el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ocuilan México. C. El Director General del Centro SCT, Estado de México dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. D. Director General de la Junta de Caminos del Estado de México. E. Residente Regional en Ixtapan de la Sala de la Junta de Caminos del Estado de México." ACTO RECLAMADO "De las autoridades responsables, reclamo los actos ilegales y arbitrarios privativos de propiedad sobre una fracción de terreno propiedad y en posesión jurídica y material del suscrito ubicado en el paraje denominado "LA CONDESA", perteneciente a la delegación del Puente, Municipio de Ocuilan México, pues de manera ilegal y arbitraria se metieron al inmueble y colocaron once estacas de madera, y con ello pretenden afectar una superficie de 732.97m2 (setecientos treinta y dos punto noventa y siete metros cuadrados), pues supuestamente ampliaran una curva de la carretera Mexico-Chalma y con ello me privaran ilegalmente de mi posesión y propiedad sobre mi fracción de terreno, sin otorgarme ni respetarme mi respectiva garantía de audiencia, violando con ello las formalidades esenciales del procedimiento que exige la ley para autorizar la anuencia de paso de parte del suscrito." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. El quejoso precisó como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (foja 17 19), se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de las responsables informe justificado, y se fijó fecha para la audiencia constitucional. CUARTO. AMPLIACIÓN de la demanda. Mediante auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo poa ampliada la demanda por lo que hace a las autoridades señaladas como responsables Empresa Consorcio Continental de Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable; Director General del Centro, SCT, Subdirector de Obras del Centro SCT, México y Residente de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT, México (fojas 106 y 107 y de la 137 a la 139). Previo diferimiento de la audiencia constitucional, la misma se llevó a cabo en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta determinación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado se atribuyó a una autoridad con residencia oficial dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa reclama:  Actos privativos de la posesión y la propiedad que tiene sobre una fracción de terreno ubicado en el paraje denominado "LA CONDESA", perteneciente a la Delegación del Puente, Municipio de Ocuilan, México. TERCERO. Inexistencia Del Acto Reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, el Director General Jurídico y Consultivo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de México en representación del Gobernador del Estado de México (foja 28 a la 32); el Primer, Segunda, Tercer, Cuarta, Quinto, Sexta, Séptimo, Octava y Décima Regidora, Sindico y Presidente Municipal todos del ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México (foja 35 a la 66), el Jefe de la unidad de asuntos Jurídicos del Centro SCT México, en representación del Director General del Centro SCT del Estado de México (foja 72 a la 79) y el Jefe de la Unidad de la Junta de Caminos del Estado de México (foja 90 a la 83) y el Residente Regional Ixtapan de la Sal de la Junta de Caminos del Estado de México (foja 88 a la 90); el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT México, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en nombre y representación del Subdirector de Obras del Centro SCT México y del Residente General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT, México, ambos dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (foja 169 a la 178) y Consorcio Continental de Infraestructura sociedad Anónima de Capital Variable (foja 222 a la 224), al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. En ese orden, ante la inexistencia de los actos reclamados y toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar las manifestaciones de inexistencia de los actos vertidas por las responsables, pese a que le correspondía al arrojársele la carga respectiva, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido que la parte quejosa haya objetado el contenido de los informes justificados de las autoridades responsables Director General del Centro SCT, México, así como Jefe de la Unidad de la Junta de Caminos del Estado de México (foja 91), en cuanto a su contenido, pues no desvirtúa las aseveraciones hechas en su informes justificados. Además, si bien es cierto existe una obra de rectificación de curvas y tramos mediante la construcción de las terracerías y obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, obras inducidas, señalamiento horizontal y vertical, en el camino Santiago Tianguistenco - Chalma, tramo del Km t000, ubicado en el municipio de Ocuilan en el Estado de México, también lo es que las autoridades responsables de la Secretaria de Comunicaciones y transportes negaron que pretendieran afectar el supuesto predio de la quejosa y las pruebas ofrecidas por la quejosa (fojas 91 y 95), consistentes en: Impresión del Resumen de convocatoria No 002, publicado el doce de abril del presente año, en el Diario Oficial de la Federación (foja 93). Informes justificados Copia certificada del contrato privado de compraventa de tres de mayo de mil novecientos noventa y seis del inmueble que defiende la quejosa (foja 7). Plano topográfico de la propiedad (foja 8). Presuncional legal y humana. La instrumental de actuaciones. Medios de convicción con valor probatorio en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin embargo insuficientes para demostrar que las autoridades señaladas como responsables afectaron o pretendan afectar el supuesto predio que defiende la amparista. Asimismo, si bien la autoridad responsable Noveno Regidor del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, no rindió su informe justificado y por ende, debiera estar en los supuestos que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin embargo no es procedente presumir cierto el acto reclamado, pues como se destaca de actuaciones quienes llevan las obras que refiere el promovente del amparo, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de las autoridades responsables, no así a través del Regidor responsable, por ende sigue imperando el sentido de la presente resolución. Cabe precisar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número de registro 211352, se consulta en la página 544, tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Eufracio Garcia López, contra los actos, autoridades y motivos expuestos en la presente sentencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, hoy treinta de noviembre de dos mil dieciséis, día en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza y da fe. En Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas del 01/diciembre/2016, el Actuario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, publicó en la lista de este órgano jurisdiccional, la resolución o acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este juicio de amparo, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente o por oficio, se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 28, fracción III, de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario. En 02/diciembre/2016, surtió todos sus efectos legales la notificación a que se refieren las razones que anteceden, conforme a la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario.

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