Eugenio Segura Perez
Expediente 368/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eugenio Segura Perez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia definitiva dictada por este Juzgado Federal, con fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, mediante la cual se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo que antecede, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de DESTRUIRSE, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por otro lado, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma JORGE CARENZO RIVAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con ocho minutos del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 368/2017, promovido por EUGENIO SEGURA PÉREZ, por derecho propio; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes; sin que obste para la celebración de la presente audiencia constitucional, que se encuentre transcurriendo el término de ocho días que establece el citado artículo 117 de la Ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del mismo; en virtud de que, con ello no se infringe lo dispuesto por el invocado precepto legal, en atención a que el acto reclamado en el juicio en que se actúa, es la denegación de justicia, lo cual genera, posiblemente, una violación a la garantía individual consagrada en el artículo 17 constitucional, y de diferir la audiencia por tal circunstancia, redundaría en perjuicio del propio quejoso, pues se retardaría el dictado de la sentencia constitucional que en derecho proceda, en este sentido, el estudio y análisis del acto de molestia versará únicamente respecto de las constancias que la responsable haya remitido como complemento a su informe justificado. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número de folio 009175, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual remite la constancia de notificación requerida por este juzgado, a lo que el Juez acuerda: Glósese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio de cuenta y en atención a su contenido, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado a la junta responsable en proveído de veintisiete de marzo de dos mil, para los efectos correspondientes. Al no existir promoción pendiente por acordar, se procede a abrir el periodo probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica la documental que anexó a su informe justificado la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; al no existir promoción alguna, se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se concluye la presente audiencia, levantándose la presente acta, firmando para constancia legal los que en ella intervinieron y quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo 368/2017, promovido por EUGENIO SEGURA PÉREZ y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, EUGENIO SEGURA PÉREZ, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, que se mencionan a continuación: ACTO RECLAMADO ".la denegación de justicia y omisión de la responsable al no emitir, dictar o darnos a conocer, y en consecuencia notificar a las partes el laudo en el juicio con expediente número 01/815/15-IV." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías individuales, las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 368/2017, por acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite y se solicitó informe justificado a la autoridad responsable. En el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos asentados en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por razón de materia y territorio, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 48, en relación con el 55, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales números 3/2013 y 15/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y por tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de autoridades que residen dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a las autoridades responsables, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." * La omisión de dictar el laudo en el expediente laboral número 01/815/15-IV. TERCERO. La Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, y mencionó: ".ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO; del que se duele el quejoso, pero no en los términos y condiciones que así lo expresa, toda vez que como se advierte de autos, con fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se dictó el proyecto de resolución en forma de laudo, sin que la omisión de notificar a las partes, obedezca a una conducta de negligencia, dolo o mala fe, sino por la excesiva carga de trabajo que impera en esta junta, razón por la cual resulta imposible dar cumplimiento con los términos y plazos que establece la Ley Federal del Trabajo."; y adjuntó como soporte de su informe copia certificada del Laudo referido, y posteriormente, a solicitud de este juzgado, allegó copia certificada de la constancia de notificación efectuada a la parte actora (aquí reclamante). CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizarán las constancias de autos para advertir la actualización de las causales de improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito advierte que se actualiza de oficio una causa de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte solicitante, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al impetrante en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda. Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." En el caso, procede analizar la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. [.] [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". En efecto, de la demanda de garantías se advierte que la parte demandante de amparo señaló como acto reclamado, la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo respectivo dentro del expediente laboral 01/815/15-IV. Del examen de las constancias que la autoridad laboral responsable anexó a su informe justificado para acreditar su dicho, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma; se advierte efectivamente que el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, pronunció el laudo relativo en el expediente laboral 01/815/15-IV; el cual fue notificado a la parte actora (aquí reclamante) el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. En consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, demostró que efectivamente el veinticinco de enero e dos mil diecisiete, emitió el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 01/815/15-IV, con lo que se advierte la cesación del acto reclamado, toda vez que con tal proceder la autoridad laboral responsable restituyó a la parte demandante de derechos fundamentales en el goce de sus garantías violadas, ya que los efectos del acto reclamado han cesado por lo que respecta a dicha autoridad, para los fines procedentes. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis de jurisprudencia número 544 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 362 del Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, cuyo texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Así también sirve de apoyo el criterio jurisprudencial número 2a./J. 9/98, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de garantías con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la propia Ley. Sin que obste para dictar la presente resolución, que el informe justificado rendido por la autoridad responsable se hubiese rendido el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete y, consecuentemente no se dio el término de ocho días que establece el citado artículo 117 de la Ley de la materia, para que las partes se impusieran del contenido del mismo; en virtud de que, con ello no se infringe lo dispuesto por el invocado precepto legal, en atención a que el acto reclamado en el juicio en que se actúa, es la denegación de justicia, lo cual genera, posiblemente, una violación a la garantía individual consagrada en el artículo 17 constitucional, y si se hubiese determinado diferir la audiencia por tal circunstancia, redundaría en perjuicio de las partes del juicio de donde deriva el acto reclamado, pues se retardaría de manera ociosa el dictado de la sentencia constitucional que en este acto se emite. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por EUGENIO SEGURA PÉREZ en contra del acto que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. ***Lupix*** Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 8536, signado por la autoridad responsable, mediante el cual remite copia certificada de las notificaciones realizadas a las partes, respecto del proveído de quince de marzo del año en curso. En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de veinticuatro horas, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita las constancias con las que acredite el envío del exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ordenado en proveído de quince de marzo del año en curso, en el entendido que deberá remitir copia certificada con la que acredite lo requerido por este este órgano de control constitucional. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo que se les concede, se procederá en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo abrogada, para los efectos precisados en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se admite la demanda de garantías. Se señalan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DÍA TRESINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional.
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