Eugenio Guerrero Portillo
Expediente 1445/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 23 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1445/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 16/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eugenio Guerrero Portillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 86 y 88 de la citada legislación, contra el proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictado por este Juzgado Federal, en el cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Por último, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/211/2018, de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó la reubicación del Juez Benito Eliseo García Zamudio, a este juzgado de Distrito, a partir del uno de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio número 1547, enviado por la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual devuelve diligenciada la comunicación oficial número 219/2018, con número de origen 77/2018. En mérito de lo anterior, se tiene por debidamente notificados a los quejosos Eugenio y Cornelio, de apellidos Guerrero Portillo, respecto del proveído de ocho demarzo de dos mil dieciocho, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Vista la notificación realizada a la parte quejosa, de las que se advierte que los directos quejosos ********************ratificaron el contenido del escrito que presentaron ante este Juzgado Federal, con fecha ********************de dos mil dieciocho, mediante el cual se desisten del juicio de amparo en que se actúa. En mérito de lo que antecede, con fundamento en lo que establece el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo SE SOBRESEE el presente juicio de amparo, en consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las once horas del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, así como todas las medidas y determinaciones decretadas en este expediente, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del tres de abril del presente año, tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Así como la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora, toda vez que los promoventes se encuentran recluidos en la cárcel Distrital de Cuautla, Morelos, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, envíese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, tenga a bien ordenar a quien corresponda, para el efecto de que se constituya en dicho centro penitenciario y notifique el presente proveído a los quejosos ******************** Se faculta al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos; para que tome las medidas que considere pertinentes para la debida diligenciación de este despacho y para que con plenitud de jurisdicción, realice todas aquellas diligencias que sean necesarias para la cumplimentación del mismo, e inclusive habilite días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de su adscripción, lleven a cabo la diligencia encomendada, lo anterior, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a los quejosos por medio de despacho. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos de los que se desprende que el licenciado Javier René Alderete Vique, no cumplió cabalmente con lo ordenado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, no obstante de estar debidamente notificado del requerimiento realizado. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento de multa decretado en dichos autos; por lo que, se le impone una multa equivalente a cien veces la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I y 238, primera parte, de la Ley de Amparo, la que se ordena hacer efectiva en favor del Erario de la Federación. En esas condiciones, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, con sede en esta ciudad, para que proceda a realizar el trámite del cobro respectivo, remitiendo la constancia que justifique el exacto cumplimiento de lo anterior, al mismo tiempo se hace de su conocimiento que el nombre de la citado profesionista es: Javier René Alderete Vique, con domicilio procesal en calle Paulino Martínez número 339, Despacho"F" Colonia Francisco I. Madero de Cuautla, Morelos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, envíese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, tenga a bien ordenar a quien corresponda, para el efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Paulino Martínez número 339, despacho F, Colonia Francisco I. Madero, Cuautla, Morelos y notifique el presente proveído al licenciado Javier René Alderete Vique. Se faculta al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos; para que tome las medidas que considere pertinentes para la debida diligenciación de este despacho y para que con plenitud de jurisdicción, realice todas aquellas diligencias que sean necesarias para la cumplimentación del mismo, e inclusive habilite días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de su adscripción, lleven a cabo la diligencia encomendada, lo anterior, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo. Por otro lado, toda vez que este Juzgado Federal, ha agotado todas las medidas con la finalidad de desginar un defensor Público a los quejosos, mismos que se encuentran privados de su libertad, por un delito del orden local. En esas condiciones, se requiere a la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, designe un defensor Público, para que asesore a los quejosos Eugenio Guerrero Portillo y Cornelio Guerrero Portillo, en la prosecución de este juicio de amparo, quien deberá comparecer para efectos de la aceptación y protesta del cargo dentro de los tres días siguientes a que tenga conocimiento de su designación. En el entendido que en caso de que la titular o el Defensor designado no cumplan con lo antes ordenado, o manifestar el impedimento que tenga para ello, se les impondrá a cada uno una multa equivalente a cien veces la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la Jurisprudencia J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada el siete de abril de dos mil diecisiete en Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época que dice: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso". Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las once horas del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
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