Eugenio Sánchez González
Expediente 317/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eugenio Sánchez González
- Eugenio Sánchez González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de uno de abril de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por ***********, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Visto el escrito de cuenta presentado conjuntamente por los quejosos Eugenio Sánchez González, Armando Patrón Jiménez y Carlos Omar Jiménez Rendón, mediante el cual desahogan la prevención realizada en proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, y al efecto manifiestan bajo protesta de decir verdad que en el citatorio de diez de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, los citaron a declarar el día dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que se transcribe a continuación: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En tal sentido, se tiene que los peticionarios de amparo Eugenio Sánchez González, Armando Patrón Jiménez y Carlos Omar Jiménez Rendón, reclaman en esencia el citatorio de diez de marzo de dos mil dieciséis, dictado en la averiguación previa MOR/SC/OLI/01/050/2014 para que comparecieran ante la Agencia de Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve y diez horas. Respecto de lo cual, esta Juzgadora advierte que el juicio de amparo intentado deviene improcedente respecto de los actos reclamados expresamente, precisados, al actualizarse las causales previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es Improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Entonces, el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. En el caso, es de advertir que el citatorio de diez de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que reclaman los quejosos tenía como finalidad la comparecencia de Eugenio Sánchez González, Armando Patrón Jiménez y Carlos Omar Jiménez Rendón, para las nueve horas del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, a fin de que declararan en calidad de testigos circunstanciales de los hechos que se investigan en la averiguación previa MOR/SC/OLI/01/050/2014; de lo que es inconcuso que la fecha en la cual tendrían que comparecer ya transcurrió, por lo que en caso de concederse la sentencia de amparo carecería de efectos prácticos. Resulta aplicable al caso, la Tesis I.4o.C.45.K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que se puede apreciar en la página 2002 del Tomo XXXI, de Enero de 2010, que dice: "ACTOS CONSUMADOS IRREPARABLEMENTE. TIENEN ESA CALIDAD LOS QUE, ANTE LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, NO ADMITEN REPARACIÓN A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando con la promoción del juicio de amparo, la pretensión del quejoso que intervino en el juicio de origen lleva a quebrantar la autoridad de la cosa juzgada, verbigracia, cuando se persigue la admisión de un incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva que, incluso, ya fue materia de amparo directo, debe estimarse que el acto reclamado quedó consumado de forma irreparable, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce de la garantía violada, por virtud de la cosa juzgada que impera en lo decidido sobre la acción y excepción planteadas en el juicio de origen. Esto es así porque, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, mientras que la fracción IX del artículo 73 de la propia ley prevé la improcedencia del juicio de garantías contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. De ahí que, en casos como el indicado al principio se justifique declarar la improcedencia del juicio de garantías." De esa manera, dado que el artículo 6° de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo únicamente debe promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, lo que implica que uno de los presupuestos indispensables que debe concurrir para la procedencia constitucional es la demostración de la afectación del interés jurídico del quejoso, entendiéndose como interés jurídico, el derecho reconocido en favor de su titular por el ordenamiento jurídico vigente, que cuando es violentado por la autoridad, legitima a su titular para comparecer ante los Tribunales Federales encargados del control constitucional, haciendo surgir el interés jurídico del afectado que debe estar plenamente acreditado y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior se sostiene, dado que la instauración del juicio de amparo ante los órganos de jurisdicción federal tiene como requisito sine qua non, que el sujeto de derecho que promueve resienta en su perjuicio la aplicación del acto que estima inconstitucional, esto es, la legitimación para poder instar la protección constitucional respecto de actos que se vinculen directamente con él; es decir, la condición particular y concreta que se deriva del objeto del proceso en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la tesis IV.3°.A.T.29 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable a página 1675, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN.". En ese orden de ideas, los actos reclamados destacados se traducen en actos futuros e inciertos, dado que su realización podría no acontecer; por tanto, como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia, por ello debe considerarse como futuro y de realización incierta, por lo que se concluye que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover juicio de amparo en su contra, dado que dicho acto no le ocasiona un agravio personal y directo en su esfera jurídica de derechos. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia e inejercitabilidad de la acción de amparo prevista por los precitados artículos 6º y 61, fracciones XVI y XXIII, de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con apoyo en el diverso numeral 113, de la propia ley.
- Principal
Visto el escrito de cuenta presentado conjuntamente por los quejosos Eugenio Sánchez González, Armando Patrón Jiménez y Carlos Omar Jiménez Rendón, mediante el cual desahogan la prevención realizada en proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, y al efecto manifiestan bajo protesta de decir verdad que en el citatorio de diez de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, los citaron a declarar el día dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que se transcribe a continuación: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En tal sentido, se tiene que los peticionarios de amparo Eugenio Sánchez González, Armando Patrón Jiménez y Carlos Omar Jiménez Rendón, reclaman en esencia el citatorio de diez de marzo de dos mil dieciséis, dictado en la averiguación previa MOR/SC/OLI/01/050/2014 para que comparecieran ante la Agencia de Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve y diez horas. Respecto de lo cual, esta Juzgadora advierte que el juicio de amparo intentado deviene improcedente respecto de los actos reclamados expresamente, precisados, al actualizarse las causales previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es Improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Entonces, el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. En el caso, es de advertir que el citatorio de diez de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que reclaman los quejosos tenía como finalidad la comparecencia de Eugenio Sánchez González, Armando Patrón Jiménez y Carlos Omar Jiménez Rendón, para las nueve horas del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, a fin de que declararan en calidad de testigos circunstanciales de los hechos que se investigan en la averiguación previa MOR/SC/OLI/01/050/2014; de lo que es inconcuso que la fecha en la cual tendrían que comparecer ya transcurrió, por lo que en caso de concederse la sentencia de amparo carecería de efectos prácticos. Resulta aplicable al caso, la Tesis I.4o.C.45.K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que se puede apreciar en la página 2002 del Tomo XXXI, de Enero de 2010, que dice: "ACTOS CONSUMADOS IRREPARABLEMENTE. TIENEN ESA CALIDAD LOS QUE, ANTE LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, NO ADMITEN REPARACIÓN A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando con la promoción del juicio de amparo, la pretensión del quejoso que intervino en el juicio de origen lleva a quebrantar la autoridad de la cosa juzgada, verbigracia, cuando se persigue la admisión de un incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva que, incluso, ya fue materia de amparo directo, debe estimarse que el acto reclamado quedó consumado de forma irreparable, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce de la garantía violada, por virtud de la cosa juzgada que impera en lo decidido sobre la acción y excepción planteadas en el juicio de origen. Esto es así porque, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, mientras que la fracción IX del artículo 73 de la propia ley prevé la improcedencia del juicio de garantías contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. De ahí que, en casos como el indicado al principio se justifique declarar la improcedencia del juicio de garantías." De esa manera, dado que el artículo 6° de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo únicamente debe promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, lo que implica que uno de los presupuestos indispensables que debe concurrir para la procedencia constitucional es la demostración de la afectación del interés jurídico del quejoso, entendiéndose como interés jurídico, el derecho reconocido en favor de su titular por el ordenamiento jurídico vigente, que cuando es violentado por la autoridad, legitima a su titular para comparecer ante los Tribunales Federales encargados del control constitucional, haciendo surgir el interés jurídico del afectado que debe estar plenamente acreditado y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior se sostiene, dado que la instauración del juicio de amparo ante los órganos de jurisdicción federal tiene como requisito sine qua non, que el sujeto de derecho que promueve resienta en su perjuicio la aplicación del acto que estima inconstitucional, esto es, la legitimación para poder instar la protección constitucional respecto de actos que se vinculen directamente con él; es decir, la condición particular y concreta que se deriva del objeto del proceso en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la tesis IV.3°.A.T.29 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable a página 1675, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN.". En ese orden de ideas, los actos reclamados destacados se traducen en actos futuros e inciertos, dado que su realización podría no acontecer; por tanto, como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia, por ello debe considerarse como futuro y de realización incierta, por lo que se concluye que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover juicio de amparo en su contra, dado que dicho acto no le ocasiona un agravio personal y directo en su esfera jurídica de derechos. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia e inejercitabilidad de la acción de amparo prevista por los precitados artículos 6º y 61, fracciones XVI y XXIII, de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con apoyo en el diverso numeral 113, de la propia ley.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***************************,******************* y ******************************, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número ***/****, y fórmese expediente. Con fundamento en los artículos 114, párrafo primero, en relación con el 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, prevéngase a los peticionarios de amparo para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que les surta efectos legales la notificación del presente proveído, aclararen y precisen de manera concreta el acto que reclaman en esta vía constitucional a las autoridades que señalan como responsables, ya que en el capítulo respectivo aducen que reclaman el citatorio de diez de marzo de dos mil dieciséis; luego, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado refieren bajo protesta de decir verdad que el diez de marzo de dos mil dieciséis, se enteraron de la existencia de la averiguación previa MOR/SC/OLI/01/050/2014, seguidamente, transcriben el citatorio que aquí reclaman, mismo que a la letra dice: "En cumplimiento al acuerdo emitido con esta fecha, dictado dentro de la averiguación previa número citada al rubro, iniciada en contra de ERNESTO "N" y QUIEN RESULTE RESPONSABLE, por el delito de AMENAZAS y lo que resulte, cometido en agravio de **********************, cuyos hechos delictivos se desarrollaron en la ciudad de Olinalá Guerrero, y con fundamento en los artículos 21 de la Constitución General de la República, 139 y 140 de la Constitución Política local, 1°, 4° 6°,13, 38, 103, 111, 112, 113 y 117 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, 10, 11 fracción 1, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, solicita a Usted, tenga a bien comparecer con su identificación oficial, con cuatro copias al domicilio que ocupa la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, cito en el edificio antiguo de la Fiscalía General del Estado, que se ubica en el kilómetro 6+300 de la Carretera Federal, tramo Chilpancingo - Petaquillas en esta ciudad Capital el día _ de marzo del presente año, a las _ para el efecto de que declare en calidad de testigo circunstancial de los hechos que se investigan en la averiguación previa de referencia." Sin embargo, de esa transcripción del citatorio que aquí reclaman, no se aprecia la fecha en que deben comparecer ante la autoridad que los citó. Por lo que, a fin de estar en posibilidad de establecer con precisión el acto reclamado, la parte quejosa deberá precisar de manera concreta la fecha fijada para comparecer ante la autoridad citadora, pues únicamente reclaman el citatorio de diez de marzo de dos mil dieciséis de manera genérica. De lo anterior, no se advierte una relación lógica entre el acto que dice reclamar y los hechos que aduce en la demanda de amparo, para lo cual deberán ampliar los antecedentes de la demanda de amparo y manifestar bajo protesta de decir verdad, cuál es la fecha señalada en el citatorio que en esta vía reclaman con la finalidad de comparecer ante la autoridad emisora del citatorio. Lo anterior, toda vez que es obligación de las partes señalar en la demanda de amparo de manera clara y precisa, la ley o acto que reclaman de las autoridades que señalen como responsables, así como los antecedentes del caso, puesto que el señalamiento del mismo que como requisito exige el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ser concreto y preciso, sin que en el mismo se adviertan imprecisiones u oscuridades que den motivos a aclaraciones de dichos actos. Se aplica al caso, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, a página cincuenta y cuatro, que es del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo" Así como la diversa emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 92-102, Sexta Parte, a página doscientos cuarenta y nueve, del que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE RESPECTO AL SEÑALAMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad federal no está facultada para sustituir a los quejosos en el señalamiento del acto reclamado, porque esto no encaja en ninguno de los casos previstos por el artículo 76 de la Ley de Amparo, por lo tanto es legal y fundada la resolución de sobreseimiento dictada por el a quo, si el acto reclamado no existe en los términos planteados por los quejosos." Asimismo, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con la anterior exigencia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. DOMICILIO. Con fundamento en la fracción I, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda.
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